Mesa de Diálogo: Movilidad Humana: desafíos en la agenda de derechos
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República (UDELAR), Montevideo
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/41421/refererPageId/12
El año 2005 marcó un antes y después en derechos humanos
Reportaje – Diario La República
La lucha por la verdad y la justicia es un combate permanente
Reportaje – Diario La República
http://www.republica.com.uy/audio-felipe-michelini-la-cultura-la-impunidad-todavia-subsiste
Día de la Justicia Internacional: ¡Tercamente Optimistas!
DÍA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL: ¡TERCAMENTE OPTIMISTAS!
Felipe Michelini
01.08.2017
Hace pocos días se conmemoró el día de la Justicia Internacional, que recuerda la aprobación del Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998. También fue una forma de homenajear a la primera presidenta del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas, fallecida el 30 de junio, la abogada Simone Veil.
Veil fue una sobreviviente del Holocausto, en particular de los campos de concentración de Auschwitz y de Bergen-Belsen. Pudo recuperarse de la tragedia que la siguió toda su vida, y se convirtió en una brillante y exitosa jurista. Consagró su vida a la lucha incansable por la igualdad de la mujer y de los inmigrantes. Más que una ciudadana francesa, supo ser una ciudadana del mundo, y su legado permanente es el de nunca olvidar los crímenes y siempre abordar el futuro con optimismo.
El Estatuto de Roma, que creó el sistema de la Corte Penal Internacional para juzgar a los sospechados de gravísimos crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión, en tanto los estados partes no puedan o no quieran juzgar hechos cometidos en su territorio o por sus ciudadanos, es también un acto de fe para erradicar la cultura de la impunidad.
Este convenio internacional se suma al conjunto de los instrumentos de protección de los derechos humanos que apuntan a que los estados respeten, garanticen, promuevan y cooperen en pos de la dignidad humana. En este caso, se consagra un sistema penal internacional que responsabiliza individualmente a las personas involucradas en crímenes tan graves, estableciéndose una corte permanente, imparcial, independiente y eficaz para su persecución penal. Su propósito, además de punitivo, es preventivo y reparatorio.
En este sentido, el sistema prevé un Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas que actúa en dos situaciones: en sus mandatos de reparación y de asistencia. El primero se da en el caso de que haya una sentencia de la Corte. El segundo es para amparar a las víctimas sobre una situación que revista tal gravedad en relación a crímenes de jurisdicción de la Corte, más allá de los avatares procesales.
En mayo se concretó una reunión del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario, el cual integro en representación de los países de América Latina y el Caribe, y allí se resolvió iniciar un nuevo programa de asistencia en Costa de Marfil. Este consiste en brindar apoyo físico y material, así como rehabilitación psicológica para víctimas de crímenes que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, destinándose la suma de 800.000 euros para dicho propósito.
Asimismo, en el segundo día de sesiones, el Consejo de Dirección decidió otorgar 1.000.000 de dólares para pagar reparaciones ordenadas por la Sala de Primera Instancia II en el caso del fiscal v. Germain Katanga. Esto significa que los costos de la indemnización ordenada por la Sala de Primera Instancia el 24 de marzo de 2017 serán inicialmente provistos por el Fondo Fiduciario. Debe resaltarse que el gobierno de los Países Bajos, estado parte de la Corte Penal Internacional que desde hace mucho tiempo ha apoyado al Fondo Fiduciario, anunció que hará una contribución voluntaria orientada de acuerdo a la normativa vigente, de 200.000 euros.
Estas decisiones integran el esfuerzo del Fondo Fiduciario desde 2009, en aplicación del mandato de asistencia, en los casos del norte de Uganda y en la República Democrática del Congo. Además, reflejan el propósito del sistema del Estatuto de Roma: la voluntad de la comunidad internacional en luchar contra la impunidad en relación a los crímenes más aberrantes, centrándose en la punición de los responsables pero también en la reparación integral de las víctimas. Todo ello en el marco de la interpretación y aplicación de las normas de protección de los derechos humanos. Hasta ahora más de 350.000 víctimas, muchas de ellas objeto de los más graves vejámenes y tormentos, se han beneficiado del trabajo del Fondo Fiduciario.
Nuestros pueblos de América Latina y del Caribe son testigos vivientes del flagelo que significa vivir bajo una cultura de impunidad, como consecuencia del terrorismo de Estado, de la guerra civil o del colonialismo. La región aborda estas situaciones desde la experiencia vital y no sólo desde la academia o la literatura.
La línea divisoria entre civilización y barbarie se construye mancomunadamente, asumiendo que ciertas prácticas como el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad son inaceptables. En caso de que ocurran, deben ser investigados cabalmente los hechos, sometidos a la justicia los sospechados y sancionados los responsables con todas las garantías del debido proceso. En ese sentido, 29 países de América Latina y el Caribe han ratificado el Estatuto de Roma, comprometiéndose libre y voluntariamente a la lucha contra la impunidad. Esta voluntad en relación a la Corte Penal Internacional se integra a la exigencia del Nunca Más crímenes aberrantes.
Nuestra región presenta una alta complejidad social, económica y política. Todo ello agravado por tener una estructura social en la que se constata el índice de mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la existencia de situaciones endémicas de violación de los derechos humanos debida a, entre otras razones, género, raza o condición social. La construcción de una sociedad que dignifique a todas las personas es un enorme desafío. En este sentido, los elementos sustantivos del tratado de la Corte Penal Internacional constituyen un alto compromiso para nuestros estados, que lo han asumido libre y voluntariamente. Son también un factor de aliento y esperanza para el movimiento de los derechos humanos.
En Uruguay, el Estatuto de Roma ha sido un factor central en la construcción relevante de una política de Estado en materia internacional contra la impunidad. Nuestro país ha aportado elementos de singular importancia en el avance de la interpretación y aplicación del Estatuto de Roma mediante la Ley 18.026, que ha devenido ejemplo en la comunidad internacional.
Asimismo, el Estatuto de Roma ha contribuido de múltiples formas a fortalecer y consolidar la vigencia de los derechos humanos sobre la base de la verdad y la justicia. En especial sobre las acciones ilegales del Estado en el período 1968-1973, así como en su condición de Estado terrorista entre 1973 y 1985. Una materia lacerante y pendiente en cuanto a dar respuesta a los familiares de aproximadamente 200 víctimas de desaparición forzada dentro y fuera de fronteras, en el marco del plan criminal Cóndor.
Todos los 20 de mayo nuestro pueblo ratifica, marchando en forma pacífica y masiva, su firme e indeclinable voluntad de lucha contra la impunidad, en pos de la verdad, la memoria y la justicia. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que el presidente Tabaré Vázquez creó y en el que me ha honrado al designarme, es una de las herramientas para el logro de tales propósitos. En un camino de avances y retrocesos, el sistema de la Corte Penal Internacional ha sido siempre un factor de apoyo e impulso a esa lucha.
Aún falta mucho por hacer. Fortalecer la prevención para que estos gravísimos actos que atentan a la dignidad de las víctimas (y también a la conciencia universal) no ocurran. Efectivizar la actuación del Estado en forma oportuna para investigar y sancionar tales crímenes y, eventualmente, aplicar las sanciones penales. Por último, brindarles a las víctimas una reparación que las redignifique como personas.
Seguir trabajando en los tres factores del Estatuto de Roma (prevención, punición y reparación) es un imperativo ético, jurídico y político de toda la comunidad internacional que integra el ideal común de respeto a derechos y libertades, expresado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tanto a nivel internacional, regional y nacional, somos tercamente optimistas, siguiendo el ejemplo de Veil, en la lucha por el Nunca Más.
Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas (FFBV)
FONDO FIDUCIARIO PARA VÍCTIMAS
Felipe Michelini
01.11.2016
El abandono de la Corte Penal Internacional (CPI) es un retroceso deplorable para las víctimas. Los anuncios de algunos países africanos de abandonar el Sistema de la Corte Penal Internacional,fragiliza los mecanismos de compensación a las víctimas de los más grandes crímenes, como genocidio, guerra y de lesa humanidad.
Por ello conjuntamente con los otros miembros del Fondo Fiduciario de Corte Penal Internacional, emitimos esta declaración que transcribo a continuación:
Comunicado de Prensa, la Haya 28 de octubre 2016.
“Los cinco miembros del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas (FFBV) de la Corte Penal Internacional, expresan su más profunda preocupación sobre los recientes anuncios por parte de algunos países de denunciar el Estatuto de Roma constitutivo de la CPI y retirarse del sistema establecido por éste.
El retirarse del sistema es un retroceso deplorable para las víctimas de la mayoría de los atroces crímenes como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que afectan a los más vulnerables, como mujeres y niños.
No sólo es una regresión para las víctimas que se encuentran en países en situaciones donde interviene la CPI, sino para toda víctima alrededor del mundo, para quienes la promesa universal del Estatuto de Roma de una justicia restaurativa, corre el riesgo de transformarse en una perspectiva lejana.
Las denuncias al tratado, debilitan la lucha contra la impunidad, siempre a expensas de los derechos y el bienestar de las víctimas de crímenes internacionales. La protección y dignidad de las vidas humanas dependen del Estado de Derecho, y particularmente de la determinación del Estatuto de Roma de poner fin a la impunidad de los perpetradores de aquellos delitos más graves y de mayor trascendencia para la Comunidad Internacional.
El Consejo de Dirección recuerda el inspirador y moral liderazgo del Arzobispo Desmond Tutu, quien fuera elegido en la primera y pionera Junta Directiva del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas, representando al grupo estados africanos a título personal.
En sus propias palabras: “Queremos reconocer a aquellas personas que durante muchos años han sido los desconocidos, que han sido dejados de lado, y en ese proceso, ayudar a curar el trauma, ayudar a curar las heridas de las comunidades, ayudar a recomponer lo quebrado.”
El Consejo actual ve en el abandono de la CPI el riesgo de una peligrosa recaída, marginando aún más a las víctimas y sus comunidades. El Consejo del FFBV respetuosamente sostiene que ser un Estado Parte de la CPI no solo significa ser integrante de los esfuerzos globales para prevenir y castigar crímenes internacionales, sino también defensores de los mecanismos sin precedentes establecidos por el Estatuto de Roma a fin de proporcionar compensaciones significativas a las víctimas. El Consejo insta a todos los Estados Partes a continuar siendo socios integrales y activos en la lucha contra la impunidad y construir una justicia restaurativa.
***
Bajo su mandato de asistencia, el FFBV ha alcanzado a más de 300.000 víctimas, con escasos recursos procedentes de contribuciones voluntarias y donaciones. El FFBV ha trabajado con más de 40 socios locales, empleando cientos de profesionales africanos, incluyendo médicos, sicólogos, especialistas en educación, agrónomos, especialistas en microcréditos, entre otros. Los líderes comunitarios y las agencias locales de gobierno juegan un rol crucial en garantizar e impulsar resultados duraderos del programa de asistencia del FFBV. El FFBV se encuentra actualmente comprometido en el mandato de implementar las órdenes de la Corte en referencia a la reparación de un número creciente de casos, proporcionando así un significado tangible a la justicia restaurativa a las víctimas.
Las actividades y programas del FFBV están diseñados para ser sensibles al trauma y a las diferencias de género, y que las víctimas lo asuman como propios. Todo ello en el marco de los procesos de superación del daño sufrido en las víctimas y sus comunidades en las complejas situaciones de conflicto y post-conflicto.
FONDO FIDUCIARIO PARA LAS VICTIMAS, Consejo de Dirección
Motoo Noguchi (Japón),
Presidente Mama Koité Doumbia (Mali)
Baroness Arminka Helic (Reino Unido)
Felipe Michelini (Uruguay)
Alma Taso Deljkovic (Bosnia Herzegovina)
Director Ejecutivo – Pieter de Baan
Montevideo, 31 de octubre.
(Traducción no oficial de VS / Asistente del miembro uruguayo del CD FFBV)
La Lucha Contra la Impunidad es el mandato de la Corte Penal Internacional
LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD ES EL MANDATO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Felipe Michelini
13.10.2015
Jornadas intensas y reconfortantes
En el marco de las actividades organizadas por la Cámara de Representantes “A 30 años -Más democracia”, se convocó conjuntamente con Parlamentarios por la Acción Global (PGA), la prestigiosa organización no gubernamental de parlamentarios a nivel mundial, un seminario sobre “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: un compromiso con la democracia y el sostenimiento del Estado de Derecho “. Este contó con el decisivo apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Intendencia de Montevideo y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las jornadas convocaron a un selecto grupo de legisladores del continente, comprometidos con la lucha contra la impunidad de los crímenes más repugnantes como el genocidio, los de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Por cuarta vez en forma consecutiva, Uruguay y sus parlamentarios, bajo la conducción del Grupo Nacional de PGA presidido por la Diputada Berta Sanseverino, asumieron un papel protagónico en la difusión del Estatuto de la Corte Penal, la defensa de la integridad de la Corte y la universalidad de su competencia.
El seminario contó con la presencia de expertos de primer nivel en la materia como el Dr. Hugo Relva representante de Amnistía Internacional, la Dra. Michelle Reyes de la Coalición por la Corte Penal Internacional, la Dra. Romina Morello de PGA. Asimismo, el Dr. Jean Miguel Arrighi concurrió en representación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Dr. Luis Almagro.
De nuestro país participaron legisladores de todos los partidos. Se destaca la participación de los Representantes Nacionales, además de la nombrada Sanseverino, de Jaime Trobo, Daniel Radío el Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Sánchez y el Senador Rubén Martínez Huelmo.
La estrecha vinculación de la promoción y afirmación de la democracia, el estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, con el Estatuto de Roma es evidente. El trabajo por una Corte Penal Internacional permanente, independiente, imparcial y eficaz, es una forma de contribuir a que se tome conciencia de que las personas que incurran en las conductas de competencia de la Corte sean penalmente enjuiciadas, en forma individual y personal, y luego juzgadas con todas las garantías y en el caso de ser encontradas culpables, penadas por sus graves crímenes. A su vez exigir que del discurso se pase a la acción.
La existencia de la Corte Penal internacional no exime a los Estados de juzgar tales graves hechos, sino por el contrario estos asumen expresamente la obligación de hacerlo. La competencia de la Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales pues solo procede cuando los Estados no pueden o no quieren juzgar.
Uruguay ha contribuido al sistema de la Corte en forma decidida. Ha ratificado su Estatuto, aprobado la legislación interna adecuada en materia de cooperación y de tipificación de las conductas consideradas crímenes horrendos, ha reconocido las inmunidades de la Corte para su adecuado funcionamiento, y ha sido el primer país de nuestro continente en ratificar las enmiendas de Kampala que establecen el crinen de agresión.
Se dice que la Corte no juzgará a las personas de países poderosos, y por lo tanto no valió la pena su creación y no justifica todo el esfuerzo para su mantenimiento. Argumento efectista pero insustancial, pues desde ese punto de vista, todo el derecho internacional sería inútil y podría decirse que el derecho en sí sería siempre hipócrita, pues se sabe que los poderosos y privilegiados siempre tienen una mejor posición para defender sus intereses incluso cuando han cometido crímenes gravísimos como los establecidos en el Estatuto de la Corte. Sin embargo el papel del derecho como elemento civilizador de que hay límites que incluso los poderosos no pueden traspasar, tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad global basada en la civilización y no en la barbarie. La historia demuestra que aquellos que se escudaron en el poder y siendo poderosos cometieron gravísimos crímenes, la justicia y la verdad, aunque tarde, llegan como en el caso de los liberticidas de Pinochet y Bordaberry.
En este seminario tuve el honor de haber sido convocado para intervenir como moderador en dos Cátedras Magistrales. Una por el distinguido abogado italiano Fabio Mario Galeani que representa al Colegio de Abogados de Roma ante la Corte Penal Internacional. Galeani es además el abogado de la República Oriental del Uruguay como “Parte Civile” en el juicio que se lleva a cabo en Italia relacionado con la Operación Cóndor. Galeani nos recordó que el trabajo de los tribunales italianos ha generado suficiente evidencia de la coordinación criminal del Plan Cóndor. Permitirá brindarles a las víctimas y a sus familiares justicia, y que a pesar de los años transcurridos los testimonios en el juicio son conmovedores y contundentes.
La otra Cátedra Magistral del Seminario fue dictada por el Embajador de nuestro país ante los Países Bajos y representante ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI y Vicepresidente de la misma, Dr. Alvaro Moerzinguer. Nos ilustró de la necesaria cooperación y el apoyo político de América Latina a la CPI y recordarnos que la acción de respaldo a la Corte debe ser permanente. En este sentido los países latinoamericanos son decisivamente importantes por su historia y su compromiso con el derecho, la justicia y la verdad.
En mi condición de moderador, señale que la presencia de Galeani y de Moerzinguer no eran contradictorias, sino que por el contrario, absolutamente complementarias. Uruguay no esconde su pasado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos producto de la violencia previa al golpe de estado y después de éste, en el que se estableció a sangre y fuego, un régimen terrorista.
Sin perjuicio de las opiniones y acciones que se tengan sobre nuestro pasado reciente, ha sido una buena práctica y enaltece al sistema político en su conjunto, que ello no fuera un obstáculo para trabajar en la lucha contra la cultura de la impunidad: Un Nunca Más violaciones a los derechos humanos, nunca más impunidad por los crímenes más horrendos. Ese propósito fundamental que inspiró el Estatuto de Roma, es compartido por todo el sistema político.
En Uruguay, se puede afirmar que la política de respaldo a la CPI constituye una verdadera política de estado. Prueba de ello fue que la actividad de la semana pasada, fue compartida por representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. Hecho que obviamente todos los representantes del extranjero resaltan como un elemento que demuestra la calidad y fortaleza de nuestras instituciones.
El Secretario General de Parlamentarios por la Acción Global, el brillante jurista y comprometido activista italiano, Dr. David Donat Cattin, en la intervención que dio cierre al seminario nos recordaba, que mucho se habla para la plena vigencia de los derechos humanos, pero que hay mucho para hacer y que su organización no escatima esfuerzos para que la CPI y el Estatuto de Roma sean una efectiva herramienta para vencer la impunidad y recomponer la justicia, el estado de derecho y mitigar en parte el dolor de las víctimas.
Lo del título, unas Jornadas intensas y reconfortantes para continuar sin prisa, pero sin pausa, con la tarea permanente de lucha contra la impunidad.
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