El Canal Martín García es
un canal natural que se extiende por 106 kilómetros desde el Km 37 al
145.5 del Río de la Plata y es fundamental para el acceso al puerto de
Nueva Palmira. Al momento de su construcción, los gobiernos de
Argentina y Uruguay decidieron darle un diseño de profundidad a 32 pies
y una determinada solera, es decir el ancho del mismo, para garantizar
la utilización de los buques adecuados para ello.
La construcción del Canal y su mantenimiento estuvo hasta el año 2013 otorgado en concesión a una empresa holandesa, bajo la administración de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). No todos, salvo aquellos vinculados a la actividad fluvial y portuaria, saben de la importancia de pasar de una profundidad de 32 pies (9,75 mts) a 34 pies (10,36mts) en fondos blandos y a 38 pies con la remoción de fondos duros (11,58mts), como terminó de ocurrir este febrero pasado. La diferencia es simple: contar con un metro más de profundidad garantiza mayor carga y eliminar la roca significa más seguridad para los buques que utilizan el canal. La idea original era que el Canal Martín García alcanzase la misma profundidad del Canal Mitre que está bajo la administración exclusiva de la Argentina. Lo cierto es que hace muchos años que el Mitre ya estaba a 34 pies, dos más que el Martín García. Al haber igualado las profundidades de ambos canales, se cumplió un viejo anhelo de Uruguay de más de dos décadas que permite una mayor actividad en el Canal y en el Puerto de Nueva Palmira. En el año 2013 Argentina y Uruguay, a través de la CARP asumieron la gestión y administración directa del Canal Martín García. Así la CARP se encarga del balizamiento, la sustentabilidad ambiental, el control del tráfico, del cobro del peaje y la coordinación con las autoridades marítimas de ambos países. En el 2017 se optó por licitar a través de un llamado público internacional las obras de profundización y mantenimiento a 34 y 38 pies. El proceso se hizo a través de un llamado competitivo y transparente. Al mismo se presentaron las más importantes empresas de dragado del mundo, y fue realizado por primera vez con recursos técnicos propios. Ello implicó para ambos países un significativo ahorro de dinero, así como que ha permitido el desarrollo y acumulación de capacidades nacionales y binacionales en la materia. Así, las obras de profundización y mantenimiento del Canal, fueron adjudicadas bajo la premisa de mantener un equilibrio entre precio y calidad técnica, no habiendo sido objeto de impugnación alguna. Tras la firma del contrato en febrero de 2018, se dio inicio a las obras en abril del mismo año y la empresa adjudicataria, el Consorcio belga-holandés Boskalis International y Dredging International (CBDI), entregó un canal operativo el pasado mes de febrero de 2019. Finalizada la etapa I de profundización, se dio inicio a la etapa II de mantenimiento por cuatro años. La obra fue de enorme envergadura. Las tareas de dragado resultaron en 11.000.000 m3 de suelos extraídos y 91.000 m2 de roca removida. Durante las obras de profundización se movieron para facilitar las tareas de dragado 61 boyas y agregaron tres nuevas boyas en la zona de cruce. También, se ha revisado y publicado el Reglamento de uso y navegación del Canal Martín García (REMAGA) e informado a las autoridades marítimas y a todos los operadores del sistema, sobre las nuevas condiciones del Canal y trabajado coordinadamente para asegurar el cruce y franqueo seguro mientras se realizaron las operaciones de dragado. La licitación fue acompañada de un Programa de Gestión Ambiental, donde la CARP exigió y fue inflexible con el cumplimiento de los más altos estándares ambientales, en especial durante la etapa de remoción de los fondos duros. Para ello se realizó el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos, la gestión de residuos líquidos y sólidos de las embarcaciones y la observación y disuasión de fauna. Más allá de aspectos técnicos, la obra de dragado constituye un pilar estratégico para la integración y el desarrollo local, admitiendo una reducción de costos de flete y un aumento significativo de la competitividad. Ello es de por sí una herramienta de gran importancia para el comercio, facilitando la salida de la producción regional en condiciones más ventajosas. En definitiva, es un shock logístico que genera empleo y desarrollo productivo. El hecho no ha pasado desapercibido para las autoridades de gobierno de Argentina y Uruguay. El viernes 21 de junio pasado, se realizó en Buenos Aires una ceremoniaconmemorativa de la finalización del Canal Martín García, así como de las obras de dragado del Río Uruguay. Esta presentación se hizo en el Salón de Actos del Palacio San Martín con una concurrida presencia de altas autoridades, incluidos los Cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Jorge Faurie, equipos técnicos, actores y socios claves, vinculada a la obra y a la actividad fluvial de ambos países. Celebraciones aparte, el haber podido concretar las obras fue producto de acuerdos, que construyeron y fortalecieron relaciones de confianza y de conocimiento mutuo, no solo entre los delegados, y las cancillerías, sino entre sus equipos técnicos, así como el concurso de los Ministerios con vínculos específicos con el Canal como Relaciones Exteriores, Transporte y Obras Públicas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Defensa. Ha sido un camino de aprendizajes, consolidando una institucionalidad que permitirá luego de estos cuatro años realizar una nueva licitación y una mayor profundización si es lo que los países acuerdan, o la renovación del actual contrato para el mantenimiento del Canal, por cinco años más. A su vez, se han fortalecido las capacidades de gestión de la Comisión, en especial de la Subsede Coloniaque tiene a su cargo la recaudación del peaje y el control del tráfico de buques que navegan el Canal; así como las tareas de balizamiento y mantenimiento de la flota de embarcaciones para esta tarea, que garantizan la navegación segura. En otro orden pero con un idéntico sentido de colaboración, la CARP cumplió con las instrucciones dictadas por ambos cancilleres en mayo del año pasado, para realizar los estudios técnicos que permitirán demarcar la frontera terrestre en las Islas Martín García y Timoteo Domínguez. Una vez realizada, se podrá darle valor a la isla Timoteo Domínguez y seguramente será posible desarrollar en forma combinada proyectos de carácter turístico. Esto sin perjuicio de seguir optimizando el potencial de la sede de la CARP en la Isla Martín García, en la que se han desarrollado en este período reuniones de ministros, de parlamentarios de ambos países y visitas de estudio de la Armada Nacional, del Instituto Artigas del Servicio Exterior y de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Este largo proceso ha sido posible por el aprendizaje realizado tanto a nivel técnico, jurídico como político, que ha permitido la consolidación de capacidades de ambos países y el fortalecimiento de la Delegación del Uruguay ante la CARP y la CARP misma, para continuar la contribución al desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la soberanía sobre el Río de la Plata. Falta aún mucho por avanzar. Sin prisa, pero sin pausa, sin aspavientos ni avisos presuntuosos, con la convicción que la integración fluvial con la Argentina es una acción permanente.
El Poder Ejecutivo pretende consensos en el oficialismo para lograr en este período de gobierno la aprobación de una ley que brinde mayor seguridad e independencia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado para la búsqueda de información sobre detenidos desparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985)…… Búsqueda N°2028 – 11 al 16 de julio 2019
Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Foto: Pablo Vignali (archivo, diciembre de 2016)
“Empieza a haber un consenso sostenido de la necesidad de legislar” al respecto, dijo Felipe Michelini.
Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de
Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), se reunieron ayer con el
prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y con la bancada de
diputados del Frente Amplio (FA) para contar cómo han sido los casi
cinco años de trabajo del grupo.
Ayer, Michelini había comentado a la diaria que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que no sea el Poder Ejecutivo y que tenga “otro nivel de autonomía”. Tras el encuentro, contó que hubo una excelente recepción por parte de los legisladores y “un entendimiento …
Desde
el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia plantean que la búsqueda de
detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que
no sea el Poder Ejecutivo y por lo tanto que tenga otro nivel de
autonomía.
Así lo plantearon en la víspera en un
encuentro con el Prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo y la
bancada de diputados del Frente Amplio en el marco de los casi cinco
años de funcionamiento del grupo de trabajo.
En comunicación con
INFO24 Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia dijo que de esta forma se podría cumplir mejor la tarea de la
búsqueda de desaparecidos.
Michelini aseguró que hubo buena
recepción por parte de los legisladores quienes reconocieron que el tema
debería estar en agenda y adelantó que la próxima semana se reunirán
con la bancada de senadores del Frente Amplio para plantearles el
asunto.
Se llevó a cabo el seminario “Impactos del Procedimiento de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el desarrollo normativo nacional de Uruguay”, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO en la UdelaR
Las representantes de ese organismo destacaron el valor de estos casos para avanzar en el cumplimiento de derechos en la región.
La actividad contó con la presencia de Felipe Michelini, coordinador
de la Cátedra; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de
Presidencia de la República; Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta
de la CIDH; Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Uruguay; Martín
Sbrocca, representante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del
Uruguay y peticionario en el caso 1224/07 David Rabinovich-Uruguay; Juan
Faroppa, representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo (INDH); y Dianela Pi, directora de Derechos
Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Michelini indicó que este seminario concluye el ciclo «Relatores»
realizado por la Cátedra para cumplir con los cometidos de su Plan
Estratégico y desarrollar temas de interés que afectan la libertad, la
igualdad, la educación en derechos humanos, y el impacto de las nuevas
tecnologías en los derechos humanos. Además, agradeció especialmente la
presencia de Belela Herrera que «tantas veces ha sido un faro en el
camino de la lucha por la dignidad humana».
Al comenzar la moderación de la mesa, Villarreal destacó el
posicionamiento de Uruguay en relación al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Reconoció la importancia que tiene la Comisión para
poder efectivizar los derechos humanos pero también para interpelarnos,
«porque Uruguay a pesar de ser una democracia plena tiene zonas opacas,
entre ellas los delitos de lesa humanidad y la impunidad».
Arosomena de Troitiño explicó que la solución amistosa es un
mecanismo que se utiliza para alcanzar arreglos pacíficos, consensuados y
no conflictivos o contenciosos. Se trata de un proceso que es
facilitado por la Comisión porque constituye un medio eficaz para
alcanzar una reparación de las víctimas de violaciones de derechos
humanos, que está ajustada a sus intereses y a sus necesidades. Destacó
la figura del relator de país que, respetando la voluntad de las partes y
particularmente la posición de la víctima, promueve el uso de este
mecanismo.
Entre los desafíos principales de su implementación está cómo poner
en práctica o hacer efectivo lo acordado por las partes al finalizar el
proceso. También siempre existe una «posibilidad real de desconfianza».
Sin embargo, la Comisión procura actuar como facilitadora de este
mecanismo como un espacio de diálogo, realiza una evaluación del daño
causado y las posibles formas de reparación. Pero la comisionada indicó
que «el proceso comienza, se desarrolla y finaliza estrictamente sobre
la base de la voluntad de las partes».
Más que un trámite
Asimismo, la Comisión tiene la responsabilidad de hacer una
valoración de los logros que efectivamente se alcanzan luego de
establecido un acuerdo. Cuando se llega al cumplimiento total de las
medidas acordadas, entonces concluye su papel de supervisar y finaliza
el trámite ingresado en el sistema de peticiones y casos individuales.
A través de la solución amistosa puede llegarse a medidas de
compensación económica y medidas de reparación o restitución del derecho
afectado, por ejemplo, la libertad de la víctima, la derogación de
determinadas leyes que son contrarias al estándar de protección
establecido por la Comisión, la devolución de tierras, restitución de un
empleo, entre otros. También pueden incluirse medidas de
rehabilitación, cuyo objetivo es asistir a las víctimas en la
recuperación de las afectaciones físicas, psicológicas, o condiciones de
vida que fueron ocasionadas a raíz de los hechos violatorios.
La comisionada Urrejola expresó que con este mecanismo la CIDH «ha
logrado generar un impacto en medidas de satisfacción en verdad, memoria
y justicia». Estas medidas «están ligadas a la relación de la verdad
como primer requisito para alcanzar la justicia y tienen un significado
trascendental en la recuperación de la dignidad y la reputación de las
víctimas».
Repasó varios casos significativos de procesos de solución amistosa,
que llevaron a acciones de reparación, pero además sirvieron «para
reforzar el compromiso estatal de no repetición de violaciones similares
en el futuro». Como ejemplo mencionó el reconocimiento de
responsabilidad, aceptación y disculpa pública por parte de los Estados,
la búsqueda y entrega de restos de las víctimas de violación de
derechos humanos, indemnizaciones, declaraciones oficiales que
restablecen la honra y reputación de la víctima, apelación de sanciones
judiciales o administrativas a los responsables, u homenajes en honor a
las víctimas. Medidas de este tipo se cumplieron en México, Ecuador,
Perú, Colombia, entre otros países.
Nunca más
En procura de dar «garantías de no repetición» de violaciones
similares, los Estados deben adoptar medidas a nivel jurídico, político,
administrativo y cultural. Por eso estos casos pueden tener
«consecuencias estructurales importantes», explicó. Como ejemplos
destacó el caso Juan Carlos de la Torre de Argentina, tras el cual «el
Estado argentino reformó completamente la Ley de Migraciones». Otro
ejemplo notorio refiere a la omisión estatal en la protección a los
menores en Maranhão, Brasil, ante la tortura, mutilación y asesinato
sufridos por un grupo de niños. Además de asumir su responsabilidad y
adoptar medidas de reparación, el Estado comenzó a capacitar a los
policías en la atención a niños y adolescentes. Medidas similares a
estas se tomaron en Chile: luego de la solución amistosa en un caso de
violencia de género, esta temática se incorporó a la formación de los
carabineros.
Con respecto a la Petición 1224/07 David Rabinovich-Uruguay,
presentada ante la CIDH, Urrejola explicó que el peticionario reclamó su
derecho a la información y libertad de expresión, afectados por la
existencia en Uruguay de una ley incompatible con los estándares
internacionales. La relatora afirmó que la Jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a la
información no solamente es «fundamental para la preservación de los
sistemas democráticos», sino también «para la realización de otros
derechos humanos, especialmente en los grupos más vulnerados».
La CIDH sostiene que la gestión estatal de la información pública
«debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe»,
de manera que la transparencia sea la regla general, salvo mínimas
excepciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas
democráticos. La solución del caso uruguayo culminó con la firma de un
acuerdo entre el Estado y Rabinovich, que además del reconocimiento de
la responsabilidad estatal, obligó a una reparación y a la difusión
amplia del caso «como medida de no repetición de los hechos». La
realización del seminario cumple con ese mandato, apuntó Urrejola. A
raíz de este caso, el Estado uruguayo promovió reformas legislativas
tendientes a garantizar y hacer efectivo el derecho de todas las
personas a buscar, recibir y difundir información pública.
Por su parte, Sbrocca se refirió brevemente al caso del periodista
Carlos Dogliani, denunciado en 2004 por difamación a raíz de unas
manifestaciones que realizó sobre el entonces intendente de Paysandú
Álvaro Lamas. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y
la Asociación de Prensa del Uruguay denunciaron el caso ante la CIDH y
en 2009 se arribó a una solución amistosa. Según Sbrocca, esto «marcó un
antes y un después» porque el Estado uruguayo reconoció los derechos
del periodista que habían sido violados y aceptó abonar una
indemnización económica, pero además se comprometió a modificar la Ley
de Prensa y el Código Penal.
Jerarquías
Sobre el caso de David Rabinovich, explicó que en 2006 el periodista
solicitó a la Junta Departamental de San José acceso a información
relacionada a temas presupuestarios, pero ésta se lo negó. Presentó una
acción de amparo ante la Justicia uruguaya que fue rechazada, y
consecuentemente ingresó la petición ante la CIDH por la violación del
Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
consagra el derecho a investigar y acceder a información.
Sbrocca hizo hincapié en el papel proactivo de la Comisión que «fue
clave para que esto no naufragara, porque en varios momentos instó a
continuar la negociación y trató que limáramos asperezas que todavía nos
distanciaban». «Esto demuestra que es una vía muy útil y un mecanismo
muy saludable que nos permite evitar tener que llegar a situaciones
contenciosas que puedan derivar en la Corte Interamericana o en una
condena», concluyó.
En su intervención Faroppa explicó que hace más de 25 años la
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los llamados Principios de
París, mandatando la creación de los Institutos Nacionales de Derechos
Humanos. Se concibieron como instituciones autónomas, independientes y
pluralistas, encargadas de promover y defender los derechos humanos a
nivel nacional. En Uruguay su instalación fue discutida y resistida
durante muchos años, señaló, hasta que fue creada en 2008 y comenzó a
funcionar efectivamente en 2012. Para ello fue fundamental el apoyo de
la sociedad civil, de la cooperación internacional y de algunos sectores
de la academia.
Faroppa destacó que para el INDH resulta fundamental la vigencia de
un Sistema Interamericano de Derechos Humanos «sólido y operativo» con
amplia aceptación de los países. En la región «se presentan desafíos
concretos que ponen en riesgo el principio de no regresividad de los
derechos humanos», puntualizó. Como ejemplo señaló que en Uruguay se
está promoviendo la derogación de la llamada Ley Trans, que ha
significado «un paso importantísimo para consagrar el derecho a la
igualdad y a la no discriminación». Hay sectores de la academia con
posiciones distintas acerca de las normas internacionales, lamentó: para
Faroppa «no se puede poner en duda» que su jerarquía es al menos
constitucional. Es necesario entender que «lo peor que puede pasar con
los derechos humanos es que se naturalicen, pensar que siempre
estuvieron ahí, que desde siempre los Estados los reconocieron»,
concluyó.
Se presentaron más de 60 compromisos en educación en derechos humanos
El 28 de mayo se presentaron los Compromisos en Educación y Derechos
Humanos para el período junio de 2019 a junio de 2020. Todos los
ciudadanos pueden conocerlos y seguir su evolución a través de la
plataforma en línea denominada Mirador. Los compromisos forman parte del
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PNEDH) aprobado por el
Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP).
La presentación estuvo a a cargo de integrantes de la Comisión
Nacional para la Educación en Derechos Humanos (CNEDH) y la Secretaría
de Derechos Humanos (SDH). El PNEDH fue creado para ser implementado por
las instituciones que integran el SNEP: el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP),
la Universidad de la República (UdelaR) y la Universidad Tecnológica del
Uruguay (Utec), así como por otros organismos vinculados a la
educación.
En representación de la UdelaR, el prorrector de Enseñanza Juan
Cristina señaló que el tema de los derechos humanos es muy sentido para
la institución y resaltó la importancia de la educación por ser la única
condición capaz de «hacer la diferencia» porque «la educación es el
único sistema que tenemos de que haya una apropiación social de los
derechos humanos y su significado, sin educación los derechos humanos
son simplemente una declaración formal».
El prorrector manifestó que por la importancia del tema la UdelaR no
podía estar ausente del equipo que se formó con representantes de los
distintos subsistemas de la educación pública. Añadió que la Universidad
ha estado presente a lo largo de los años «en las grandes causas
nacionales de la historia» y esta no ha sido la excepción. Para
finalizar, agradeció la oportunidad de que las instituciones educativas
públicas puedan «manifestar su compromiso legal con los derechos
humanos» y resaltó este tema es «capital para el desarrollo de una
ciudadanía plena que pueda hacer frente a los grandes desafíos que
presenta el siglo XXI».
Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia
de la República, resaltó la importancia del PNEDH: «la construcción del
bienestar, de los procesos democráticos, tienen que ver con la
construcción de los derechos» desde distintos lugares, «como un proceso
efectivo y cotidiano».
Catalogó el momento actual como «dilemático» en lo que respecta a
derechos humanos, ya que existe controversia acerca de porqué valen o
no, y por qué todos los seres humanos del planeta debemos ser
reconocidos como sujetos de estos derechos. En ese contexto señaló el
valor de las acciones del PNEDH esperando que «se transformen en
compromisos que busquen garantizar la construcción de la dignidad de las
personas».
El secretario explicó que el proceso se planteó cuatro ejes
fundamentales: uno es el compromiso operativo voluntario de las
instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Otro de
los ejes refiere a un mecanismo de monitoreo y seguimiento de las metas y
acciones definidas por el compromiso de las instituciones para cuidar
su efectivización. El tercero refiere a un mirador para garantizar el
acceso público a una información veraz y el cuarto eje corresponde a las
mesas de diálogo para desarrollar un proceso de participación de los
ciudadanos en el proceso de construcción de Derechos.
Por su parte, la consejera de Utec Graciela Domato expresó que para
definir su compromiso educativo y de derechos humanos, parte de la unión
entre la postura de Uruguay en derechos humanos y los objetivos de
desarrollo sustentable en los que se encuentra trabajando la Utec.
La preocupación central de esa institución en lo que refiere a la
concreción de compromisos educativos es «priorizar la mejora continua de
la calidad de la educación para posibilitar una mayor igualdad de
oportunidades para un mayor desarrollo social y económico sustentable a
nivel local, regional y nacional», señaló. Agregó que la Utec tiene por
objetivo potenciar su rol descentralizador que permite, junto con la
UdelaR, facilitar el acceso de los estudiantes del interior a una
educación terciaria de calidad y extender este papel a todo el país.
Otro de los objetivos de la Utec es realizar procesos que garanticen la
descentralización como la acreditación de saberes, apoyo pedagógico
estudiantil y trabajo en proyectos reales.
Domato remarcó que la Utec también está comprometida con la promoción
de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de las
personas, como uno de los medios más importantes para alcanzar mayores
niveles de equidad y de reducción de las desigualdades de género.
En tanto, la directora de Derechos Humanos del Consejo Directivo
Central (Codicen) de la ANEP, Verónica Mazza, resaltó la importancia y
el éxito del PNEDH «por el trabajo colectivo de largo tiempo que
continúa en el presente en la forma de concretar los acuerdos alcanzados
en el plan». Informó que ANEP junto con todos los subsistemas viene
trabajando en propuestas específicas en la CNEDH, con el fin de que «los
derechos sean hechos y que el plan atraviese a toda la trayectoria
educativa de los estudiantes a través del Sistema de Protección de
Trayectorias Educativas». Añadió que este año el Sistema ha dado un paso
más incluyendo en la protección de trayectorias a estudiantes de las
poblaciones afro y trans.
La Ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz valoró la
importancia del PNEDH y resaltó la necesidad de garantizar su concreción
en las instituciones y en el pensamiento, valores y hábitos de sus
actores.
Muñoz manifestó que «se ha avanzado muchísimo» en el tema derechos
humanos. Señaló que si bien se han atendido los derechos de las personas
en situación de discapacidad y sus posibilidades de acceso a lugares
públicos y desplazamiento por la ciudad, «aún hay edificios de educación
pública que hoy no cuentan con accesibilidad completa porque fueron
pensados en un momento en el que no estaba reconocido este derecho y por
eso es necesario seguir avanzando».
La ministra indicó la necesidad de que el PNEDH sea presentado por
todas las instituciones que tienen la responsabilidad de educar.
Asimismo, es necesario que estas instituciones «construyan en conjunto
la responsabilidad de monitorear y hacer un seguimiento de lo que se
entiende la mejor práctica educativa, para que los objetivos del plan
sean puestos en práctica». Para la ministra si no hay monitoreo los
planes muchas veces quedan en «buenas intenciones».
Representantes de la CNEDH y la SDH presentaron los compromisos.
Fernando Willat, integrante del equipo técnico de la SDH explicó que el
plan fue implementado porque «necesitamos una política pública para
construir cultura en derechos humanos».
En este sentido, recordó una frase del sacerdote y activista por los
derechos humanos Luis Perico Pérez Aguirre: «Todos hemos sido y seguimos
siendo mal educados en derechos humanos». En referencia a esa
expresión, Williat señaló que «de alguna manera hemos recibido una
educación que no es la que nos construye una subjetividad del sujeto
comprometido con la dignidad de todas las personas, para construirla es
necesario abrirse a un encuentro con el otro desde las diferencias y a
una construcción común, asumiendo la mirada y el sentimiento de aquellos
que están en las situaciones más vulnerables».
Enfatizó que por eso el desafío que se tiene por delante «es enorme
para construir una política pública y hacer un Estado garantista de los
derechos humanos y en particular un Estado para educar en derechos
humanos». Williat explicó que con el PNEDH se pretende construir
estrategia nacional para educar en derechos humanos que defina planes de
acción, y que tenga incorporado mecanismos de participación y acceso
público a la información. Para poder concretar el plan, que se presentó
en 2016, «se desarrolló un proceso participativo en todo el país y allí
recogimos las opiniones de los actores de la educación sobre la
educación que tenemos y que queremos tener».
En ese marco se comenzaron a pensar acciones conjuntas entre la
comisión y la SDH «pasar de un documento de mirada estratégica a
traducirlas en acciones», indicó. Hubo varios avances, pero desde la
comisión consideraron que no eran suficientes y decidieron presentar un
compromiso en el marco del Plan Nacional de Gobierno Abierto impulsado
por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el
Conocimiento (AGESIC). Este compromiso consistía en «crear una
convocatoria a la presentación de compromisos voluntarios de planes de
acción de educación en derechos humanos que las instituciones ya
estuvieran haciendo o se propusieran hacer».
Williat explicó que la articulación entre las instituciones «ha
permitido potenciar las fortalezas y capacidades y evitar superponernos,
así estamos concretando distintos proyectos interinstitucionales».
Macarena Gómez, representante del MEC en la comisión, presentó la
sistematización de los 62 compromisos que se presentaron: 16 de
organismos estatales, seis de la sociedad civil organizada, dos en
articulación entre sociedad civil y el Estado y uno de un organismo
intergubernamental. Señaló que esto es importante ya que «no solamente
se presentaron instituciones cuyo fin es la educación, sino también
otras con sectores o áreas que trabajan en educación en derechos humanos
o que pretenden realizar acciones».
Gómez señaló que el 34,7% de los compromisos se enmarcaron en el
objetivo 1 de plan que consiste en promover la cultura en derechos
humanos, el 23,5% en el objetivo 2, que pretende una convivencia en
clave de derechos humanos, mientras que el 24,7% en el objetivo 3 que
involucra a los actores estratégicos y el 17,1% en el objetivo 4 que
impulsa crear una institucionalidad en educación en derechos humanos.
Muchos compromisos se enmarcaron en más de un objetivo.
Desde la CNEDH realizaron una interpretación de las categorías donde
los compromisos quedaron comprendidos según temas específicos de
derechos humanos: diversidad cultural y étnico-racial; género y
diversidad sexual; perspectivas generacionales; memoria, verdad y
justicia; ambiente y territorio; información y comunicación;
discapacidad; contexto de encierro; salud mental y otros. En la
categoría «otros» según explicó Goméz «quedaron comprendidos 15
compromisos que abarcan temas como políticas públicas con enfoque de
derechos, transversalización del enfoque de derechos en prácticas y
formación en educación en derechos humanos, por tanto tendremos que
repensar esa categoría».
Estos compromisos quedaron registrados en una plataforma en la que se
puede ver el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los
planes de acción. Esta plataforma se llama Mirador y fue presentada por
Darwin Barrios, representante de AGESIC, quien explicó que «es una
herramienta de transparencia a través de la cual se busca aumentar la
visibilidad en el proceso de cumplimiento de los planes de acción y le
permite a la ciudadanía realizar un control social de los avances en los
compromisos asumidos y cada una de las metas».
En el Mirador los 62 compromisos están sistematizados y disponibles
para toda la ciudadanía, «esto permite que todo ciudadano pueda acceder
en cualquier momento desde cualquier dispositivo y conocer el estado del
compromiso con el cual se siente identificado» señaló Barrios. Agregó
que «se podrán ver los avances y establecer un vínculo entre los
organismos del Estado con la sociedad, acceder a mayor información y
realizar consultas».
Para finalizar la presentación, Luján Criado, representante de la UdelaR, remarcó que con estas acciones se busca «darle continuidad al Plan hacia la institucionalidad y poder generar un cambio cultural». Señaló la importancia de la plataforma Mirador ya que «es un ejemplo de transparencia pública porque se le está mostrando a la ciudadanía lo que están haciendo, no sólo las instituciones educativas sino también el resto del Estado y la sociedad civil». Concluyó que «esto no termina acá, recién empieza», e invitó a las organizaciones e instituciones a seguir participando del PNEDH porque «vamos seguir recibiendo compromisos».
Felipe Michelini, président du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, dénonce, dans une tribune au « Monde », l’actuelle hostilité des Etats-Unis envers cette juridiction créée en 1998…..
El titular de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Felipe Michelini, destacó que el proyecto de dragado y mantenimiento del canal Martín García aportó acumulación de conocimientos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros. El funcionario sostuvo, en una conferencia referida al canal Martín García, que su mantenimiento, asegurado por diez años, facilitará la proyección económica de los operadores.
Conferencia “Desafíos del puerto de Nueva Palmira con el canal Martín García a 34 pies de profundidad”
“Hoy podemos afirmar que está culminada la primera etapa de
dragado del canal Martín García (que realizó el consorcio
belga-holandés Boskalis-Dredging International), que comprendió la
profundización a 34 pies (10,36 metros) en fondos blandos y 38 pies
(11,58 metros) en fondos duros”, afirmó Michelini este viernes 3, en
Montevideo, en el marco de la conferencia “Desafíos del puerto de Nueva
Palmira con el canal Martín García a 34 pies de profundidad”.
Además de Michelini, expusieron el subsecretario de
Transporte y Obras Públicas, Jorge Setelich, el director general de
Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Amorín, el presidente de la
delegación argentina de la CARP, Jorge Herrera Vegas, el gerente general
de la Administración Nacional de Puertos, Alejandro Antonelli, y la
integrante de la Secretaría General, Liliana Peirano.
El contrato entre la CARP y el consorcio adjudicatario fue
suscripto el 1.º de febrero de 2018, tras el llamado a licitación
pública internacional para la profundización y mantenimiento del canal,
por cinco años, prorrogables por un lapso similar. El canal tiene una
extensión de 106 kilómetros, se localiza en aguas de uso común del Río
de la Plata y se extiende desde la desembocadura del río Uruguay hasta
su encuentro con el canal de acceso al puerto de Buenos Aires. La obra
demandó una inversión de 129 millones de dólares aportados con recursos
propios de la CARP.
“Un plazo de diez años, nos parece un período importante
para la proyección económica de los operadores del sector”, puntualizó.
“Nos queda la opción de que si la relación con la empresa no va en buena
dirección, podemos llamar a otra licitación internacional con las
mismas características, transparente y competitiva”, añadió.
La remoción de sedimentos y fondos duros permitirá que cada
buque de los que navegan el canal pueda transportar 5.000 toneladas
adicionales, lo que representa un ahorro de costos sustantivo para las
compañías navieras.
Requisitos ambientales al máximo de las exigencias
Michelini sostuvo que el organismo binacional informó a todos los
operadores de ambas márgenes la concreción de la obra, entre otras
formalidades. “Ahora nuestro desafío es mantenerla en los próximos
cuatro años”, aseveró.
El funcionario dijo que la delegación uruguaya propició
cuatro presencias en el Parlamento nacional para informar a los
legisladores de los partidos políticos allí representados sobre el
proyecto, además de las jerarquías de la Cancillería y otros organismos
estatales.
La segunda responsabilidad es que “el mantenimiento se
tiene que realizar en el marco estricto del contrato suscripto con la
empresa concesionaria, que ha cumplido muy bien con el contrato y que
aporta un sentido cooperación entre las partes y de control, en el
sentido de que ellos tienen que cumplir con que el canal se mantenga a
esas profundidades”, señaló Michelini.
Un tercer aspecto, es que “el mantenimiento se desarrollará
en el marco de las condiciones ambientales que garanticen la
sustentabilidad del recurso hídrico y, en esta línea, esta licitación
fue clave, porque establecimos requisitos ambientales al límite de las
exigencias. Entendimos que no debíamos flexibilizar las condiciones”,
observó.
El jerarca destacó que “el proyecto aportó una importante
acumulación de conocimientos jurídicos, técnicos, administrativos y
financieros, que nos permite realizar convocatorias tan importantes, con
solvencia y transparencia”.
“El marco jurídico que diseñamos permitiría que si las autoridades (nacionales de ambos países) entendieran que es necesario profundizar el canal (Martín García) a 36 pies (10,97 metros), se pueda realizar, aunque hoy no está en nuestro horizonte”, sostuvo Michelini.
Al asumir el gobierno en 2015, el presidente Tabaré Vázquez creó la
llamada comisión Verdad y Justicia, a la que le encomendó la tarea de
investigar y recolectar información respecto a los desaparecidos durante
la dictadura militar.
La trascendencia pública del contenido de las actas del Tribunal de
Honor Militar, que desató una crisis política y militar en las últimas
semanas, lleva a preguntarse cómo continuará el trabajo de ahora en más
en el marco de este grupo conformado durante este período de gobierno
más allá de lo que la Justicia desde la Fiscalía de Crímenes de Lesa
Humanidad está investigando.
Felipe Michelini, integrante de la comisión Verdad y Justicia, dijo a
Así nos va que «hay una continuidad, con avances y retrocesos, del
esclarecimiento de verdad, memoria y justicia».
El exdiputado del Frente Amplio consideró que el grupo de trabajo por
Verdad y Justicia «ya tiene un diseño que está agotado» y señaló que de
siete representantes que integraban la comisión en su origen
actualmente se mantienen tres. «El nuevo gobierno – sea el que sea – va a
tener que asumir el tema del pasado reciente, que es muy doloroso y los
uruguayos no lo hemos podido resolver», sostuvo.
«No nos informaron, [sobre la documentación del Tribunal de Honor] la
mantuvieron en el ámbito reservado del Ministerio de Defensa y
eventualmente Presidencia de la República», dijo Michelini y acotó:
«Cuando entendemos que hay necesidad de una documentación la solicitamos
y generalmente tenemos acceso».
«Mi preocupación no es estar determinando las complicidades, mi
preocupación es el esclarecimiento de los hechos», sostuvo el integrante
de la comisión y agregó: «La búsqueda de responsables no los va a
decidir el grupo de trabajo por Verdad y Justicia, lo va a decidir un
juez».
A partir del cese y las críticas de Guido Manini Ríos, el doctor Felipe Michelini explicó cómo ha trabajado el Poder Judicial en las causas vinculadas al pasado reciente.
