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¡Todos juntos!

¡Todos juntos!

¡TODOS JUNTOS! Publicación póstuma.

24 de abril de 2020 Escribe: Felipe Michelini en Posturas | Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS 5 minutos de lectura

*Felipe Michelini era colaborador frecuente de la diaria. Entre 2012 y 2020 publicó artículos sobre temas como el Estatuto de Roma, la reforma constitucional, el voto epistolar, el dragado del canal Martín García, el juicio contra Phillip Morris, la postergación de las elecciones departamentales. Todas esas notas están disponibles en nuestro sitio. Apenas unas horas antes del accidente doméstico del 7 de abril, que 12 días después causaría su muerte, nos mandó esta columna sobre la situación sanitaria. En aquel momento postergamos su publicación, confiados en una recuperación que lamentablemente nunca llegó. Hoy, con la autorización de su familia, decidimos publicarla. Creemos que mantiene vigencia y refleja su pensamiento político. Además de columnista, Felipe era amigo de la diaria. Lo vamos a extrañar.

Hace tan sólo tres semanas que se declaró la emergencia sanitaria. No es necesario ser experto para darse cuenta de la gravedad de esta situación desde el punto de vista de la salud pública.

Todos hemos tenido que adaptarnos. Nuestra rutina y las condiciones de vida impuestas son muy distintas a las que estábamos acostumbrados. Los nuevos hábitos modifican la forma en que nos relacionamos con los demás. Todos comprobamos el estrés, la angustia y la ansiedad que se genera en cada uno de nosotros y el núcleo familiar.

Si sumamos a esto una situación económica precaria, el resultado es aún peor. Si no se tiene trabajo estable o se está en seguro de desempleo, o el rubro en el que estamos es de los más afectados (turismo, gastronomía, hotelería, espectáculos públicos, venta minorista callejera o de feria), la situación es aún más grave. Si se atraviesa por un entorno familiar de violencia, o si no se dispone de una vivienda o solución habitacional adecuada, todo se fragiliza aún más.

Sin embargo, hay una idea de que se está actuando en la buena dirección. Se trata de minimizar y administrar el ritmo del contagio de la covid 19. Se busca reducir al máximo la interacción social y proteger así a la población más vulnerable. Ello nos lleva a ganar tiempo y permite consolidar y fortalecer los equipos humanos y materiales primero para el diagnóstico y luego para la atención de los enfermos graves.

Asimismo, parece que está instalada la idea de que es necesario construir caminos de salida para los sectores social, económica y culturalmente más vulnerables. Vías que, de alguna forma, mitiguen el impacto presente y futuro que tendrá en nuestra economía y en nuestra sociedad esta crisis.

Es muy cierto que decisiones adecuadas, oportunas y pertinentes, por ejemplo, la de suspender las clases en todos los niveles de la educación desde la declaración misma de la emergencia sanitaria, han sido fundamentales. Se ha logrado tener por ahora un número bajo de infectados. También asiste razón a quienes hacen la lista de las políticas públicas llevadas adelante en los 15 años de gobierno frenteamplista. Tres gobiernos con notorios progresos en materia de economía, trabajo, educación y especialmente en salud, que permiten a Uruguay, sin duda alguna, enfrentar la situación en mejores condiciones que otros.

Hay dos diferenciales en la sociedad uruguaya que es necesario resaltar para preservarlas, que nos han permitido transitar esta grave circunstancia con mayor fortaleza. Una y fundamental es la propia gente, los uruguayos comunes y corrientes, a los que se identifica como los ciudadanos de a pie. La segunda es el sistema político y la institucionalidad que hemos construido los uruguayos.

Hay que aplaudir al personal de salud que está en la primera línea, desde el funcionario de servicio al médico de urgencia o internista. Hay que hacerlo también con los empleados de supermercado, los delivery, muchos de ellos recién inmigrados a Uruguay, y a los comercios de barrio que permiten que haya abastecimiento. Se debe incluir en el aplauso a los empresarios que le están buscando la vuelta para que el impacto sea el menor posible para el conjunto de los trabajadores. El aplauso no debe olvidar a la sociedad civil organizada, a los gremios y sindicatos que construyen caminos de diálogo y canalizan reclamos, angustias, necesidades y preocupaciones.

Aplaudir a los trabajadores del transporte, a los funcionarios policiales y de la seguridad, a los funcionarios del servicio exterior que hacen lo imposible para facilitar la repatriación de tantos compatriotas y para permitir que los extranjeros a quienes la pandemia los encontró en nuestro país puedan regresar con su gente. Palmas al conjunto de los empleados públicos y privados que permiten que el aparato estatal y la logística privada se coordinen y la sociedad funcione aun en estas complejas circunstancias. Medallas a nuestros científicos y técnicos que han puesto toda su inteligencia en diseñar soluciones innovadoras en varios temas vinculados con la pandemia. Besos y abrazos, a la distancia, a los maestros, docentes y profesores. Todos ellos se desloman para que nuestros jóvenes y adolescentes no pierdan el año y transiten esta situación a sabiendas de que hay un después.

Es que se impone un reconocimiento y aliento a todos por todas esas acciones. Sin duda, son un factor fundamental que hace la diferencia y aportan el intangible de tener la convicción de que se sale de esta situación con altura, todos juntos, sin individualismos ni egoísmos.

La otra fortaleza es el sistema político en sí mismo. En nuestro sistema los partidos políticos tienen un papel cardinal. Las organizaciones políticas compiten por el respaldo ciudadano y de la opinión pública para llevar su proyecto de país. Estoy convencido de que a la gran mayoría de los dirigentes de todos los partidos los alientan las mejores intenciones y tienen los más nobles sueños de contribuir a darles a todos los uruguayos la mejor calidad de vida posible.

El país no se construye sobre la idea de los buenos y los malos; sí sobre la base de confrontación de ideas, propuestas y programas. Como todo tiene su tiempo y oportunidad, no es este el momento de la confrontación, obviamente necesaria en una sociedad democrática que se precie de serlo.

Un sistema político maduro, un régimen de partidos fuertes como el que tenemos, hace que las decisiones complejas a las que se está enfrentando el país sean mejor procesadas.

Algunos ejemplos son necesarios para señalar esta fortaleza:

El acuerdo de todos los partidos en facultar a la Corte Electoral para prorrogar las elecciones departamentales.

La actitud del señor presidente Luis Lacalle Pou al agilizar la reunión solicitada por el Frente Amplio y que esta se haya desarrollado en términos de diálogo y escucha.

El voto unánime por parte del Parlamento en establecer el fondo Especial Covid-19, así como la reunión informal del Consejo Superior Tripartito en materia laboral.

Es el momento de los grandes acuerdos nacionales, de la conjunción de voluntades para fines mayores y superiores que permitan sortear la pandemia y lograr que los más vulnerables no queden en una situación aún peor de la que estaban cuando esto comenzó. Si ello se logra, con el aporte de todos, el aplauso será para todos los uruguayos.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/todos-juntos/

Sobre la prórroga de las elecciones departamentales

Artículo UYpress 23/03/2020. Frente a la actual situación de pandemia de Covit-19, que hacer con las elecciones municipales de mayo 2020.

https://www.uypress.net/auc.aspx?103170

De acuerdo con la numeral 9 in fine del artículo 77 de la Constitución, la elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas debe hacerse el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales, es decir el 10 de mayo próximo.

Esta fecha precisa establecida en la Constitución, dispara todos los plazos de la legislación electoral, la Ley 7.812, modificativas, concordantes y complementarias. La elección, si no hay cambio normativo, deberá realizarse en 50 días. Por otra parte, de acuerdo al Decreto 093/2020 del 13 de marzo, se ha declarado el estado de emergencia nacional sanitario como consecuencia de la pandemia originada por el virus Covid -19.  El decreto establece una serie de restricciones a la libertad individual y ambulatoria, en base a la potestad sanitaria del Poder Ejecutivo dispuesta en virtud de la Ley 9.202. El decreto circunscribe la particular situación que atravesamos a lo sanitario. No hay, además de la pandemia, otro tipo de situación fáctica que altere la vida normal de la sociedad. De hecho y de derecho, la actividad ciudadana se ha restringido fuertemente. Por una parte, los Partidos Políticos han minimizado al máximo los encuentros que conlleven al contacto directo entre personas y las reuniones presenciales de sus dirigentes. Por otra parte, la ciudadanía, en cumplimiento de las disposiciones y exhortaciones gubernamentales, ha modificado en forma muy importante su rutina normal y se ha mantenido en sus hogares siempre que le ha sido posible. Todo indica que se necesitará un tiempo prolongado para normalizar la situación. Ante la emergencia y en virtud de la fecha establecida para las elecciones departamentales, las posibilidades son las siguientes: realizar los comicios como si nada pasara o tomar las decisiones políticas y jurídicas que reconozcan la realidad y garanticen el pleno goce de los derechos ciudadanos. Más allá de los acuerdos políticos de base para tomar la decisión de elegir el camino de no realizar las elecciones en la fecha establecida, es necesario e imprescindible hacerlo de forma ajustada a nuestro sistema institucional. Un dato a tomar en cuenta es que la Corte Electoral ha señalado que no tiene norma jurídica habilitante para actuar. Entiendo que podrían ser tres los medios para no realizar las elecciones y respetar la institucionalidad: una reforma constitucional, una ley interpretativa o una ley reglamentaria de los cometidos de la Corte Electoral. Descarto la primera, ya que todos los procedimientos de reforma deben ser ratificados por plebiscito, por lo que habría que hacer lo que se quiere evitar, celebrar las elecciones el 10 de mayo. La segunda alternativa, que el Poder Legislativo sancione una ley por dos tercios de componentes de cada Cámara, en virtud de los artículos 7, 44, 77 numeral 7 y 85 numeral 20, que sea interpretativa de la Constitución estableciendo no celebrar la elección. Esta alternativa es, a mi entender, un procedimiento sencillo, pero tiene la dificultad de que el Poder Legislativo realiza un cambio en la celebración de un acto electoral establecido explícitamente en el texto constitucional. Ese cambio además le impone tomar una decisión a la Corte Electoral, que es un órgano de máxima jerarquía igualada a los Poderes Públicos, que en materia electoral tiene jurisdicción y competencia excluyente, ya que tiene como cometido entender en todos los actos y procedimientos electorales y ejerce la superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica sobre los órganos electorales. La tercera alternativa sería reglamentar las facultades de la Corte Electoral. De acuerdo a la Carta en el artículo 322, la corporación tiene una competencia abierta, es decir la ley puede señalarle nuevas competencias. Una ley podría otorgarle la potestad a la Corte Electoral de prorrogar la fecha de la elección debidamente fundada en caso de una emergencia sanitaria o una catástrofe natural. Estas deberían ser de tal relevancia, que en caso de realizarse los comicios ni la Corte Electoral ni los Poderes Públicos puedan garantizar que el pronunciamiento se corresponda con la expresión de su voluntad. Esta opción mantiene la lógica constitucional sobre elecciones, que es la Corte Electoral el órgano que tiene las facultades en la materia. A su vez coincide con la competencia que tiene la corporación según el artículo 327 de anular total o parcialmente una elección una vez realizada.  Por las mismas razones podrían ampliarse las facultades de la Corte para determinar la prórroga de las elecciones. La institucionalidad política, la limpieza de los procesos electorales, las garantías del derecho al sufragio y todo lo que hace a la institucionalidad democrática, constituyen intangibles imprescindibles para garantizar una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos. Por ello, se exige que las leyes electorales sustantivas que las reglamenten tengan como mínimo una mayoría especial de dos tercios de componentes de cada Cámara, según el numeral 7 del artículo 7 de la Constitución. Por ello, le agregaría condiciones procesales que implicaran que la Corte tomará esta situación como un hecho extraordinario y particularísimo. En ese sentido, la ley que faculte a la Corte Electoral a prorrogar la fecha de una elección debería establecer en que forma la Corporación pueda actuar, por ejemplo, a pedido de la propia Asamblea General o de los partidos políticos, y que pudiera hacerlo de oficio. Debería preverse, que la decisión de prórroga fuera tomada por una mayoría especial por lo menos similar a aquella que permite anular una elección que requiere 6 votos conformes y tres de ellos de los electos por dos tercios de la Asamblea General. Además, por último, debería preverse que la ley dispusiera que la fijación de la fecha prorrogada sea a un plazo determinado, por ejemplo, a los tres meses de la fecha de la elección. Si se optara por el camino de la ley reglamentaria incluyendo las garantías procesales agregadas, como sugiero, la secuencia sería la siguiente:  el Parlamento legisla reglamentando el artículo 322 de la Constitución, el Poder Ejecutivo promulga, una vez vigente la ley se pide la prórroga de la elección; la Corte si lo entiende pertinente y oportuno lo decide. Las elecciones se realizarían a los tres meses de la fecha fijada. Esta solución resguarda la institucionalidad de que la soberanía radica en la Nación según el artículo 4 del texto constitucional y se garantiza el régimen de gobierno democrático republicano establecido por la Carta en el artículo 82. Al mismo tiempo, contribuye a mitigar al máximo las posibilidades de contagio de la pandemia, que hoy nadie puede ni debería negar.

Felipe Michelini: Además de seguir con la búsqueda de desaparecidos, el próximo gobierno “va a tener que cumplir” con otras obligaciones

Felipe Michelini: Además de seguir con la búsqueda de desaparecidos, el próximo gobierno “va a tener que cumplir” con otras obligaciones

19 de febrero de 2020 |Escribe: Luis Rómboli en Entrevistas Foto: Ernesto Ryan 8 minutos de lectura

“Si quiere mirar para el costado, va a ser condenado otra vez”

Recién llegó de La Haya, Países Bajos, donde había viajado por desempeñarse como presidente del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional. Felipe Michelini, quien también comanda la Comisión Administradora del Río de la Plata, dialogó con la diaria, pero desde otro rol que acaba de dejar y que lo ocupó los últimos cinco años: la presidencia del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), creado por el presidente Tabaré Vázquez en mayo de 2015.

¿Cuáles fueron los cometidos originales del GTVJ?

Lo primero que hay que decir es que no deberían haber pasado las cosas que pasaron: los crímenes de lesa humanidad entre 1968 y 1973, con la actuación ilegítima del Estado, y entre 1973 a 1985, en el marco del terrorismo de Estado instalado en el país, y después, prácticamente 20 años de impunidad, a partir de la sanción, aplicación e interpretación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Cuando en asumió por primera vez, en 2005, el presidente Vázquez tomó lo que había hecho la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para La Paz –que había creado el presidente Jorge Batlle–, firmó un convenio con la Universidad de la República [Udelar] y avanzó en la búsqueda e investigación en materia de detenidos desparecidos. Les pidió a las Fuerzas Armadas que hicieran un informe. Cuando asumió por segunda vez, Vázquez creó el GTVJ para fortalecer lo que venía haciendo la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) para el Pasado Reciente, que había sido una innovación del gobierno de José Mujica. En ese proceso, el GTVJ tiene dos novedades. Por un lado, la creación de la política y la representación queda en el ámbito del GTVJ, y la Secretaría de DDHH para el pasado reciente, que tenía esas dos funciones, se queda solamente a los efectos de dar instrumentación y apoyo logístico al GTVJ. Eso es lo que dice el Decreto 131, de 2015, que creó el GTVJ. La otra novedad, si bien no innova desde el punto de vista jurídico formal, es que incorpora no sólo la investigación de detenidos desaparecidos, sino también la investigación y el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, el decreto de Vázquez fue un avance sustantivo, porque fortaleció fuertemente la forma de aproximarse a estos temas.

Sin embargo, desde su nacimiento el GTVJ fue criticado.

Sí, el grupo creció en el marco de polémicas. Hubo organizaciones sociales que criticaron la iniciativa, que no estaban de acuerdo. Nacimos en el medio de un conflicto sindical, porque había sectores que estaban vinculados a la Secretaría del Pasado Reciente que pensaban que su lugar de trabajo iba a ser afectado. Pero fuimos sorteando obstáculos e hicimos algunas cosas interesantes. Hicimos un plan de trabajo y lo presentamos en marzo de 2016. Concomitantemente con eso, las tareas de búsqueda que se estaban desarrollando recibieron un golpe muy fuerte de provocación y amedrentamiento con el ataque al local del Grupo de Investigación en Antropología Forense [GIAF], en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias [de la Educación] de la Udelar. Eso puso en entredicho el estado de seguridad en que eso estaba, que era muy precaria. Pero además, demostró que con cada avance íbamos a tener resistencias, como tuvimos estos cinco años, de las fuerzas más oscuras y reaccionarias que todavía habitan en la sociedad uruguaya.

¿A raíz de ese hecho fue que el GIAF salió de la órbita de Presidencia?

El GTVJ reaccionó rápidamente frente al hecho. Incorporó a los locales de la Secretaría del Pasado Reciente a estos equipos técnicos –el de Historia ya estaba trabajando allí– y, además, se empezó a desarrollar un avance de un nuevo convenio con la Udelar, que estaba incómoda, porque tenía equipos universitarios trabajando en la órbita de Presidencia, pero no podía aplicar la normativa universitaria, con toda lógica, porque los cargos universitarios se deben concursar, deben ser revisados por criterios académicos y sobre la base de la renovación permanente. No era posible hacer eso, y lo que pasó fue que Presidencia terminó incorporando a esos equipos. El GIAF quedó en el ámbito universitario, pero los equipos técnicos quedaron en Presidencia. A veces se confunde, pero no es lo mismo. Eso también fue criticado por algunos, que dijeron que los equipos perdían su independencia técnica. Sin embargo, nunca la perdieron.

¿Cómo siguió avanzando el GTVJ?

Lo que tenía era un plan de trabajo, una dirección, una orientación, y una apoyatura técnica y logística desde Presidencia, que significaba apoyo legal, apoyo de coordinación con los distintos organismos del Estado, apoyo de transporte, de personal, de materiales; todo eso que no se habría podido hacer si no hay una estructura de Presidencia atrás. El GTVJ ordenó eso, le dio una orientación y designó referentes; tuvo una tarea bien importante en el relacionamiento con la Justicia, con una estupenda actuación en todos estos años de la doctora Cecilia Blanco, que de alguna manera pudo ponerle una lógica jurídica al relacionamiento con los fiscales y con los magistrados del Poder Judicial. Se fue avanzando, pero lo cierto es que también con dificultades internas, hacia el diseño institucional. Éramos parte de Presidencia, que tiene enormes cantidades de cometidos, y si bien siempre contamos con el respaldo del presidente, es cierto que también uno vive en un país en el que, si se está analizando el contrato con UPM o el presupuesto nacional, este punto específico tiene una prioridad distinta. Transitamos con algunas dificultades. Hubo dificultades con los directores de la Secretaría de DDHH del Pasado Reciente porque a veces esa lógica burocrática no los dejaba comprender lo que el decreto había establecido. Hubo dificultades de relacionamiento. Hay una cuestión: siete miembros, en forma colegiada, a tiempo parcial, honorarios, de militancia, en una tarea compleja, y uno de ellos que tenía que responder a Familiares [de Detenidos Desaparecidos]. Los órganos colegiados son pesados; alcanza con ver las comisiones asesoras de la Cámara de Representantes o del Senado, que tienen una dificultad y una pesadez en su funcionamiento.

Encontramos los restos de Eduardo Bleier con 85% del área del Batallón 13 excavada, y eso fue de un impacto muy importante, porque además lo hicimos en el marco de una especial atención a la sensibilidad de Familiares.

¿Qué pasó con la gerencia de la Secretaría del Pasado Reciente, por la que pasaron tres personas en poco tiempo?

Cuando hay un órgano que tiene que reportar e implementar las directivas de un órgano colegiado, y ese órgano es unipersonal, de tiempo completo y rentado, eso genera problemas en cualquier institucionalidad. A su vez, no teníamos ningún respaldo legal de nuestro cometido, y teníamos que interceder la mayoría de las veces por intermedio de la propia Presidencia para alquilar un transporte, para hacer una visita a Buenos Aires, para cosas muy elementales. Desde esa perspectiva y finalizado el período, hicimos un informe final, hallamos el cuerpo de Eduardo Bleier, que fue producto del tesón, de una determinación de excavar toda el área cautelada. La metodología anterior consistía en excavar, de forma aleatoria, en algunos lugares acerca de los que había información. El GTVJ decidió excavar todo, y cuando uno va por el 20% y no encuentra nada hay cierta discusión, y cuando uno va en el 85% y no encontró nada… Encontramos los restos de Bleier con 85% del área excavada, y eso fue de un impacto muy importante, porque además lo hicimos en el marco de una especial atención a la sensibilidad de Familiares, nos comunicamos primero con la familia directa, después con Familiares, y después informamos al presidente Vázquez.

Nos preguntan a nivel internacional cómo Uruguay no pudo averiguar, investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad, y por qué no ha podido reparar en forma integral, sino que ha reparado en forma puntual.

Hay un avance muy importante; se pasó de aquellos que decían que hablar del tema de los desaparecidos era poco menos que tener los ojos en la nunca, a sostener ahora que es una causa sagrada. De alguna forma es un triunfo de una lucha constante, porque uno no lucha para ganar hoy, uno siempre lucha para que los triunfos perduren. Me parece que es importante que el nuevo gobierno, a pesar de las diferencias entre sus integrantes, haya asegurado que va a continuar con la búsqueda de desaparecidos, que va a cumplir con la ley que le traspasa a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo [INDDHH] el cometido de la búsqueda, sin perjuicio de que eso no lo exime del cumplimiento del resto de las obligaciones del Estado. Nos preguntan a nivel internacional cómo Uruguay no pudo averiguar, investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad, y por qué no ha podido reparar en forma integral, sino que ha reparado en forma puntual. Esas obligaciones las tiene y las va a tener que cumplir el gobierno que asuma, porque no puede renunciar el Estado uruguayo, y si quiere mirar para el costado, va a ser condenado otra vez.

¿Con qué otras dificultades se encontró el GTVJ?

Hubo dificultades estructurales. El tiempo. Sin duda, investigar delitos cometidos hace 30 años conspira contra un esclarecimiento, debido a la inmediatez de la evidencia. Otra dificultad es el pacto de silencio entre los perpetradores, que han sido muy valientes para secuestrar, torturar, matar y violar a detenidos indefensos, pero han sido incapaces de aceptar sus responsabilidades y han puesto todas las chicanas habidas y por haber para eludirlas. Otro elemento, para mí gravísimo, ha sido la actitud del Poder Judicial, de condescendencia, de minimización, de aceptar una y otra vez las chicanas que las defensas de los acusados han presentado, de permitir, incluso, inconstitucionalidades de forma perlada. Parece que es un Poder Judicial insensible a estos hechos gravísimos ocurridos en la sociedad uruguaya, que todavía son lacerantes. Los tribunales de honor deberían haberse hecho inmediatamente. Es insólito pensar que secuestrar a una persona indefensa, torturarla, violarla y matarla no violenta el honor de las Fuerzas Armadas. Esos tribunales de honor no se hacían, y demoraron años en hacerse, con el solo objetivo de garantizarles los beneficios pensionarios y materiales. También la falta de ley fue una dificultad, porque la operativa y la logística dentro del marco del Poder Ejecutivo tenía unos beneficios, pero también tenía restricciones operativas que fuimos sorteando. Se avanzó con el Archivo Fusna [Fusileros Navales], por iniciativa de [el entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio] Fernández Huidobro, que se lo comentó a Familiares, que se la transmitió al GTVJ y este la instrumentó y se ha sacado muy buena información de ahí. Estamos trabajando con otros archivos. La ley que otorga el cometido de la búsqueda de desaparecidos a la INDDHH le da la potestad de entrar a cualquier archivo, y además sigue establecida la obligación del Poder Ejecutivo de buscar esos archivos y dárselos a la INDDHH.

Durante estos años hubo discrepancias públicas entre diversos actores sobre cómo y dónde buscar, si existió o no la Operación Zanahoria…

Hay una cosa que me parece que hay que preservar: a Familiares como organización y a Familiares como personas concretas, de carne y hueso. Son la única parte que importa; esa es la clave. Hay que asumir que hay que seguir trabajando con ellos, que tienen todo el derecho del mundo a estar muy enojados y muy violentados, porque se les ha hecho un daño que no es mitigable. ¿A niveles de polémica? A mí la polémica no me molesta. ¿Cuál es la preocupación de decir que la Operación Zanahoria existió, no existió o se hizo a medias? Son hipótesis de trabajo que no me preocupan. En mi caso personal, nunca salí a polemizar sobre eso. Hay cruces académicos, técnicos, personales. Eso es parte de una sociedad democrática. Por qué si en Uruguay se discute todo, no se va a discutir sobre este tema, que tan pasionalmente nos atrapa.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/2/felipe-michelini-ademas-de-seguir-con-la-busqueda-de-desaparecidos-el-proximo-gobierno-va-a-tener-que-cumplir-con-otras-obligaciones/

Primer discurso como Presidente del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas

Primer discurso como Presidente del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas

Señor Presidente de la 18° Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional Honorables Embajadores Distinguidos Señoras y Señores                                                                       

Esta es la primera vez que me dirijo a la Asamblea de Estados Partes (AEP)  como Presidente del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas (FFCPIBFV), y me honra hacerlo con el fin de presentar el discurso en la sesión inaugural. Es para mi un gran honor representar a mis colegas, Baronesa Arminka Helic del Reino Unido, Mama Koité Doumbia de Mali, Sheikh Mohammed Belal de Blangadesh y Gocha Lordkipinadze de Georgia, que me han honrado con su confianza al designarme Presidente. La AEP es un órgano central del sistema creado por el Estatuto de Roma para combatir la impunidad de los más graves crímenes de carácter universal como lo son el genocidio, los de lesa humanidad, de guerra y de agresión y prevenir la realización de los mismos. El FFCPIBFV es parte integrante del sistema del Estatuto de Roma y se debe a la AEP. Los logros y fortalezas del Fondo son también de los demás órganos establecidos por el Estatuto y en especial por la AEP. Los fracasos y fragilidades de una parte del sistema se trasmiten al conjunto y así lo percibe la opinión pública. Ante esta Asamblea expresamos que sorteando dificultades, estamos muy orgullosos del trabajo logrado para cumplir la misión asignada. La tarea no hubiese sido posible sin la colaboración de todos los órganos del sistema, en particular la Secretaría que mucho apreciamos. El trabajo del Fondo como ustedes saben, se basa en dos mandatos: de reparación y de asistencia. La CPI dictó órdenes reparatorias en tres casos: Lubanga, Katanga  y Al Mahdi. Es muy probable que en el horizonte próximo se deba cumplir en el caso Ntaganda. En el caso Lubanga se ha completado la reparación individual, aún faltando las reparaciones colectivas y simbólicas para completarlas el próximo año. En cuanto al caso Katanga, se ha reparado a 297 víctimas y se ha cumplido con las ordenes reparatorias tanto individuales como colectivas, con la expectativa de completar las mismas en marzo del año próximo.  En cuanto al caso Al Mahdi se han implementado las acciones para identificar a los beneficiaros de las sentencias reparatorias y ello ha requerido una extensa colaboración con la Secretaría de la Corte (VPRS) y con la representación legal de las víctimas (LRCV). El caso ha sido una excelente oportunidad para la cooperación con la UNESCO. El proceso de selección será completado en los primeros meses del año próximo. El cumplimiento del mandato reparatorio es complejo. En primer lugar las personas que han sido condenadas por los graves hechos que hacen a la jurisdicción de la Corte, han sido declaradas indigentes, por lo que no pueden responder con su patrimonio por el daño causado. Sin perjuicio del principio de complementariedad que debe aplicarse también en el tema reparatorio, el sistema del Estatuto de Roma ha incorporado la reparación como un eje central. Ello significa que la Corte Penal Internacional a través del Fondo Fiduciario, con el fin de reparar a las víctimas, debe obtener los medios financieros para poder cumplir con un sentido elemental de justicia y respaldar así las decisiones de los órganos judiciales. Asimismo, el proceso reparatorio, una vez finalizada la responsabilidad penal internacional con una sentencia de condena, es largo. Participan en él varios actores, entre los cuales están los órganos de la CPI, las víctimas y sus representantes, e incluso los condenados a través de sus abogados, por lo que lo hace aún más dificultoso. Estas aristas explican el mandato de asistencia, donde en aquellas situaciones que se encuentra en la jurisdicción de la CPI, se desvincula la reparación del proceso penal estricto. Ello permite abarcar una reparación que atienda a las personas damnificadas, sus familias y las comunidades afectadas. El mandato de asistencia es desarrollado en Uganda y en la República Democrática del Congo. Se ha avanzado en planes piloto en República Centroafricana, Costa de Marfil, Mali, Georgia y Kenia. En Uganda se ha implementado en 22 distritos del norte del país en la provisión de medios de vida como es proveer ganado, el apoyo en salud física en caso de mutilaciones, amputaciones, quemaduras y violencia sexual, así como el apoyo   psicológico en el caso de víctimas y testigos con severos traumas. Entre abril y octubre se ha asistido a 3557 beneficiarios directos. El próximo año se calcula que serán entre 7000 y 8000 beneficiarios.  En la RDC se ha finalizado el llamado a la presentación de propuestas focalizadas en violencia sexual y de género, niños soldados, paz y reconciliación. Se seleccionó a 10 organizaciones que las implementarán el próximo año en las provincias de Ituri, Norte de Kivu y Sur de Kivu.  En la RCA se está lanzando un programa de carácter urgente, incluidas víctimas del caso Bemba muchas de ellas que sufren HIV, que atienda a unas 200 personas en Bangui. Asimismo, el universo de beneficiarios para el próximo año se calcula entre 2500 y 3000 para el segundo semestre. En Costa de Marfil se ha avanzado en colaboración con el gobierno y se ha seleccionado a las organizaciones para la implementación de los programas en el primer cuarto del año. Asimismo, en Mali se está trabajando para la selección de beneficiarios. En Georgia se está a la espera del informe a ser presentado por expertos el próximo febrero sobre el eventual desarrollo del mandato de asistencia.  En Kenia asistimos a una situación similar, a la espera del reporte que identifique las posibilidades de desarrollar un programa de asistencia en dicho país. Cumplir cabalmente con los mandatos del Fondo impone que haya recursos financieros suficientes. Lamentablemente la situación financiera del Fondo para asumir los compromisos es frágil. Creemos que estaremos en una mejor situación para abordar el desafío, a través de la búsqueda de fondos del sector privado y no depender solamente de las contribuciones voluntarias de los Estados. Sin perjuicio de ello, necesitamos que todos los estados partes contribuyan, aunque sea en forma modesta, al Fondo Fiduciario para poder, mejorar la capacidad de respuesta, pero además para reafirmar el compromiso con la causa del Estatuto de Roma, que no es otro que el de erradicar la impunidad y darle contención a las víctimas. La misión del Fondo no es solo garantizar reparaciones, sino hacerlo en la forma más adecuada, con eficiencia, en tiempos razonables y de manera transparente. El trabajo del Fondo Fiduciario para cumplir con los altos fines asignados no es solo la actividadque se desarrolla en la sede de la CPI en La Haya, sino también en los países donde ocurrieron las atrocidades. Estos no se hubiesen podido cumplir sin la cooperación de instituciones y organizaciones locales. Asimismo, debido a que la  integración del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario comprende las cinco regiones del planeta, tiene como consecuencia  una proyección en todos los continentes. Optimizar nuestro trabajo es lo que nos llevó a solicitar a la AEP la actuación de los trabajos del Mecanismo de Supervisión Independiente (MSI), y saludamos que la AEP accediera a ello. El MSI contó con nuestra total colaboración para la producción de su informe, el cual ha sido emitido hace unos pocos días. El cual analizaremos en forma colectiva, pormenorizada y responsable en la próxima reunión de Consejo de Dirección que tendrá lugar esta semana. Nuestra solicitud a la AEP para que hubiese un informe sobre los trabajos del Fondo es concurrente con las modificaciones que hemos impulsamos en las reglas del funcionamiento del Consejo de Dirección. Según nuestra opinión, estas modificaciones son trascendentes para darle continuidad y conducción al Fondo Fiduciario. Tenemos el desafío como Fondo Fiduciario, no solo de cumplir los mandatos asumidos con el foco en las víctimas y sus familiares, de que la justicia no quede reducida a únicamente  la posibilidad de ser escuchado, y la eventualidad de una sentencia judicial que incluya una condena individual, sino a que se brinde una reparación integral; porque sin reparación no hay justicia.    El Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas es consciente de las altas responsabilidades asignadas y con las cuales está firmemente comprometido. Contamos con vuestro invalorable apoyo para que el sistema establecido por el Estatuto de Roma pueda cumplir las expectativas de las víctimas, sus familiares, las comunidades afectadas y con la comunidad internacional que ha legítimamente depositado esta alta responsabilidad en nosotros.   La Haya, 2 diciembre 2019

https://www.uypress.net/auc.aspx?100504

El día después

El día después

La elección de octubre determinó que ningún candidato obtuviera más del 50% de los votos emitidos y se eligió un Poder Legislativo en el cual ningún lema por sí mismo tiene mayoría propia.

El 24 de noviembre hay que elegir entre Martínez o Lacalle Pou. El pueblo decidirá en el marco de la convivencia pacífica y los resultados que brinde la Corte Electoral serán acatados por todos. El sistema tiene la virtud, que, a diferencia del anterior, al decir de Hugo Batalla, el voto era tan secreto que uno no sabía a quién votaba hasta que se dieran los resultados el día posterior a la elección. Nadie puede hacerse el distraído y por eso es fundamental saber cómo será el día después, que en este caso serán cinco años. Lacalle Pou, Talvi, Manini, Novick y Mieres de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, de la Gente e Independiente respectivamente, firmaron un acuerdo (coalición multicolor) para impulsar una serie de medidas en caso que Lacalle triunfe. El PERI no realizó ningún acuerdo. En cambio, Martínez para llegar a la presidencia hace un llamado a la reflexión individual de cada uno de los ciudadanos más allá de cual haya sido su preferencia en octubre.  Todo indica que gane Martínez o Lacalle Pou, el parlamento será un espacio de negociación constante, y habrá negociación en cada una de las leyes y aún más en aquellas que necesitan dos tercios.   La vocación acuerdista de la coalición multicolor en caso de triunfar tendrá serias dificultades. Lo saben y por ello se proponen la ley de urgente consideración al solo objeto de negociar una vez y al inicio del gobierno todo el paquete de sus iniciativas, cuyo principal objetivo en caso de ganar se habrá cumplido, ya que no es otro que, el de desplazar del gobierno al Frente Amplio. Su razón de ser es su propio límite y defecto, pues en su discurso y en lo que será su accionar dejará de lado a casi medio país (más del 40% como mínimo). Más allá de las intenciones, la coalición multicolor no puede presentar certezas de cómo será su gobierno pues necesita concretar pautas que, a poco menos de diez días de las elecciones no lo ha hecho. A confesión de parte, relevo de prueba ya que, si Lacalle Pou no gana, cada cual proseguirá su camino.  Es decir, sobre la base de que la alternancia es buena, por definición, le piden a la ciudadanía que crean que pueden mantener los acuerdos los próximos cinco años, liderados por un herrerista de pura cepa. Las declaraciones de Larrañaga, Sanguinetti y Manini, demuestran lo contrario. A su vez, dentro de los partidos tradicionales, la práctica y la experiencia parlamentaria es que los legisladores no están sometidos a una disciplina partidaria fuerte, por lo que habrá negociaciones múltiples y a varias bandas, con resultados inciertos y dispares.  La historia muestra que los acuerdos celebrados entre los partidos tradicionales desde 1985 hasta la fecha, han sido experiencias negativas. No hace falta mucha memoria para recordar aquello de la denuncia de los blancos sobre la “embestida baguala”, o la retirada del acuerdo del Partido Nacional de la coalición que habían formado con el Dr. Jorge Batlle. La experiencia para Montevideo del fracaso del Partido de la Concertación es otra muestra, que del dicho al hecho hay siempre un largo trecho.  Además, al momento de acordar, necesitan siempre a Cabildo Abierto. Los acuerdos serán entonces en el mejor de los casos de centro derecha pues a pesar que Manini no define a su partido como de izquierda ni de derecha, es un secreto a voces en Uruguay y en el mundo, que Cabildo Abierto es de derecha – derecha. Por otra parte, la mayoría de los legisladores electos por este novel partido, no cuenta con una trayectoria pública conocida, por lo que, brindarles la posibilidad de decidir es firmar un cheque en blanco, y genera una absoluta imprevisibilidad e inestabilidad política. En cambio, en caso de ganar Martínez negociará desde una bancada con pautas preestablecidas que apuntan al desarrollo del Uruguay productivo con distribución y un fuerte énfasis en las políticas sociales con pleno respeto a las garantías y libertades públicas, que se expresa en “venimos con lo bueno, vamos a hacerlo mejor.  Martínez ha demostrado en la Intendencia de Montevideo que es capaz de acordar sin preconceptos, por lo que como base habrá un gobierno moderado. Si nos situamos en materia de derechos, en el equipo de Martínez se encuentran a quienes por décadas sostienen y luchan por los derechos de los colectivos más olvidados. En materia de desaparecidos, que es un tema central para el país, del lado de la coalición multicolor, figuran en primera línea muchos que no solo no han hecho nada, sino que han sido artífices en la promoción y consolidación de la cultura de la impunidad, en las que se reitera el negacionismo aún hoy, al sostener que hablar de estos temas es tener los ojos en la nuca o es hablar de cosas sin trascendencia, que pasaron hace mucho tiempo. Sólo este aspecto bastaría para votar a Martínez.   Lo cierto es que en temas centrales como la educación, la seguridad, el empleo o la vivienda, el país necesita acuerdos de largo plazo y que involucre fuertemente a los actores principales. Solo un ejemplo, en educación se debe comprender los estudiantes, docentes, padres y funcionarios. El realismo mágico de la coalición multicolor olvida que no se puede importar maestros, profesores para sustituir los actuales y en estos temas el factor humano es central. Tampoco se puede sustituir a los estudiantes que provienen de contextos críticos y muchos de ellos provienen de hogares dónde nunca hubo un inscripto en secundaria. Imponer cambios en contra de los maestros y profesores, será otra experiencia fallida como la Ley de Educación General de Sanguinetti de 1973, modificada por una ley profundamente democrática de 2008.     En cuanto a la gestión, el Frente tiene acumulado en estos quince años una experiencia de alto porte, con personas formadas no solo en la teoría sino en la práctica. Es cierto que hubo errores, pero el saldo, medido en índices objetivos e internacionales, es altamente positivo. Los anuncios que ha hecho Martínez de sus eventuales ministros, combinan experiencia y renovación en áreas importantísimas en las que no se puede improvisar.  En el caso de un gobierno “multicolor”; ¿podrá armar equipos que no sean solamente una repartija de cargos y de balcanización del Estado? ¿Repetirá la lógica de pésima gestión que muestra en los gobiernos departamentales que administra la oposición sin alternancia alguna por décadas? ¿Mantendrá criterios objetivos de relacionamiento entre el gobierno central con los gobiernos departamentales o se volverá a la anterior lógica de utilizar el aparato de la administración central para castigar a los intendentes díscolos? Un aspecto clave es cómo se va abatir el déficit fiscal, que es más alto de lo deseable, sin perjuicio que otras variables son auspiciosas como la inflación y la cantidad de reservas internacionales. El Frente lo ha expresado claramente: se abatirá en forma gradual y sobre la base del crecimiento por lo que no afectará las políticas sociales en curso que se intentan profundizar. Por su parte, la oposición pretende reducir gastos, pero su propuesta está acotada a sus alianzas, como por ejemplo no incluye abordar el presupuesto ni la caja militar. La fórmula será, según todo indica, no indexar salarios y jubilaciones, bajo la flexibilización de los consejos de salarios, por lo que, de concretarse, será un duro golpe a los sectores de asalariados, jubilados y pensionistas. Lo que impactará en el consumo interno y en las economías de los más vulnerables. Esta propuesta demuestra que nada hay de batllismo en los acuerdos de la coalición multicolor, si no del más ortodoxo pensamiento liberal que ubica al estado en sus funciones primarias de ley y orden, asumiendo que el mercado todo lo soluciona. Anti batllismo que incluye claro está, al propio Partido Colorado.  Estos dos ejemplos de cómo va a conducirse el gobierno multicolor de un ajuste y la imposición de cambios a como sea, solo traerá conflicto, confrontación social, crisis y padecimiento para los sectores más vulnerables, así como los trabajadores, jubilados y pensionistas. Por último y nada menor, de acuerdo a los últimos acontecimientos regionales, la política exterior es parte del debate electoral. Más allá de los posicionamientos sectoriales del Frente Amplio, el Canciller Nin Novoa ha promovido una política prudente y moderada sobre la base de la aplicación del derecho internacional en la búsqueda y promoción de la paz y seguridad basada en el multilateralismo, asumiendo ese criterio desde el día uno de su gestión. Martínez ha señalado a Astori como futuro canciller lo que genera de por sí, una cuota de responsabilidad y prestigio en un cargo central del próximo gobierno, no solo en la faceta política sino también la siempre delicada como necesaria inserción comercial del país. La coalición multicolor no ha explicado aún cómo será el posicionamiento internacional que propone, ni si ubicará a Uruguay en una línea de alta exposición alineada al Grupo de Lima. La forma en que se contradicen los principales líderes de la oposición al calificar los acontecimientos de Bolivia, de Talvi que señala el golpe de Estado, al de Manini que sostiene que los militares y policías cumplen con su deber patriótico, muestra que no le será nada fácil atar esas diferencias tan grandes que se expresaron en el pasado y se expresan hoy: Sanguinetti reanudó relaciones exteriores con Cuba y Jorge Batlle una década después las rompió, aún sin explicación de por qué sucedió.  No tengo duda yo voto a Daniel Martínez. Elijo un gobierno moderado orientado al centro izquierda que da certezas en el que se seguirá priorizando solucionar el déficit social, identificando y erradicando nuevas vulnerabilidades, sin perder de vista el necesario orden de las cuentas públicas y en particular el déficit fiscal. Pero tales acciones deben tomarse de manera tal, que no paguen aquellos que menos tienen.  Un gobierno que por tres períodos ya dio suficientes muestras de construir relaciones civilizadas con los gobiernos departamentales, con el movimiento social y el mundo del trabajo que ha generado condiciones de inversión estables.  Un Presidente que pueda convocar a los consensos nacionales en aquellas materias de política que necesitan grandes acuerdos y largo plazo para avanzar. Un candidato que tiene credenciales de gestión, diálogo y negociación; que en su equipo convoca a la gran mayoría de referentes que han luchado desde siempre contra la cultura de la impunidad.  El día después, sabré que mi voto no colaboró con la incertidumbre y la centro derecha. Sé que la coalición multicolor nos ubicará, cuando apliquen las medidas que los unen, en una situación de enorme confrontación social. Quisiera, deseo estar equivocado.

El 24 de noviembre hay que elegir entre Martínez o Lacalle Pou. El pueblo decidirá en el marco de la convivencia pacífica y los resultados que brinde la Corte Electoral serán acatados por todos. El sistema tiene la virtud, que, a diferencia del anterior, al decir de Hugo Batalla, el voto era tan secreto que uno no sabía a quién votaba hasta que se dieran los resultados el día posterior a la elección. Nadie puede hacerse el distraído y por eso es fundamental saber cómo será el día después, que en este caso serán cinco años. Lacalle Pou, Talvi, Manini, Novick y Mieres de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, de la Gente e Independiente respectivamente, firmaron un acuerdo (coalición multicolor) para impulsar una serie de medidas en caso que Lacalle triunfe. El PERI no realizó ningún acuerdo. En cambio, Martínez para llegar a la presidencia hace un llamado a la reflexión individual de cada uno de los ciudadanos más allá de cual haya sido su preferencia en octubre.  Todo indica que gane Martínez o Lacalle Pou, el parlamento será un espacio de negociación constante, y habrá negociación en cada una de las leyes y aún más en aquellas que necesitan dos tercios.   La vocación acuerdista de la coalición multicolor en caso de triunfar tendrá serias dificultades. Lo saben y por ello se proponen la ley de urgente consideración al solo objeto de negociar una vez y al inicio del gobierno todo el paquete de sus iniciativas, cuyo principal objetivo en caso de ganar se habrá cumplido, ya que no es otro que, el de desplazar del gobierno al Frente Amplio. Su razón de ser es su propio límite y defecto, pues en su discurso y en lo que será su accionar dejará de lado a casi medio país (más del 40% como mínimo). Más allá de las intenciones, la coalición multicolor no puede presentar certezas de cómo será su gobierno pues necesita concretar pautas que, a poco menos de diez días de las elecciones no lo ha hecho. A confesión de parte, relevo de prueba ya que, si Lacalle Pou no gana, cada cual proseguirá su camino.  Es decir, sobre la base de que la alternancia es buena, por definición, le piden a la ciudadanía que crean que pueden mantener los acuerdos los próximos cinco años, liderados por un herrerista de pura cepa. Las declaraciones de Larrañaga, Sanguinetti y Manini, demuestran lo contrario. A su vez, dentro de los partidos tradicionales, la práctica y la experiencia parlamentaria es que los legisladores no están sometidos a una disciplina partidaria fuerte, por lo que habrá negociaciones múltiples y a varias bandas, con resultados inciertos y dispares.  La historia muestra que los acuerdos celebrados entre los partidos tradicionales desde 1985 hasta la fecha, han sido experiencias negativas. No hace falta mucha memoria para recordar aquello de la denuncia de los blancos sobre la “embestida baguala”, o la retirada del acuerdo del Partido Nacional de la coalición que habían formado con el Dr. Jorge Batlle. La experiencia para Montevideo del fracaso del Partido de la Concertación es otra muestra, que del dicho al hecho hay siempre un largo trecho.  Además, al momento de acordar, necesitan siempre a Cabildo Abierto. Los acuerdos serán entonces en el mejor de los casos de centro derecha pues a pesar que Manini no define a su partido como de izquierda ni de derecha, es un secreto a voces en Uruguay y en el mundo, que Cabildo Abierto es de derecha – derecha. Por otra parte, la mayoría de los legisladores electos por este novel partido, no cuenta con una trayectoria pública conocida, por lo que, brindarles la posibilidad de decidir es firmar un cheque en blanco, y genera una absoluta imprevisibilidad e inestabilidad política. En cambio, en caso de ganar Martínez negociará desde una bancada con pautas preestablecidas que apuntan al desarrollo del Uruguay productivo con distribución y un fuerte énfasis en las políticas sociales con pleno respeto a las garantías y libertades públicas, que se expresa en “venimos con lo bueno, vamos a hacerlo mejor.  Martínez ha demostrado en la Intendencia de Montevideo que es capaz de acordar sin preconceptos, por lo que como base habrá un gobierno moderado. Si nos situamos en materia de derechos, en el equipo de Martínez se encuentran a quienes por décadas sostienen y luchan por los derechos de los colectivos más olvidados. En materia de desaparecidos, que es un tema central para el país, del lado de la coalición multicolor, figuran en primera línea muchos que no solo no han hecho nada, sino que han sido artífices en la promoción y consolidación de la cultura de la impunidad, en las que se reitera el negacionismo aún hoy, al sostener que hablar de estos temas es tener los ojos en la nuca o es hablar de cosas sin trascendencia, que pasaron hace mucho tiempo. Sólo este aspecto bastaría para votar a Martínez.   Lo cierto es que en temas centrales como la educación, la seguridad, el empleo o la vivienda, el país necesita acuerdos de largo plazo y que involucre fuertemente a los actores principales. Solo un ejemplo, en educación se debe comprender los estudiantes, docentes, padres y funcionarios. El realismo mágico de la coalición multicolor olvida que no se puede importar maestros, profesores para sustituir los actuales y en estos temas el factor humano es central. Tampoco se puede sustituir a los estudiantes que provienen de contextos críticos y muchos de ellos provienen de hogares dónde nunca hubo un inscripto en secundaria. Imponer cambios en contra de los maestros y profesores, será otra experiencia fallida como la Ley de Educación General de Sanguinetti de 1973, modificada por una ley profundamente democrática de 2008.     En cuanto a la gestión, el Frente tiene acumulado en estos quince años una experiencia de alto porte, con personas formadas no solo en la teoría sino en la práctica. Es cierto que hubo errores, pero el saldo, medido en índices objetivos e internacionales, es altamente positivo. Los anuncios que ha hecho Martínez de sus eventuales ministros, combinan experiencia y renovación en áreas importantísimas en las que no se puede improvisar.  En el caso de un gobierno “multicolor”; ¿podrá armar equipos que no sean solamente una repartija de cargos y de balcanización del Estado? ¿Repetirá la lógica de pésima gestión que muestra en los gobiernos departamentales que administra la oposición sin alternancia alguna por décadas? ¿Mantendrá criterios objetivos de relacionamiento entre el gobierno central con los gobiernos departamentales o se volverá a la anterior lógica de utilizar el aparato de la administración central para castigar a los intendentes díscolos? Un aspecto clave es cómo se va abatir el déficit fiscal, que es más alto de lo deseable, sin perjuicio que otras variables son auspiciosas como la inflación y la cantidad de reservas internacionales. El Frente lo ha expresado claramente: se abatirá en forma gradual y sobre la base del crecimiento por lo que no afectará las políticas sociales en curso que se intentan profundizar. Por su parte, la oposición pretende reducir gastos, pero su propuesta está acotada a sus alianzas, como por ejemplo no incluye abordar el presupuesto ni la caja militar. La fórmula será, según todo indica, no indexar salarios y jubilaciones, bajo la flexibilización de los consejos de salarios, por lo que, de concretarse, será un duro golpe a los sectores de asalariados, jubilados y pensionistas. Lo que impactará en el consumo interno y en las economías de los más vulnerables. Esta propuesta demuestra que nada hay de batllismo en los acuerdos de la coalición multicolor, si no del más ortodoxo pensamiento liberal que ubica al estado en sus funciones primarias de ley y orden, asumiendo que el mercado todo lo soluciona. Anti batllismo que incluye claro está, al propio Partido Colorado.  Estos dos ejemplos de cómo va a conducirse el gobierno multicolor de un ajuste y la imposición de cambios a como sea, solo traerá conflicto, confrontación social, crisis y padecimiento para los sectores más vulnerables, así como los trabajadores, jubilados y pensionistas. Por último y nada menor, de acuerdo a los últimos acontecimientos regionales, la política exterior es parte del debate electoral. Más allá de los posicionamientos sectoriales del Frente Amplio, el Canciller Nin Novoa ha promovido una política prudente y moderada sobre la base de la aplicación del derecho internacional en la búsqueda y promoción de la paz y seguridad basada en el multilateralismo, asumiendo ese criterio desde el día uno de su gestión. Martínez ha señalado a Astori como futuro canciller lo que genera de por sí, una cuota de responsabilidad y prestigio en un cargo central del próximo gobierno, no solo en la faceta política sino también la siempre delicada como necesaria inserción comercial del país. La coalición multicolor no ha explicado aún cómo será el posicionamiento internacional que propone, ni si ubicará a Uruguay en una línea de alta exposición alineada al Grupo de Lima. La forma en que se contradicen los principales líderes de la oposición al calificar los acontecimientos de Bolivia, de Talvi que señala el golpe de Estado, al de Manini que sostiene que los militares y policías cumplen con su deber patriótico, muestra que no le será nada fácil atar esas diferencias tan grandes que se expresaron en el pasado y se expresan hoy: Sanguinetti reanudó relaciones exteriores con Cuba y Jorge Batlle una década después las rompió, aún sin explicación de por qué sucedió.  No tengo duda yo voto a Daniel Martínez. Elijo un gobierno moderado orientado al centro izquierda que da certezas en el que se seguirá priorizando solucionar el déficit social, identificando y erradicando nuevas vulnerabilidades, sin perder de vista el necesario orden de las cuentas públicas y en particular el déficit fiscal. Pero tales acciones deben tomarse de manera tal, que no paguen aquellos que menos tienen.  Un gobierno que por tres períodos ya dio suficientes muestras de construir relaciones civilizadas con los gobiernos departamentales, con el movimiento social y el mundo del trabajo que ha generado condiciones de inversión estables.  Un Presidente que pueda convocar a los consensos nacionales en aquellas materias de política que necesitan grandes acuerdos y largo plazo para avanzar. Un candidato que tiene credenciales de gestión, diálogo y negociación; que en su equipo convoca a la gran mayoría de referentes que han luchado desde siempre contra la cultura de la impunidad.  El día después, sabré que mi voto no colaboró con la incertidumbre y la centro derecha. Sé que la coalición multicolor nos ubicará, cuando apliquen las medidas que los unen, en una situación de enorme confrontación social. Quisiera, deseo estar equivocado.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/el-dia-despues/

https://www.uypress.net/auc.aspx?100178

Suprema Corte de Justicia tiene conservadurismo letal

Suprema Corte de Justicia tiene conservadurismo letal

Reportaje: Períodico Claridad 22 de octubre 2019, Número 28, Montevideo

http://periodicoclaridad.com/sitio/index.php/cat-nacional/441-felipe-michelini-valoro-el-trabajo-del-grupo-por-verdad-y-justicia-y-sostuvo-que-la-suprema-corte-de-justicia-tiene-un-conservadurismo-letal



Escribe: Walter Caimí – PACTUM

Requerí la palabra de Felipe Michelini en nombre del periódico digital Claridad antes de que los restos hallados de Eduardo Bleier, fuesen constatados científicamente.  Su palabra, como  coordinador desde el año 2016 del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, es importante dadas las circunstancias políticas que transita el país, ante un nuevo acto eleccionario para elegir presidente de la república y renovación del parlamento. Ya en el año 2015, Michelini era parte de este grupo de trabajo.

Tras algún inconveniente con el grabador, volví a la vieja práctica de la lapicera y libreta en mano, aún vigente por suerte.

En agosto del corriente año, desde presidencia de la república se anunció la disolución del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Refresquemos la memoria: un proyecto de ley enviado al parlamento traspasa sus competencias a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH). De este modo se pretende, desde el Poder Ejecutivo, dar otro marco, otra cara, otra institucionalidad, a los trabajos de búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos, noticia que fue brindado por el prosecretario de la presidencia de la república, Juan Andrés Roballo en la primera quincena de agosto.

Con anterioridad, en Bogotá, Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con asiento en Costa Rica, sostuvo que el Estado Uruguayo no ha hecho lo suficiente en materia de Derechos Humanos para esclarecer el pasado reciente, en referencia al caso Gelman  y plasmó estos dichos en cinco puntos. Cabe consignar que por el Estado Uruguayo estuvo presente Dianela Pi, directora de Derechos Humanos de la Cancillería junto al embajador compatriota en el mencionado país.

Michelini, con serenidad, defendió el trabajo realizado, sosteniendo que “todos pusimos lo mejor a nuestro alcance. Hubo un plan de trabajo y nos abocamos a él, procuramos sortear las dificultades del día a día que eran de todo tipo y color”. Sin interrumpir su exposición subrayó: la primer dificultad es el tiempo transcurrido; luego la cabeza de la Suprema Corte de Justicia (en clara referencia a los ministros que la componen) actúa desconociendo el derecho muchas veces y los convenios internacionales que Uruguay ratificó en materia de Derechos Humanos”, sentenció Michelini.

“El saber la verdad, y no solo en el caso de Macarena Gelman, sino de todos, de los 196 casos que están sin resolver, salvo estos últimos cinco casos incluido el de Eduardo Bleier.

-¿Usted menciona a la Suprema Corte de Justicia como obstáculo a la verdad; en qué sentido?

 La respuesta de Michelino no se hizo esperar: “desde 1985, con el retorno a la democracia, los diferentes ministros que han ejercido el más alto cargo dentro de la estructura jurídica, no se han aggiornado no acompasaron la problemática de la dictadura cívico-militar en materia de Derechos Humanos.  Esto es un hecho. Tienen un conservadurismo de primera línea. A ello, sumémosle el acto vandálico en la Facultad de Humanidades que no fue aclarado. El esclarecimiento de lo ocurrido en el pasado reciente es preocupación de esta administración desde que en 2015 se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, dependiente del Ejecutivo”. 

Michelini defendió lo hecho hasta ahora y es consciente que no es suficiente ni mucho menos. “Se avanzó en varios frentes, como ser la creación de la fiscalía especializada en Derechos Humanos … pero, ¿cuánto tiempo llevó plasmar esto? Casi tres años”, indicó con cierta molestia. “Somos responsables, serios para trabajar, acá está en juego la institucionalidad misma, está en el tapete saber la verdad”. Michelini subrayó la gestión en el juicio por el Plan Cóndor en los Tribunales de Roma, del cual Claridad informó oportunamente. “En los Tribunales de Roma, mucha gente trabajó con pasión, dedicación, responsabilidad ante todo”.

Recuérdese el conflicto con el abogado que representó a Uruguay en dicho tema que causó mucho dolor de cabeza y del cual informé en otra edición anterior en Claridad.

Los miembros del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia fueron designados por el Presidente de la República por resolución el 20 de mayo de 2015. Dicha designación recayó sobre Susana Andrade, Emilia Carlevaro, Mario Cayota, Macarena Gelman, Felipe Michelini, Ademar Olivera y Pedro Sclosky.

Michelini, entre sus muchas tareas, es Coordinador de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos ubicada en el Rectorado de la Universidad de la República, años 2016 al 2019.

Docente Grado III en Derechos Humanos en la Facultad de Derechos de la Universidad de la República.

Presidente de la Delegación Uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) desde marzo del 2015. Presidente de la CARP en los años 2016 y 2018; Vicepresidente en 2015 y 2017, Buenos Aires.

Presidente del Consejo de Dirección de la Corte Penal Internacional-Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, noviembre de 2015, La Haya.

Felipe Michelini destacó también el rol de la Fuerzas Armadas, en ese sentido dijo: “está claro que el papel de las Fuerzas Armadas debe ser evaluado, considerado, que todo el espectro político debe reformular qué papel tienen en nuestro país. Analizar su plan de estudios, su autoritarismo, su estructura militar, por qué y para qué. Evaluar la transversalidad.

Al escuchar esto, se me viene a la memoria el general Víctor Licandro que formuló un estudio exhaustivo de las fuerzas armadas que la fuerza política a la que perteneció, no supo atender y entender. ¿Fue foco de conflicto el Ministerio de Defensa o sigue siendo aún? Michelini sin pestañar afirmó que “claro que fue foco de conflicto”. Graciela Jorge tuvo una actuación poco feliz al frente de la Secretaría de DD.HH. de Presidencia de la República, esto lo digo yo, no Michelini.

En este pequeño balance de nuestro entrevistado, también estuvo presente la Comisión para la Paz creada en el año 2003, y entre los años 2007 y 2008 –afirma Michelini- se firmaron convenios con la Universidad de la República creando el equipo de historiadores y de investigadores de antropología.

“Necesariamente tenemos que referenciar a la población más joven, la franja que va desde los 20 años hasta los 35 años, más-menos, para hacerles saber que nuestro pasado importa si queremos tener un presente digno”; esta es nuestra meta o una de ellas.

“El NUNCA MÁS implica esfuerzo, capacitación, y dinero” así podría resumir la entrevista con Felipe Michelini. Dejó clara su posición en materia de derechos humanos al referirse a Julio María Sanguinetti: Él tiene su cuota de responsabilidad, además es el único sobreviviente del Pacto del Club Naval.

En dicho contexto, referí al intercambio de información de los diferentes ministerios, como Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, etcétera, en cuanto a la información, y MIchelini, subrayó que “en ese sentido que usted señala, también el personal que trabaja con información delicada emanada de la dictadura, debe ser necesariamente formada al respecto”.

“EDUARDO BLEIER”

“EDUARDO BLEIER”

https://www.carasycaretas.com.uy/michelini-sobre-caso-bleier/

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Michelini–La-ensenanza-es-seguir-trabajando-por-la-deuda-que-tenemos-con-los-familiares–uc732010

https://www.elobservador.com.uy/nota/bleier-tuvo-una-muerte-violenta-producida-por-terceros-en-el-marco-de-torturas-y-apremios-fisicos–2019108184211

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/eduardo-bleier-murio-causa-torturas-apremios-fisicos-pericias.html

https://radiouruguay.uy/informes-confirman-que-bleier-murio-a-raiz-de-torturas-sistematicas/

https://www.sarandi690.com.uy/2019/10/08/restos-del-batallon-13-son-de-eduardo-bleier/

https://www.sarandi690.com.uy/2019/10/08/restos-del-batallon-13-son-de-eduardo-bleier/

Negociación entre Uruguay y Argentina

Negociación entre Uruguay y Argentina

Demarcación entre Timoteo Domínguez y Martín García potenciará desarrollo turístico de esa isla en Río de la Plata

“No veo inconvenientes para desarrollar (en el área) un espacio turístico”, dijo el presidente de la delegación nacional ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Felipe Michelini, en referencia a la isla unificada de Martín García, de jurisdicción argentina, y Timoteo Domínguez, de Uruguay. En ese último territorio ya se comenzaron acciones en conjunto con la Armada para reafirmar la soberanía.

Islas Martín García y Timoteo Domínguez
Pie de foto: Islas Martín García y Timoteo Domínguez

“Estoy convencido de la posibilidad de demarcar las islas Martín García y Timoteo Domínguez, que ahora forman un solo accidente geográfico en el Río de la Plata, y dar seguridad jurídica en lo que va a ser la única frontera terrestre entre ambos países, que será fundamental para potenciar una utilización conjunta, con la debida preservación del ambiente”, expresó Michelini.

“No veo inconvenientes para desarrollar (en el área) un espacio turístico, porque Martín García tiene un acervo patrimonial e histórico-cultural importante, además de un parque de flora autóctona”, analizó el funcionario, en diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional. El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado en 1973 en Montevideo, posibilita ese trabajo conjunto entre los dos países, añadió.

“Podría utilizarse ese territorio de Martín García (de 184 hectáreas), junto al de Timoteo Domínguez (de unas 200 hectáreas y que presenta un estado agreste), como desarrollo complementario de un espacio de turismo alternativo”, apuntó. “Eso generará fuentes de trabajo y afirmará la soberanía nacional en un espacio físico que es uruguayo”, complementó.

Michelini señaló que este año las cancillerías de ambos países recibieron los informes técnicos necesarios, elaborados por la CARP, “que están a estudio (…) para poder avanzar en una demarcación física en el límite terrestre”, según informó.

“Fueron estudios complejos en la determinación de cuándo comienza la isla Timoteo Domínguez, que tiene una conformación geográfica y geológica diferente a la de Martín García”, sostuvo, pues la primera surgió de depósitos aluvionales y la segunda es de conformación rocosa. La demarcación es un tema político, abundó, y manifestó confianza respecto a que los dos gobiernos “logren un posible acuerdo”.

Michelini dijo que, junto con la Armada Nacional, se implementaron algunas “instancias, como la de colocar el pabellón patrio en Timoteo Domínguez y hacer una señalización más acorde, como parte de un plan de obra mínimo que demuestre el interés y la soberanía nacional en ese territorio”.

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/michelini-carp-islas-martin-garcia-timoteo-dominguez-demarcacion

Comienzan los análisis de los restos encontrados en el ex Batallón Nº 13

Comienzan los análisis de los restos encontrados en el ex Batallón Nº 13

Felipe Michelini, coordinador del Grupo Verdad y Justicia frente al juzgado este martes.

Los resultados sobre la identidad tardarán al menos dos semanas.

El Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), integrantes del Instituto Técnico Forense (ITF) y el coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), Felipe Michelini, se reunieron este martes con la con la jueza penal Isaura Tórtora y el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, para coordinar las próximas acciones tras el hallazgo de restos humanos en el ex Batallón Nº 13, la semana pasada. La audiencia fue convocada por Tórtora.

Al finalizar el encuentro, en diálogo con la prensa, Michelini aseguró que esta semana comenzarán las acciones para “garantizar los dos objetivos” de la etapa posterior al hallazgo de los restos: “la identificación de la identidad de la persona” y la determinación “de la causa del fallecimiento”. Explicó que antes de la extracción de las muestras de ADN de los restos óseos se pone en práctica una serie de análisis que, entre otras cosas, permiten conocer el estado de conservación del esqueleto, y “si no surgen inconvenientes”, será posible conocer la identidad de los restos humanos en dos semanas “como mínimo”. Las muestras se enviarán a Argentina “lo antes posible”, comentó el coordinador del GTVJ, para ser analizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense. 

Fuentes judiciales informaron a la diaria que hoy comenzará el estudio de las piezas óseas, “primero con radiografías con los restos como están ahora”. Luego, se iniciarán las tareas de laboratorio: “lavado, acondicionamiento y análisis”. Estas tareas estarán a cargo del grupo de antropólogos del GIAF, “con garantías” de la Junta Médica del ITF. Al final se elaborará un informe común. 

Sobre la posibilidad de que los restos correspondan a un hombre adulto, como informó la revista Martes en base a fuentes judiciales, Michelini señaló que se deben aguardar los resultados de los informes técnicos para informar si se trata de un hombre o una mujer.

Luego de haber hecho excavaciones en 85% de la zona cautelada del ex Batallón Nº 13, donde no se encontraron restos, el hallazgo de este esqueleto revivió la esperanza: “Si no perdimos la esperanza excavando 85%, ahora con este hallazgo somos un poco más optimistas”, dijo Michelini, y planteó que “hay más de una centena de testimonios –con distintos tipos de calidad– que ubican al ex Batallón Nº 13 como un espacio de enterramiento clandestino”. “Estamos convencidos de que el trabajo metódico, persistente y sistemático de las excavaciones dio resultado y probablemente, con un poco de suerte, podamos encontrar a algún otro detenido desaparecido más”. En ese sentido, aseguró que los trabajos en el predio continúan con dos máquinas.

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/9/comienzan-los-analisis-de-los-restos-encontrados-en-el-ex-batallon-no-13/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am

La última frontera: Martín García y Timoteo Domínguez

La última frontera: Martín García y Timoteo Domínguez

Este artículo trata de dos islas bien diferentes pero hermanadas entre sí: Martín García y Timoteo Domínguez. Entre ellas se encuentrala única frontera terrestre entre Argentina y Uruguay. Límite que es una muestra simbólica del sentimiento de hermandad, entre argentinos y uruguayos.

El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo celebrado en 1973, tuvo como propósito esencial dar una solución definitiva a la jurisdicción del Río y aceptar que el mismo era, es y será parte esencial de ambos pueblos. En una de sus cláusulas principalesse definió la jurisdicción de las islas del río. Estas estarían en una u otra según se hallaren al este (Uruguay) o al oeste (Argentina) de la línea trazada entre distintos puntos geográficos establecida en el propio tratado. Sin embargo, a la Isla Martín García se le otorga en el acuerdo binacional, un tratamiento diferenciado. No fue casualidad ya que la isla tenía una histórica ubicación estratégica que permitía el control del Río de la Plata, y por ende los ríos afluentes del Paraná, Paraguay y el Uruguay. Desde el inicio de la exploración, conquista y colonización del Río de la Plata, la isla estuvo en el epicentro de la lucha por la dominación del medio marítimo. La isla fue denominada por el explorador Solís porhaber sido enterrado allí, su despensero. Alcanza una extensión aproximada de unas 200 hectáreas y una conformación rocosa que la distingue en el entorno. Es evidente que su ubicación geográfica es más cercana a la costa oriental, a pocos metros de la proa de Martín Chico en el Departamento de Colonia. La Martín García fue disputada por todas las fuerzas que ocuparon la política y la guerra en la región: realistas, independentistas, brasileños, franceses argentinos y orientales, unitarios bajo el mando de Giussepe Garibaldi y fuerzas federales.  Finalmente, las fuerzas argentinas consolidan una presencia fáctica desde la mitad del siglo XIX. La actitud de Uruguay siempre fue de contestar y resistir la ocupación de hecho por parte de las fuerzas argentinas desde su ocupación efectiva en 1853. La posición argentina contrariamente, sostenía que la continuidad en la ocupación efectiva y títulos del Virreinato, le daba derechos sobre el territorio. Más allá de la cuestión jurídica, Argentina le fue dando diferentes usos: prisión, leprosario, espacio de cuarentena, base militar. A la fecha del tratado en 1973, se había convertido en una parte importante de la logística de la Armada argentina y disponía allí de un fuerte contingente. Fue sin duda la resolución sobre qué hacer con la isla Martín García, el aspecto más polémico del Tratado. La solución fue dejar la jurisdicción argentina sobre la isla, pero con restricciones establecidas por el propio tratado: reserva natural para la conservación de la fauna y flora autóctona, sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), incluido el Parque de homenaje a los héroes comunes. Asimismo, se previó en el texto del tratado dos posibles situaciones futuras: se protege el límite de la Martín García si esta se uniera a otra y se prevé que, si por aumento de la Isla por vía aluvional se afectara el acceso natural a los canales del Martín García y del llamado del Infierno, estos se mantengan. Era obvio que, en el primer caso, se trataba de la lógica previsión del crecimiento de la Isla Timoteo Domínguez. Esta fue denominada por el último representante del estado oriental en ejercer soberanía en la Isla Martín García. A él se le atribuye la frase que “la bandera oriental ni se arría ni se entrega”, al talar en 1853el mástil para llevárselo en la goleta que lo transportaría a Carmelo. Al principio un pequeño islote casi invisible en la década del sesenta del siglo pasado, pero que con el paso del tiempo fue creciendo de tal forma que hoy tiene una superficie aproximada de unas 200 hectáreas de origen aluvional, pero con arenas blancas en su extremo noroeste. La naturaleza ha tenido un significativo papel nada despreciable al hacerla crecer, sino que además ha abrazado a la isla Martín García. Todo un símbolo de quien fuera el último oriental en ejercer poder en la Martín García, regresara reencarnado en isla a su lugar de partida. Dejando de lado evocaciones, Martín García y Timoteo Domínguez conforman la única frontera terrestre entre Argentina y Uruguay y la última a ser demarcada. A casi 50 años del tratado mucha agua ha pasado por las costas de ambos márgenes. Nuestros países atravesaron una larga noche autoritaria, recuperación democrática, momentos de prosperidad, crisis económicas, sociales y políticas y gobiernos de todos los colores. A su vez, la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, con sus drones y satélites, ha determinado que la importancia de la Martín García como elemento estratégico haya perdido valor. A su vez, no es menor que haya concluido la histórica rivalidad militar entre Argentina y Brasil a partir del año 1985. Ello ha tenido como consecuencia positiva que el Río de la Plata no es más un objetivo militar y por ende ha dejado al costado el valor estratégico de la Isla Martín García. Por otra parte, en la actualidad la peculiar historia de la Isla Martín García es apreciada de manera diferente.  En su destino se fueron construyendo diferentes edificios, que en conjunto tienen un valor patrimonial y un valor simbólico porque allí estuvieron recluidos cuatro presidentes constitucionales de la República Argentina Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi.  Asimismo, fue reclusión de prisioneros de los pueblos originarios de la Argentina luego de la “conquista del desierto”.  Siempre se tiene presente la presencia de Rubén Darío y Jorge Luis Borges en la isla.  Todo ello hace que sus edificios e instalaciones hayan sido revalorizadas desde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural. Existe un consenso que la frontera terrestre entre Uruguay y Argentina, de poca extensión, es necesaria demarcarla. Ante tal constatación, los cancilleres de Argentina Jorge Faurie y de Uruguay Rodolfo Nin Novoa dictaron instrucciones a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en mayo del año pasado, para realizar los estudios técnicos que permitirán demarcarla. Ello se cumplió satisfactoriamente en el mes de junio de este año. Falta muy poco para terminar de demarcar y se está trabajando intensamente. Una vez realizada la demarcación, se podrá darle valor a la isla Timoteo Domínguez y seguramente será posible desarrollar en forma combinada con la Martín García proyectos de carácter turístico, siempre respetando el Tratado y preservando el medio ambiente.  Esto sin perjuicio de seguir optimizando el potencial de la sede de la CARP en la Isla Martín García, en la que se han desarrollado en este período reuniones de ministros, de parlamentarios de ambos países y visitas de estudio por parte de Uruguay de su Armada Nacional, del Instituto Artigas del Servicio Exterior y de la Universidad del Trabajo. Ayer parecía imposible estar siquiera cerca de concretar la demarcación y pensar en proyectos entre ambos países aprovechando esta única frontera terrestre y la última por demarcar. Más temprano que tarde, sin prisa, pero con determinación llegará el momento de concretar la demarcación. Seremos protagonistas de un acto de unión y de hermandad entre nuestros pueblos. Es también una oportunidad, para que los uruguayos nos tomemos el tiempo para plantearnos qué hacer con las otras 255 islas de Uruguay tanto en el Río Uruguay, el Río de la Plata, las lagunas, los ríos interiores y el océano Atlántico. Pero ello será motivo de otra reflexión.  

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