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El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente

El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente

EL SISTEMA DE JUSTICIA: UNA REFORMA ESTRUCTURAL PENDIENTE

Felipe Michelini

16.11.2018

La elección nacional será dentro de un año. A pesar que la opinión pública y los medios de comunicación concentran su atención en quienes serán los precandidatos en cada partido político, en las elecciones internas a realizarse en los primeros meses del año próximo, la instancia más importante es la elección nacional y no las internas. Todos los partidos están definiendo sus programas para la presentación de sus propuestas a la ciudadanía.

En perspectiva, en lo que a mí respecta, no tengo dudas: mi deseo es ser partícipe del triunfo en octubre que permita un cuarto gobierno del Frente Amplio. Más allá de quienes integren la fórmula presidencial.

No quiere decir que se haya hecho todo bien, ni que todo este perfecto. Falta mucho aún para continuar avanzando  hacia una sociedad que brinde más y mejores posibilidades y calidad de vida a todos los uruguayos. En el camino recorrido, seguro se han cometido errores.

El Frente Amplio en el gobierno ha corregido los problemas de gestión allí donde los identifico, sin duda habrá que trabajar más aún en como identificar problemas y resolverlos en tiempo y forma, pero no se ha sido insensible a los hechos y la crítica.

Hechas estas aclaraciones, el balance es más que positivo y justifica ampliamente que el Frente Amplio asuma la responsabilidad de un nuevo gobierno.

Hagamos un poco de memoria. La construcción de la nueva mayoría en el 2004 que una vez en el gobierno, logró sacar al país del estancamiento social, económico y anímico en el cual se encontraba luego de la crisis más importante de nuestra historia. Toda comparación sincera en cuanto a como estábamos en el 2004 y como estamos ahora en el 2018, no puede dejar de reconocer que todos los índices sociales y económicos han mejorado sustancialmente. Por lo que me siento como miles de frenteamplistas profundamente orgullosos de lo construido hasta ahora en el cumplimiento de las promesas realizadas.

Reconocer que es necesario trabajar mucho para darle solución a situaciones complejas donde se identifican problemas como la educación, la seguridad, la vivienda, la salud, la matriz productiva, el trabajo de calidad y el medio ambiente entre otros. Algunos de los problemas es producto de los aciertos de las políticas públicas desarrolladas, como por ejemplo en educación que hay familias que tienen por primera vez miembros de sus familias en educación secundaria o universitaria.

Este balance de corregir errores y lo que se ha hecho mal, hacerlo bien y comprender que los desafíos de hoy no son los del 2015, no puede llevarnos a renunciar al compromiso que se tiene frente al pueblo uruguayo: el de construir y consolidar una sociedad basada en el trabajo productivo nacional, con el pleno respeto de las libertades y derechos de todos, asumiendo en su caso, los deberes de cada uno hacia la sociedad en la que vivimos.

Aclaraciones realizadas, vayamos al programa del Frente Amplio. Este lo definirá en su próximo Congreso dentro de pocos días, el primer fin de semana de diciembre. El debate interno se ha sintetizado en un documento borrador “Propuesta Bases Programáticas 2020/2025” como base de discusión que contemplan cinco desafíos esenciales: Desarrollo; Igualdad y Diversidad; Integración e Inclusión; Democracia y como último Inserción Regional, Internacional y Soberanía.

Una vez aprobados por el Congreso, estos serán los compromisos que como frenteamplistas cumpliremos los próximos cinco años en caso que el voto popular nos otorgue la honrosa distinción de ser una vez más el partido político más votado y por ende asumir con la responsabilidad ineludible e irrenunciable, de conducir los destinos del país.

Se trata de hacer política desde los sentimientos y el corazón, pero también desde las ideas y la razón, para hacer del Uruguay, una sociedad más justa, no solo en lo material sino también en la forma de relacionarnos como individuos integrantes de una sociedad civilizada.

El respeto al sistema jurídico y a sus normas, al Estado de Derecho, así como los derechos de las personas, la previsibilidad en el cumplimiento de los contratos, la transparencia y probidad en la gestión del estado y en particular del Poder Judicial, la seguridad jurídica, son todos intangibles valiosísimos para el desarrollo de un país, más aún para uno pequeño como el nuestro.  Por lo tanto, en clave de desarrollo es fundamental comprender la importancia que el sistema de justicia tiene en este tema y no sólo como un garante de los derechos humanos.

A su vez, el sistema de justicia es parte esencial en el concepto de democracia. El papel en el que ubicamos la justicia, habla de que tipo de sociedad queremos. Asumir como un desafío programático que todos los ciudadanos sin distinción ni discriminación, puedan ejercer sus derechos, así como cumplir con los deberes, en un marco de respeto a las personas y a las instituciones es central para la vida de la República.

Todos iguales ante la ley: ni privilegios ni tampoco impunidades, provengan de las normas o de los hechos. Un sistema jurídico que promueva, respete y garantice que toda persona será tratada en igualdad de condiciones. Si ocurre un caso de un conflicto con otras personas o con el Estado, este se resolverá bajo las normas jurídicas prestablecidas y ante una administración de justicia independiente, imparcial y en un tiempo razonable.

Este objetivo, sencillo en su formulación, es por cierto de compleja resolución.  La realidad nos indica que pecaríamos de ingenuos, si se cree que la solución sería de un día para otro. Sin embargo, si queremos realizarlo, entendiéndola como una reforma estructural, debe asumirse en algún momento, comenzarla.

El progresismo expresado en el Frente, ha entendido correctamente que la independencia del Poder Judicial como Poder del Estado y a la interna de la corporación, la de sus magistrados, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Pero si ello es fundamental, no es suficiente y el Estado a fin de garantizar el derecho a la justicia, tiene que hacer mucho más que proclamar retóricamente, tal independencia.

En ese sentido, es necesario y fundamental comprender que los factores culturales son esenciales para poder avanzar en la idea de todos iguales y el pleno ejercicio de derechos como cumplimiento de deberes. El Poder Judicial y sus magistrados, así como los integrantes del Ministerio Público tan relevantes con el nuevo Código Penal, no son inmunes a las contradicciones y complejidades de la sociedad en la que vivimos y están insertos.

Proclamar la independencia del Poder Judicial, sin una acción decidida para que una justicia de calidad sea accesible a todos por igual y que por ende la defensa de derechos no dependa del dinero o las relaciones sociales, es en definitiva aceptar las inequidades existentes. En nuestra sociedad muy a nuestro pesar y de las políticas públicas para cambiarlo, el poder económico y social permea también al sistema de justicia y generalmente beneficia a los más poderosos.  Por lo tanto, es fundamental incorporar en el programa del Frente Amplio una definición programática que integre, desde esta perspectiva, el cambio que el sistema de justicia necesita.

En esa transformación, obviamente es necesario integrar y promover un adecuado intercambio y respetando la autonomía y libertad de cátedra, con las facultades de Derecho, en particular la de la Universidad de la República, donde se enseña a los operadores del derecho del futuro, como se interpreta y aplica el sistema jurídico. Si ello no se hace, probablemente se seguirá autorreproduciendo una concepción tradicional del derecho como garantizador exclusivo del statu quo.

Por otra parte es necesario, generar condiciones para comprender los fenómenos sociales tan complejos en los que el derecho actúa, así poder tener un conjunto de datos fundamentales para la construcción de una política pública en materia de justicia que responda a los desafíos que un gobierno para las grandes mayorías se plantea. Esa información probablemente se encuentre ya disponible, y en otros casos habrá que construirla, pero es evidente que ninguna política pública se puede diseñar, ejecutar y posteriormente evaluar si no hay una información específica sobre la realidad en la que se quiera aplicar.

Asimismo, se debería repensar el diseño institucional en el que se definen los objetivos de la política de la justicia en el país. Tenemos, lamentablemente el peor Ministerio de Justicia imaginable: invisibilizado, oculto y disperso en diversos organismos del Estado, por lo que imposibilita cualquier proceso de liderazgo posible, así como su control y a su vez promueve y consolida el status quo.

La creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podría ser una iniciativa que permita en el marco de las competencias del Poder Ejecutivo, generar un interlocutor que lleve adelante una política pública de justicia y Derechos Humanos, identificando necesidades, optimizando y mejorando los recursos humanos y materiales para que la justicia sea efectiva y realizable en plazos razonables, con todas las garantías de un Estado de Derecho.

No se trata de producir más burocracias, aumentar gastos o controlar al Poder Judicial. Este debe mantenerse en el ejercicio del cumplimiento de sus cometidos asignados constitucionalmente, que es de dictar justicia, no generar la política de la justicia. Dejar las cosas como están en el diseño institucional que heredamos de los gobiernos de los partidos  tradicionales post dictadura, es seguir pensando que puede haber política económica o política de salud sin ministerios especializados en dichas áreas. A nadie se le ocurría tremendo disparate, pero si se acepta que la política de la justicia, sea llevada adelante en forma oculta. La única razón es que este diseño institucional, beneficia a los sectores que promueven el statu quo.

Si a esta propuesta repasamos, reafirmamos y fortalecemos las competencias y formas de acción de la Institución Nacional de Derechos Humanos – Defensoría del Pueblo, tendremos una institucionalidad más adecuada a los desafíos para concretar la plena vigencia de los derechos humanos en el marco de una sociedad democrática

Muchas veces se piensa que una situación no puede empeorar, pero lamentablemente esa no es necesariamente la regla. La sociedad global del Siglo XXI con los fenómenos de profundización de la globalización, tanto en sus efectos positivos como negativos, ubica al derecho en un cruce de caminos de difícil resolución. En ese sentido debería agregarse al análisis, de cómo nos preparamos para la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia.

No solo son los fenómenos transnacionales como el crimen organizado, la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas y drogas, las que debilitan los estados nacionales y el concepto de soberanía.

Los casos contra Uruguay, como el de Philip Morris más allá que nos felicitamos por su resolución, como el acontecido a Luis Suarez en el 2014 en la copa del Mundo, por mencionar tan solo dos, deberían ser un gran llamado de atención a los ataques de un Estado soberano por las grandes compañías transnacionales. Estas no dudan en ejercer su particular criterio de justicia y cuestionar los poderes de los estados con tal de aumentar sus niveles de ganancia o disciplinar a los díscolos, sea a expensas de la salud de un pueblo entero o la de intereses oscuros.

No hay dudas que el Frente Amplio necesita proponerle a la ciudadanía un programa que permita gobernar y seguir transformando en beneficio de las grandes mayorías nacionales como hasta ahora, sin que nadie quede a la vera del camino. Es necesario apelar sin duda, a todos los logros realizados que han sido enormes y decisivos para que el Uruguay sea considerado una de las sociedades más igualitarias en el continente americano y que los frenteamplistas nos sentimos tan orgullosos.

Es esencial ganar un próximo gobierno para profundizar los cambios y apostar una vez más que el Uruguay sea un buen lugar para vivir hoy nosotros y los sea para las futuras generaciones. Pero para ello necesitamos un programa cuyo objetivo sea establecer un salto de calidad en temas centrales como la educación, la vivienda, la matriz productiva, el trabajo, la seguridad ciudadana y el medio ambiente. En esa lista debería también estar incluida la justicia, sin impunidades ni privilegios.

 

https://www.uypress.net/auc.aspx?91594

https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/11/el-sistema.de-justicia-una-una-reforma-estructural-pendiente/

Gira por la costa Oeste de Estados Unidos del Dr. Felipe Michelini

Gira por la costa Oeste de Estados Unidos del Dr. Felipe Michelini

Finaliza exitosa gira del Dr. Felipe Michelini por la Costa Oeste de Estados Unidos

07.11.2018

MONTEVIDEO (Uypress) – En el marco de sus responsabilidades como integrante del Consejo de Dirección en Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas (FFBV), el Dr Felipe Michelini finalizó una gira académica, de difusión y de recaudación de fondos.

La recorrida incluyó San Francisco,  Los Ángeles y California y se realizó conjuntamente con el Presidente del Fondo, el jurista japonés Motoo Noguchi y la Asesora Legal Erin Rosemberg.

En primera instancia se realizó una conferencia sobre “Los últimos avances de la CPI y el trabajo del Fondo Fiduciario”, en el prestigioso Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional, WSDHanda, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, contando con la reconocida jurista Beth Van Schaak como moderadora. Luego le siguió una cena en honor a la delegación del FFBV que contó con la participación de la ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ex juez de la CPI, la jurista sudafricana Navi Pillay.

Una segunda conferencia tuvo lugar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Santa Clara, sobre “Victimas y la Justicia Internacional” dónde se compartió el panel con el abogado español Carlos Castresana,ex Fiscal responsable de la denuncia a los dictadores Videla y Pinochet que logró la detención de este último en Londres y ex Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la jueza guatemalteca Yassmin Barrios Aguilar, presidenta del Tribunal que condenó al ex Presidente Efraín Ríos Montt por genocidio.

Naguchi, Michelini y Rosemberg junto a Castresana, van Schaak, y Barrios Aguilar participaron en el taller de Expertos de América sobre Víctimas y Justicia Internacional. Este contó además con la participación entre otros, de la reconocida activista venezolana Ligia Bolivar, la defensora de presos políticos nicaragüense Alexanda Salazar Rosales, la profesora de derecho internacional suiza peruana Claudia Josi, la experta estadounidense Naomi Roth – Arriarza y el constitucionalista colombiano Henry Rivera, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz. El taller de Expertos permitió una reflexión fructífera sobre el estado de situación de las víctimas en la perspectiva local, regional e internacional, comprometiéndose a continuar y profundizar esta exitosa experiencia.

En San Francisco, se realizaron conferencias en la Universidad de California en Hasting y de San Francisco. También hubo reuniones exploratorias con posibles donantes del sector privado. Se destaca además una reunión con la organización Guernica 37 a los efectos de profundizar la  difusión de las actividades del Fondo y búsqueda de donantes para el cumplimiento de los cometidos del FFBV.

Ya en forma individual, Michelini se trasladó a la ciudad de Los Ángeles dónde se entrevisto con académicos de la Universidad de California UCLA y del Estado de California CALSTATE, así como prominentes miembros de la comunidad uruguaya en dicha ciudad.

Michelini declaró en forma entusiasta que: ” Esta actividad se debe mirar como una primera instancia, para darle a los trabajos del Fondo una mayor difusión y a su vez generar las condiciones para que el sector privado comience a percibir al Fondo Fiduciario como una posibilidad para donar.Esta actividad se enmarca en otras actividades ya realizadas, como la del año pasado en el Parlamento Europeo conjuntamente con Parlamentarios para la Acción Global. La lucha contra la impunidad de los más graves crímenes como los de genocidio, guerra, lesa humanidad y de agresión; no puede dejar de contemplar la reparación de las víctimas de tan graves hechos”.

 

https://www.uypress.net/auc.aspx?91383

Verdad y Justicia: entre el paso del tiempo y el “pacto mafioso”

Verdad y Justicia: entre el paso del tiempo y el “pacto mafioso”

Verdad y Justicia: entre el paso del tiempo y el “pacto mafioso”

Verdad y Justicia: entre el paso del tiempo y el "pacto mafioso"

©Cesar Giacosa / Espectador – En la foto: Felipe Michelini

Entrevistado en Rompkbzas, Felipe Michelini habló sobre los obstáculos que ha enfrentado el Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia, del que es coordinador, que ha sufrido varias deserciones en los últimos tiempos. 

 

Entrevistado en Rompkzas, Felipe Michelini habló sobre los obstáculos que ha enfrentado el Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia, del que es coordinador, que ha sufrido varias deserciones en los últimos tiempos.

De los siete integrantes que, a principios de este gobierno, fueron nombrados para integrar el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, solo quedan tres.

Así lo informaba este viernes una nota del semanario Brecha sobre el ámbito creado por decreto por Tabaré Vázquez, que se ha ido desmembrando al aumentar los obstáculos que ya venía enfrentando para cumplir con su labor.

Ante este panorama y la posibilidad de que, a partir de 2020 pueda ser eliminado por el nuevo gobierno de turno, se apuesta a la creación de un marco legal en el que puedan basarse las tareas que tiene el grupo como cometido.

“No hay que perder la referencia para lo cual este grupo fue creado”, dijo en Rompkbzas su coordinador, Felipe Michelini, en relación al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1968 y 1985, donde “pasaron cosas que nunca debieron pasar”, dijo.

Michelini remarcó que el grupo apuntaba a esclarecer las torturas, asesinatos, abusos y encarcelamientos luego de 20 años de impunidad que, ya recuperada la democracia, fue instaurada por la sanción de la ley de Caducidad.

“Los 200 desaparecidos siguen estando allí, las miles de víctimas de la tortura siguen estando allí”, afirmó. “La idea de que esto se resolverá cuando mueran todos no funciona”, dijo.

Michelini ratificó que el grupo tiene todo el apoyo del presidente y el gobierno para reencausar su trabajo, aunque señaló la existencia de dos obstáculos.

Uno, dijo, es el propio paso del tiempo. El otro, el pacto mafioso de silencio de los que “investidos del poder del Estado, se confabularon para cometer las más grandes atrocidades”.

Según sostuvo, uno de elementos que provocaron la salida de Madres y Familiares fue, si se quiere, una cuestión de eficiencia. La información, originada en el comadante en Jefe del Ejército, de que en una chacra de la fuerza había enterramientos. Lamentablemente, recordó, los trabajos no encontraron nada.

“Si se lee atentamente, la carta de Familiares no es una crítica al grupo, es una crítica a la línea discursiva del comandante en Jefe”, afirmó.

Michelini también se refirió a la visión “retrógrada” de la Suprema Corte de Justicia, que “ha legalizado la tortura y los crímenes de lesa humanidad a través de la interpretación del sistema normativo vigente”.

Es por eso que llamó a la elaboración de un nuevo marco legal para el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que establezca claramente sus cometidos y una ubicación institucional explícita para lograr así una política duradera.

El Ocaso

El grupo estaba conformado  por siete personas de diversos organismos que, en el momento de su creación, fueron Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota. El decreto también indicaba que la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia, sería el soporte funcional y administrativo del grupo, que pasaría a definir sus planes de trabajo.

Brecha apuntaba que hoy solo quedan tres: Gelman, Sclofsky y Michelini, su coordinador. En 2017 Cayota, que era el representante de la Iglesia Católica, fue designado por el presidente Vázquez como embajador en el Vaticano. Si bien en el Gtvj consideran relevante que Cayota esté investigando los archivos que allí se encuentran, a los que no es nada sencillo acceder, no deja de ser un integrante menos en el trabajo diario. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se retiró del grupo en febrero, “por la falta de decisión política respecto de las Fuerzas Armadas”.

El detonante fue la falsa ubicación de un enterramiento que entregó el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Familiares desconocía la fuente del comandante y no tuvo la posibilidad de chequear esa información antes de comenzar las excavaciones, que no arrojaron nada revelador. Antes de que comenzase el trabajo de campo, Familiares solicitó a Vázquez una reunión, pero nunca lograron ser recibidos directamente por él. En diálogo con Brecha, Michelini también hizo referencia a la ausencia de hallazgos tras la excavación en La Montañesa y en una chacra en la zona de Pajas Blancas: “Excavar se puede excavar, es caro pero se puede hacer. Ahora, si no se tiene la investigación previa necesaria, se excavará todo el país pero no se va a encontrar nada”.

A estas bajas se le sumó hace dos meses la de la diputada por la lista 711 Susana Andrade. Estaba en el grupo en representación de Mundo Afro, pero se retiró con el apoyo de su sector político, también por las declaraciones de Manini Ríos, “que no contribuyen a cuidar y a consolidar la democracia alcanzada con el sacrificio de tantos compatriotas”. En su carta de renuncia también mencionó el rol de la cancillería en el juicio por el Plan Cóndor en Roma, en el cual, asegura, “hemos hecho todo para perder, se trabajó tarde, a destiempo, se cambió la estrategia jurídica, acompañado de otras negligencias”. La carta concluía que la responsabilidad es del gobierno: “debe ser contundente”, y no puede “ser tibio frente al terrorismo de Estado”. Por una situación personal, también Olivera, que integraba el grupo en representación de la Iglesia Metodista, debió alejarse.

http://www.espectador.com/politica/verdad-y-justicia-entre-el-paso-del-tiempo-y-el-pacto-mafioso,

Analizan excavar predio en Neptunia en busca de detenidos desaparecidos

Analizan excavar predio en Neptunia en busca de detenidos desaparecidos

Analizan excavar predio en Neptunia en busca de detenidos desaparecidos

Además se aguardan los resultados del georradar utilizado en el Batallón 14 esta semana que ayudará a determinar si realizan o no excavaciones.

Los restos de Julio Castro fueron encontrados en octubre de 2011 en el Batallón 14. Foto: Archivo.

Foto: archivo El País.

Un predio en Neptunia, Canelones, es investigado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, para evaluar si se realizarán excavaciones en busca de detenidos desaparecidos, informó Brecha y confirmó a El País Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

Michelini indicó que en una primera etapa se realizaron actividades “exploratorias” en el predio  y que “todo indica que se va a avanzar”, si bien al momento Perciaballe no les informó ninguna decisión.

Este predio es señalado “desde hace muchos años” por vecinos de la zona como un posible lugar de enterramientos, informó Brecha y agregó que tras algunas investigaciones se logró establecer que se trata de un área de interés para las búsquedas.

Por otra parte todavía se aguardan los resultados que arrojará el georradar que utilizó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el Batallón N° 14 y que muestra “la diferencia entre si lo que hay abajo de la tierra es un caño o un cuerpo”, indicó Michelini.

“Lo que se intenta determinar es si hay presunciones importantes para decidir si se hace la excavación o no”, explicó y agregó que los resultados no son inmediatos sino que pasa un tiempo “entre que se leen, se hacen los estudios y se compaginan”.

El martes de esta semana un equipo ingresó al batallón para detectar si en el lugar hay anomalías en el suelo. El retorno al predio se dio a partir de una denuncia presentada por Marcelo Falca, periodista de La República, con el patrocinio del abogado Óscar López Goldaracena.

La parte que se estudia es una enfermería y una dependencia utilizada para el alojamiento del personal, ambas construcciones realizadas entre 1983 y 1987.

En el Batallón N° 14 se encontraron, en 2011, los restos del maestro Julio Castro, desaparecido en 1977, y en 2012 los de Ricardo Blanco Valiente, funcionario de UTE desaparecido en 1978.

https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/analizan-excavar-predio-neptunia-busca-detenidos-desaparecidos.html

Las Víctimas y el Estatuto de Roma

Las Víctimas y el Estatuto de Roma

  • LAS VÍCTIMAS Y EL ESTATUTO DE ROMA

    Felipe Michelini

    05.07.2018

    En el mundo de hoy hay muchos discursos y acciones que afirman el aislamiento, el unilateralismo, la criminalizan de la inmigración, negando a la vez los derechos humanos. El sistema del Estatuto de Roma (ER) que creó la Corte Penal Internacional (CPI), se basa en lo contrario.

    La X Reunión organizada por la CPI realizada en junio pasadoen la emblemática sede de la Unión de América del Sur (UNASUR) en Quito, refleja el interés y compromiso de los Estados partes de América Latina con los fines y propósitos del  ER y la lucha contra la impunidad.

    Identificar y esclarecer los crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión, someter a los sospechosos a la justicia con todas las garantías del debido proceso, y de hallarlos culpables condenarlos de acuerdo a derecho, ubica a la justicia como valor universal, de las Américas y de América Latina.

    LA CPI contribuye a la prevención. No es un capricho, pues como dice el Preámbulo del mismo que “millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”.

    Los crímenes que se cometen y la impunidad asociada a ellos, son flagelos que atormentan a millones de personas, comunes y corrientes.Erosionan las bases una convivencia digna. Reparar a las víctimas y sus familiares así como a las comunidades afectadas, es mitigar en parte el daño causado y restituir antes que nada, la dignidad de las personas.

    El ER creó un sistema con la Corte como eje central, complementado por la Fiscalía, la Asamblea de Estados Partes y el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV).

     

    El principio es que la CPI tiene una competencia complementaria de las jurisdicciones nacionales. Actúa si aquellas no puedan o no quieran juzgar. El sistema no es contra nadie, contra ningún estado o región, es por la dignidad humana. En resumen, civilización o barbarie.

    Sin perjuicio de la punición y prevención, el sistema se centra en la víctima sobre la base de la reparación integral de ésta, incluida la restitución, la indemnización y la rehabilitación.El FFBV es una parte esencial del sistema y actúasobre dos  bases muy definidas: el cumplimiento de las sentencias dictadas por la CPI y el mandato asistencia.

    Han habido sentencias reparatoriasa víctimas en los casos de Lubanga por alistamiento y reclutamiento de menores de edad, el de Katanga por crímenes de lesa humanidad de homicidio, ambas situaciones en la República Democrática del Congo, y en el caso de Al Mahdi por destrucción de edificios religiosos en Mali.

    La asistencia atiende las comunidades afectadas, las víctimas y sus familiares, en tanto existan situaciones de competencia de la Corte, pero están independizadas de los avatares procesales de dicha situación a los efectos de la rehabilitación física, psicológica y apoyo material.

    La acción del FFBVes parecida a lo que sería una intervención humanitaria, pero su base conceptuales otra. La víctima más allá de haber sido objeto de crímenes aberrantes, él o ella, ante todo es una persona humana. Como tal tiene dignidad y derechos y la comunidad internacional, de esta forma -más allá de las consecuencias penales para los perpetradores- asume que es imperioso repararla por derecho, reconociéndola como persona humana a la que se le debe tratar con dignidad.

    En una década, el FFBV ha hecho mucho: más de 100 000 beneficiarios directos y más de 300 000 indirectos en Uganda y la República Democrática del Congo. Cifra importante, pero vista la realidad, insuficiente.

    Hay una necesidad y un reclamo, de expandir las actividades en Kenia, Costa de Marfil, Malí y República Centroafricana. La reciente decisión del FFBV de actuar en los miles de sobrevivientes identificados en la situación del caso Bemba en ocasión de crímenes de guerra y de lesa humanidad de violación y homicidio en la República Centroafricanaes una luz en la oscuridad que demuestra que aún en el caso de falta de castigo penal, hay mecanismos para atender a los que han sufrido tales barbaridades.

    Nuestros pueblosson testigos vivientes de esas situaciones, y estamos determinados a que no se repitan, no las olvidamos y las tenemos bien presente para prevenir situaciones similares. Más allá de lasatrocidades cometidas por estados o por ciertas organizaciones, prefiero resaltar a aquellos que sobreponiéndose al temor han podido denunciar resistir y solidarizarse frente a los atropellos.

    El sistema interamericano de protección de los derechos humanos avanzó en una jurisprudencia ya consolidada, centrada en las víctimas y sus familiares, reconociendo las directas e indirectas, incluyendo las definiciones de familia y dignidad de los pueblos originarios, asumiendo elementos flexibles para identificar la causa, así como la carga de la prueba. Ello fue incorporado en los casos ante la CPI de Lubanga, Katanga y Al Mahdi, aplicando los principios conocidos como de Cherif Bassiouni y Sr. Theo van Boven.

    Esta interpretación y aplicación de las normas proviene de juristas formados en nuestra región, inspirados en un  derecho garantista que se refleja en los instrumentos interamericanos, ratificando el compromiso ético, político y jurídico en la lucha contra la impunidad.

    No todo son logros:la región ha sido lenta en la aprobación de normas que adecuen el ER a las de los ordenamientos jurídicos nacionales y renuente en el plano financiero.

    ¡Queda mucho por hacer! La globalización permite utilizar el ER, para cuando las respuestas locales de prevención y punición no funcionan en caso de sucederse crímenes aberrantes, sobre la base del principio de complementariedad -no de sustitución-, para que no haya impunidad. Permite reivindicar a las víctimas de estos gravísimos hechos.  Es en definitiva ésta la diferencia entre la civilización y la barbarie.

    http://www.uypress.net/auc.aspx?87766