Felipe Michelini

Las representantes de ese organismo destacaron el valor de estos casos para avanzar en el cumplimiento de derechos en la región.

La actividad contó con la presencia de Felipe Michelini, coordinador de la Cátedra; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Uruguay; Martín Sbrocca, representante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y peticionario en el caso 1224/07 David Rabinovich-Uruguay; Juan Faroppa, representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDH); y Dianela Pi, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Michelini indicó que este seminario concluye el ciclo «Relatores» realizado por la Cátedra para cumplir con los cometidos de su Plan Estratégico y desarrollar temas de interés que afectan la libertad, la igualdad, la educación en derechos humanos, y el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos. Además, agradeció especialmente la presencia de Belela Herrera que «tantas veces ha sido un faro en el camino de la lucha por la dignidad humana».

Al comenzar la moderación de la mesa, Villarreal destacó el posicionamiento de Uruguay en relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reconoció la importancia que tiene la Comisión para poder efectivizar los derechos humanos pero también para interpelarnos, «porque Uruguay a pesar de ser una democracia plena tiene zonas opacas, entre ellas los delitos de lesa humanidad y la impunidad».

Arosomena de Troitiño explicó que la solución amistosa es un mecanismo que se utiliza para alcanzar arreglos pacíficos, consensuados y no conflictivos o contenciosos. Se trata de un proceso que es facilitado por la Comisión porque constituye un medio eficaz para alcanzar una reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que está ajustada a sus intereses y a sus necesidades. Destacó la figura del relator de país que, respetando la voluntad de las partes y particularmente la posición de la víctima, promueve el uso de este mecanismo.

Entre los desafíos principales de su implementación está cómo poner en práctica o hacer efectivo lo acordado por las partes al finalizar el proceso. También siempre existe una «posibilidad real de desconfianza». Sin embargo, la Comisión procura actuar como facilitadora de este mecanismo como un espacio de diálogo, realiza una evaluación del daño causado y las posibles formas de reparación. Pero la comisionada indicó que «el proceso comienza, se desarrolla y finaliza estrictamente sobre la base de la voluntad de las partes».

Más que un trámite

Asimismo, la Comisión tiene la responsabilidad de hacer una valoración de los logros que efectivamente se alcanzan luego de establecido un acuerdo. Cuando se llega al cumplimiento total de las medidas acordadas, entonces concluye su papel de supervisar y finaliza el trámite ingresado en el sistema de peticiones y casos individuales.

A través de la solución amistosa puede llegarse a medidas de compensación económica y medidas de reparación o restitución del derecho afectado, por ejemplo, la libertad de la víctima, la derogación de determinadas leyes que son contrarias al estándar de protección establecido por la Comisión, la devolución de tierras, restitución de un empleo, entre otros. También pueden incluirse medidas de rehabilitación, cuyo objetivo es asistir a las víctimas en la recuperación de las afectaciones físicas, psicológicas, o condiciones de vida que fueron ocasionadas a raíz de los hechos violatorios.

La comisionada Urrejola expresó que con este mecanismo la CIDH «ha logrado generar un impacto en medidas de satisfacción en verdad, memoria y justicia». Estas medidas «están ligadas a la relación de la verdad como primer requisito para alcanzar la justicia y tienen un significado trascendental en la recuperación de la dignidad y la reputación de las víctimas».

Repasó varios casos significativos de procesos de solución amistosa, que llevaron a acciones de reparación, pero además sirvieron «para reforzar el compromiso estatal de no repetición de violaciones similares en el futuro». Como ejemplo mencionó el reconocimiento de responsabilidad, aceptación y disculpa pública por parte de los Estados, la búsqueda y entrega de restos de las víctimas de violación de derechos humanos, indemnizaciones, declaraciones oficiales que restablecen la honra y reputación de la víctima, apelación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables, u homenajes en honor a las víctimas. Medidas de este tipo se cumplieron en México, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros países.

Nunca más

En procura de dar «garantías de no repetición» de violaciones similares, los Estados deben adoptar medidas a nivel jurídico, político, administrativo y cultural. Por eso estos casos pueden tener «consecuencias estructurales importantes», explicó. Como ejemplos destacó el caso Juan Carlos de la Torre de Argentina, tras el cual «el Estado argentino reformó completamente la Ley de Migraciones». Otro ejemplo notorio refiere a la omisión estatal en la protección a los menores en Maranhão, Brasil, ante la tortura, mutilación y asesinato sufridos por un grupo de niños. Además de asumir su responsabilidad y adoptar medidas de reparación, el Estado comenzó a capacitar a los policías en la atención a niños y adolescentes. Medidas similares a estas se tomaron en Chile: luego de la solución amistosa en un caso de violencia de género, esta temática se incorporó a la formación de los carabineros.

Con respecto a la Petición 1224/07 David Rabinovich-Uruguay, presentada ante la CIDH, Urrejola explicó que el peticionario reclamó su derecho a la información y libertad de expresión, afectados por la existencia en Uruguay de una ley incompatible con los estándares internacionales. La relatora afirmó que la Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a la información no solamente es «fundamental para la preservación de los sistemas democráticos», sino también «para la realización de otros derechos humanos, especialmente en los grupos más vulnerados».

La CIDH sostiene que la gestión estatal de la información pública «debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe», de manera que la transparencia sea la regla general, salvo mínimas excepciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas democráticos. La solución del caso uruguayo culminó con la firma de un acuerdo entre el Estado y Rabinovich, que además del reconocimiento de la responsabilidad estatal, obligó a una reparación y a la difusión amplia del caso «como medida de no repetición de los hechos». La realización del seminario cumple con ese mandato, apuntó Urrejola. A raíz de este caso, el Estado uruguayo promovió reformas legislativas tendientes a garantizar y hacer efectivo el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información pública.

Por su parte, Sbrocca se refirió brevemente al caso del periodista Carlos Dogliani, denunciado en 2004 por difamación a raíz de unas manifestaciones que realizó sobre el entonces intendente de Paysandú Álvaro Lamas. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Asociación de Prensa del Uruguay denunciaron el caso ante la CIDH y en 2009 se arribó a una solución amistosa. Según Sbrocca, esto «marcó un antes y un después» porque el Estado uruguayo reconoció los derechos del periodista que habían sido violados y aceptó abonar una indemnización económica, pero además se comprometió a modificar la Ley de Prensa y el Código Penal.

Jerarquías

Sobre el caso de David Rabinovich, explicó que en 2006 el periodista solicitó a la Junta Departamental de San José acceso a información relacionada a temas presupuestarios, pero ésta se lo negó. Presentó una acción de amparo ante la Justicia uruguaya que fue rechazada, y consecuentemente ingresó la petición ante la CIDH por la violación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a investigar y acceder a información.

Sbrocca hizo hincapié en el papel proactivo de la Comisión que «fue clave para que esto no naufragara, porque en varios momentos instó a continuar la negociación y trató que limáramos asperezas que todavía nos distanciaban». «Esto demuestra que es una vía muy útil y un mecanismo muy saludable que nos permite evitar tener que llegar a situaciones contenciosas que puedan derivar en la Corte Interamericana o en una condena», concluyó.

En su intervención Faroppa explicó que hace más de 25 años la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los llamados Principios de París, mandatando la creación de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos. Se concibieron como instituciones autónomas, independientes y pluralistas, encargadas de promover y defender los derechos humanos a nivel nacional. En Uruguay su instalación fue discutida y resistida durante muchos años, señaló, hasta que fue creada en 2008 y comenzó a funcionar efectivamente en 2012. Para ello fue fundamental el apoyo de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de algunos sectores de la academia.

Faroppa destacó que para el INDH resulta fundamental la vigencia de un Sistema Interamericano de Derechos Humanos «sólido y operativo» con amplia aceptación de los países. En la región «se presentan desafíos concretos que ponen en riesgo el principio de no regresividad de los derechos humanos», puntualizó. Como ejemplo señaló que en Uruguay se está promoviendo la derogación de la llamada Ley Trans, que ha significado «un paso importantísimo para consagrar el derecho a la igualdad y a la no discriminación». Hay sectores de la academia con posiciones distintas acerca de las normas internacionales, lamentó: para Faroppa «no se puede poner en duda» que su jerarquía es al menos constitucional. Es necesario entender que «lo peor que puede pasar con los derechos humanos es que se naturalicen, pensar que siempre estuvieron ahí, que desde siempre los Estados los reconocieron», concluyó.

Se presentaron más de 60 compromisos en educación en derechos humanos

El 28 de mayo se presentaron los Compromisos en Educación y Derechos Humanos para el período junio de 2019 a junio de 2020. Todos los ciudadanos pueden conocerlos y seguir su evolución a través de la plataforma en línea denominada Mirador. Los compromisos forman parte del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PNEDH) aprobado por el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP).

La presentación estuvo a a cargo de integrantes de la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos (CNEDH) y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). El PNEDH fue creado para ser implementado por las instituciones que integran el SNEP: el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (UdelaR) y la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), así como por otros organismos vinculados a la educación.

En representación de la UdelaR, el prorrector de Enseñanza Juan Cristina señaló que el tema de los derechos humanos es muy sentido para la institución y resaltó la importancia de la educación por ser la única condición capaz de «hacer la diferencia» porque «la educación es el único sistema que tenemos de que haya una apropiación social de los derechos humanos y su significado, sin educación los derechos humanos son simplemente una declaración formal».

El prorrector manifestó que por la importancia del tema la UdelaR no podía estar ausente del equipo que se formó con representantes de los distintos subsistemas de la educación pública. Añadió que la Universidad ha estado presente a lo largo de los años «en las grandes causas nacionales de la historia» y esta no ha sido la excepción. Para finalizar, agradeció la oportunidad de que las instituciones educativas públicas puedan «manifestar su compromiso legal con los derechos humanos» y resaltó este tema es «capital para el desarrollo de una ciudadanía plena que pueda hacer frente a los grandes desafíos que presenta el siglo XXI».

Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, resaltó la importancia del PNEDH: «la construcción del bienestar, de los procesos democráticos, tienen que ver con la construcción de los derechos» desde distintos lugares, «como un proceso efectivo y cotidiano».

Catalogó el momento actual como «dilemático» en lo que respecta a derechos humanos, ya que existe controversia acerca de porqué valen o no, y por qué todos los seres humanos del planeta debemos ser reconocidos como sujetos de estos derechos. En ese contexto señaló el valor de las acciones del PNEDH esperando que «se transformen en compromisos que busquen garantizar la construcción de la dignidad de las personas».

El secretario explicó que el proceso se planteó cuatro ejes fundamentales: uno es el compromiso operativo voluntario de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Otro de los ejes refiere a un mecanismo de monitoreo y seguimiento de las metas y acciones definidas por el compromiso de las instituciones para cuidar su efectivización. El tercero refiere a un mirador para garantizar el acceso público a una información veraz y el cuarto eje corresponde a las mesas de diálogo para desarrollar un proceso de participación de los ciudadanos en el proceso de construcción de Derechos.

Por su parte, la consejera de Utec Graciela Domato expresó que para definir su compromiso educativo y de derechos humanos, parte de la unión entre la postura de Uruguay en derechos humanos y los objetivos de desarrollo sustentable en los que se encuentra trabajando la Utec.

La preocupación central de esa institución en lo que refiere a la concreción de compromisos educativos es «priorizar la mejora continua de la calidad de la educación para posibilitar una mayor igualdad de oportunidades para un mayor desarrollo social y económico sustentable a nivel local, regional y nacional», señaló. Agregó que la Utec tiene por objetivo potenciar su rol descentralizador que permite, junto con la UdelaR, facilitar el acceso de los estudiantes del interior a una educación terciaria de calidad y extender este papel a todo el país. Otro de los objetivos de la Utec es realizar procesos que garanticen la descentralización como la acreditación de saberes, apoyo pedagógico estudiantil y trabajo en proyectos reales.

Domato remarcó que la Utec también está comprometida con la promoción de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, como uno de los medios más importantes para alcanzar mayores niveles de equidad y de reducción de las desigualdades de género.

En tanto, la directora de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Verónica Mazza, resaltó la importancia y el éxito del PNEDH «por el trabajo colectivo de largo tiempo que continúa en el presente en la forma de concretar los acuerdos alcanzados en el plan». Informó que ANEP junto con todos los subsistemas viene trabajando en propuestas específicas en la CNEDH, con el fin de que «los derechos sean hechos y que el plan atraviese a toda la trayectoria educativa de los estudiantes a través del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas». Añadió que este año el Sistema ha dado un paso más incluyendo en la protección de trayectorias a estudiantes de las poblaciones afro y trans.

La Ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz valoró la importancia del PNEDH y resaltó la necesidad de garantizar su concreción en las instituciones y en el pensamiento, valores y hábitos de sus actores.

Muñoz manifestó que «se ha avanzado muchísimo» en el tema derechos humanos. Señaló que si bien se han atendido los derechos de las personas en situación de discapacidad y sus posibilidades de acceso a lugares públicos y desplazamiento por la ciudad, «aún hay edificios de educación pública que hoy no cuentan con accesibilidad completa porque fueron pensados en un momento en el que no estaba reconocido este derecho y por eso es necesario seguir avanzando».

La ministra indicó la necesidad de que el PNEDH sea presentado por todas las instituciones que tienen la responsabilidad de educar. Asimismo, es necesario que estas instituciones «construyan en conjunto la responsabilidad de monitorear y hacer un seguimiento de lo que se entiende la mejor práctica educativa, para que los objetivos del plan sean puestos en práctica». Para la ministra si no hay monitoreo los planes muchas veces quedan en «buenas intenciones».

Representantes de la CNEDH y la SDH presentaron los compromisos. Fernando Willat, integrante del equipo técnico de la SDH explicó que el plan fue implementado porque «necesitamos una política pública para construir cultura en derechos humanos».

En este sentido, recordó una frase del sacerdote y activista por los derechos humanos Luis Perico Pérez Aguirre: «Todos hemos sido y seguimos siendo mal educados en derechos humanos». En referencia a esa expresión, Williat señaló que «de alguna manera hemos recibido una educación que no es la que nos construye una subjetividad del sujeto comprometido con la dignidad de todas las personas, para construirla es necesario abrirse a un encuentro con el otro desde las diferencias y a una construcción común, asumiendo la mirada y el sentimiento de aquellos que están en las situaciones más vulnerables».

Enfatizó que por eso el desafío que se tiene por delante «es enorme para construir una política pública y hacer un Estado garantista de los derechos humanos y en particular un Estado para educar en derechos humanos». Williat explicó que con el PNEDH se pretende construir estrategia nacional para educar en derechos humanos que defina planes de acción, y que tenga incorporado mecanismos de participación y acceso público a la información. Para poder concretar el plan, que se presentó en 2016, «se desarrolló un proceso participativo en todo el país y allí recogimos las opiniones de los actores de la educación sobre la educación que tenemos y que queremos tener».

En ese marco se comenzaron a pensar acciones conjuntas entre la comisión y la SDH «pasar de un documento de mirada estratégica a traducirlas en acciones», indicó. Hubo varios avances, pero desde la comisión consideraron que no eran suficientes y decidieron presentar un compromiso en el marco del Plan Nacional de Gobierno Abierto impulsado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC). Este compromiso consistía en «crear una convocatoria a la presentación de compromisos voluntarios de planes de acción de educación en derechos humanos que las instituciones ya estuvieran haciendo o se propusieran hacer».

Williat explicó que la articulación entre las instituciones «ha permitido potenciar las fortalezas y capacidades y evitar superponernos, así estamos concretando distintos proyectos interinstitucionales».

Macarena Gómez, representante del MEC en la comisión, presentó la sistematización de los 62 compromisos que se presentaron: 16 de organismos estatales, seis de la sociedad civil organizada, dos en articulación entre sociedad civil y el Estado y uno de un organismo intergubernamental. Señaló que esto es importante ya que «no solamente se presentaron instituciones cuyo fin es la educación, sino también otras con sectores o áreas que trabajan en educación en derechos humanos o que pretenden realizar acciones».

Gómez señaló que el 34,7% de los compromisos se enmarcaron en el objetivo 1 de plan que consiste en promover la cultura en derechos humanos, el 23,5% en el objetivo 2, que pretende una convivencia en clave de derechos humanos, mientras que el 24,7% en el objetivo 3 que involucra a los actores estratégicos y el 17,1% en el objetivo 4 que impulsa crear una institucionalidad en educación en derechos humanos. Muchos compromisos se enmarcaron en más de un objetivo.

Desde la CNEDH realizaron una interpretación de las categorías donde los compromisos quedaron comprendidos según temas específicos de derechos humanos: diversidad cultural y étnico-racial; género y diversidad sexual; perspectivas generacionales; memoria, verdad y justicia; ambiente y territorio; información y comunicación; discapacidad; contexto de encierro; salud mental y otros. En la categoría «otros» según explicó Goméz «quedaron comprendidos 15 compromisos que abarcan temas como políticas públicas con enfoque de derechos, transversalización del enfoque de derechos en prácticas y formación en educación en derechos humanos, por tanto tendremos que repensar esa categoría».

Estos compromisos quedaron registrados en una plataforma en la que se puede ver el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los planes de acción. Esta plataforma se llama Mirador y fue presentada por Darwin Barrios, representante de AGESIC, quien explicó que «es una herramienta de transparencia a través de la cual se busca aumentar la visibilidad en el proceso de cumplimiento de los planes de acción y le permite a la ciudadanía realizar un control social de los avances en los compromisos asumidos y cada una de las metas».

En el Mirador los 62 compromisos están sistematizados y disponibles para toda la ciudadanía, «esto permite que todo ciudadano pueda acceder en cualquier momento desde cualquier dispositivo y conocer el estado del compromiso con el cual se siente identificado» señaló Barrios. Agregó que «se podrán ver los avances y establecer un vínculo entre los organismos del Estado con la sociedad, acceder a mayor información y realizar consultas».

Para finalizar la presentación, Luján Criado, representante de la UdelaR, remarcó que con estas acciones se busca «darle continuidad al Plan hacia la institucionalidad y poder generar un cambio cultural». Señaló la importancia de la plataforma Mirador ya que «es un ejemplo de transparencia pública porque se le está mostrando a la ciudadanía lo que están haciendo, no sólo las instituciones educativas sino también el resto del Estado y la sociedad civil». Concluyó que «esto no termina acá, recién empieza», e invitó a las organizaciones e instituciones a seguir participando del PNEDH porque «vamos seguir recibiendo compromisos».

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