Así lo informó, Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Según el testimonio de la mujer, Quinteros habría sido enterrada en el Batallón 13.
Sala de Redacción habló con Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, sobre el proyecto de ley que busca pasar sus funciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
El proyecto entró en el Parlamento el 12 de agosto y estipula que la búsqueda de aquellas personas que hayan desaparecido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 será responsabilidad de la INDDHH. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo en conferencia de prensa ese mismo día que se consultó a actores sociales y se evaluó “la necesidad de generar una institucionalidad sólida, permanente, con independencia y autonomía”. En esta misma línea, Michelini dijo que se consultó con familiares de detenidos desaparecidos y con organizaciones sociales como Crysol (asociación de ex pres@s políticos del Uruguay), y que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “no sólo fue consultado sino que fue impulsor de esta iniciativa”.
Además, Michelini explicó que a la INDDHH “se le van a dar poderes para citar, intervenir, actuar, de una manera que nosotros no podemos hacer; eso me parece permitirá hacer una investigación muy consistente en los 196 casos de detenidos desaparecidos”. El proyecto de ley permitirá a la INDDHH realizar inspecciones con o sin previo aviso, entrevistar a autoridades, pedir informes, examinar documentos y copiar archivos de inteligencia, entre otras facultades. Al funcionario que impida el acceso o se niegue a entregar documentación, se le podrá aplicar el delito de desacato. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia fue creado en 2015 para investigar el paradero de los detenidos desaparecidos. Actualmente, está compuesto por Michelini y Pedro Sclofsky. El grupo “dejará de existir una vez que se dicte y se reglamente la ley”, dijo Michelini a Sala de Redacción, y agregó: “el grupo como tal tenía como fecha de vencimiento el 1º de marzo de 2020”. Sin embargo, Michelini afirmó: “sin duda nosotros vamos a seguir colaborando en todo lo que necesite la Institución Nacional o eventualmente quien venga después de nosotros ”.
El gobierno departamental de San José interpretó en el año 2006, erróneamente y contrario a derecho, que la Ley Orgánica Municipal permitía un secreto de las actuaciones administrativas sin justificación alguna. Rabinovich llevó el asunto primero a los tribunales uruguayos y luego de la negativa de estos de obligar a dicho órgano público a informar, como correspondía, se presentó el asunto ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Petición 1224-07, alegando la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra la libertad de Pensamiento y de Expresión en particular la de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. El sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos es uno complejo que se basa desde el punto de vista normativo en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos en coordinación con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde el punto de vista orgánico coexisten con diversos cometidos la mencionada CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es generalmente conocido que, si existe una violación de derechos humanos en un país miembro de la OEA, es posible acudir a través del sistema de peticiones y quejas a la Comisión Interamericana, si fueron interpuestos y agotados los mecanismos internos para la protección del derecho vulnerado. Cumplidos los requisitos de admisibilidad, que son relativamente sencillos, la Comisión procede a través de un mecanismo de consulta con el Estado denunciado, a estudiar el fondo del asunto y posteriormente resolverde acuerdo a los fundamentos expresados entre el denunciante y el Estado y a las pruebas aportadas. Sin embargo, en el camino existe la posibilidad de que la CIDH promueva lo que se denomina una Solución Amistosa. Es decir, un acuerdo entre el denunciante y el Estado, que sin vulnerar las normas sustantivas del sistema puede llegar a finalizar la controversia. Tal situación es el caso de la en la que el denunciante, el periodista David Rabinovich y el Estado uruguayo acordaron en octubre de 2017, los términos para resolver el caso. Uruguay reconoció que se habían vulnerado los derechos del periodista y de la ciudadanía, pero que desde esa fecha había habido avances en el tema. Asimismo, la Comisión Interamericana, el peticionante y el peticionado, acordaron difundir el acuerdo como parte de la solución. En este sentido la conferencia organizada por la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, en la sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. La presencia en nuestro país de la Presidenta y de una Comisionada de la CIDH, la panameña Dra. Esmeralda Arosemena de Troitiño y la chilena Dra. Antonia Urrejola respectivamente, resaltó el cumplimiento de esta parte del acuerdo. La sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. El acuerdo amistoso, Rabinovich y Uruguay, tiene importantes consecuencias. Por una parte, corrige la actuación del Estado en el sentido que hace una adecuada interpretación de las normas legales que posibilitan el acceso de la información a la opinión pública. Por otro pone a nuestro país en la correcta dirección de orientar la acción del Estado al cumplimiento de sus obligaciones y no de obstaculizarlos y en tercer lugar muestra que es posible trabajar con el sistema internacional en este caso el regional para mejorar la vigencia de los derechos humanos. El cambio de actitud es necesario subrayarlo. Había una época, incluso en democracia, que nuestro país se negaba a que sus actos y políticas públicas fueran objeto de escrutinio de los organismos de supervisión intergubernamentales. Más de una vez se escuchaba que a las democracias no se le ponen condiciones en la materia, como si pudiese concebirse un régimen democrático sin una cabal y plena vigencia de los derechos humanos. La actitud principista y consecuente de un trabajador de la prensa, reflejada en este caso, fue de vital importancia al momento que se legisló sobre el acceso a la información pública devenida en la Ley ° 18 381 de octubre de 2008. Hoy, el espíritu de cooperación y colaboración es la regla y no la excepción. Se refleja en la invitación abierta a todos los mecanismos de supervisión existentes y sin condiciones, en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, la presentación en tres oportunidades del Examen Periódico Universal más una voluntaria de medio tiempo en ese ámbito. Compromiso que se muestra en la defensa del sistema internacional de protección tanto el universal como el regional y la voluntad de Uruguay de cooperar en todo para la plena vigencia de los derechos humanos. También en la difusión de la solución amistosa en el caso Rabinovich. Por lo que hay que seguir atentos y vigilantes para una sociedad donde haya derechos y cada uno cumpla con sus deberes. En tanto están vigentes, muchas veces, no los valoramos adecuadamente, y cuando faltan, hay que trabajar mucho para restablecerlos.
Semanario Búsqueda: 17 AL 24 DE JULIO DE 2019
Entrevista de Juan Pablo Mosteiro y Juan Pittaluga
A comienzos del segundo gobierno, Tabaré Vázquez designó a un grupo de personalidades para dirigir la búsqueda de los desaparecidos entre 1967 y 1985 y otra serie de cometidos detallados por decreto. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia quedó integrado por Ignacio Errandonea como representante de la organización de familiares de desaparecidos, la diputada oficialista Macarena Gelman, el exdiputado y exsubsecretario de Educación oficialista Felipe Michelini, y Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota en representación de diferentes expresiones religiosas presentes en la sociedad. Hoy solo quedan dos de los siete integrantes, Michelini y Sclofsky, y el primero, actual coordinador del grupo, dice haber quedado “con gusto a poco” con su labor, porque no pudo esclarecer ninguno de los 196 casos que investiga desde 2015.
Abogado especializado en derechos humanos y derecho internacional, Michelini echa las culpas a un “pacto mafioso de silencio” que involucra a militares y civiles, pero concentra las críticas en el Poder Judicial, al que acusa de ser demasiado “piedeletrista” y de “no esforzarse” en la búsqueda de desaparecidos, aceptando “todas las chicanas” de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Michelini con Búsqueda.
—¿Qué balance hace de la labor del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en estos cinco años?
—La iniciativa del presidente Tabaré Vázquez fue hacer un relanzamiento de una deuda que es de toda la sociedad uruguaya y es un compromiso que tiene que saldar el Estado uruguayo. Las novedades fueron la creación del grupo y de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En ese sentido, se ha podido avanzar mucho en el tema de acceso, digitalización y análisis de archivos, entre otras cosas el del Fusna (Fusileros Navales) que permitió ser significativo en la apelación del juicio del Plan Cóndor en Roma. Pero el balance es con gusto a poco, sin duda.
—¿Por qué “gusto a poco”?
—Porque no pudimos esclarecer la situación de los 196 casos de detenidos desaparecidos, aunque hemos tenido algunos puntos parciales pero importantes, como ubicar la detención y entrega ilegal de los ciudadanos argentinos Rafaela Filipazzi y José Potenza. Pero, ¿encontraste algún cuerpo? No. Me hubiera gustado entonces dar una respuesta a los 196 familiares de la lista de detenidos desaparecidos, de qué pasó y de poder entregarles un cuerpo. Gusto a poco porque me hubiera dado satisfacción dar más respuestas, pero no fue por falta de voluntad ni tampoco por falta de medios. Seguiremos buscando.
—De las siete personas que designó el presidente en 2015, solo quedan dos. ¿Hubo problemas de funcionamiento del grupo?
—Han habido defecciones por diversas razones, que no las ocultamos, pero es parte de una fragilidad que se suma a la fragilidad institucional. El profesor Mario Cayota fue designado embajador en Roma y contribuyó en Roma con los archivos del Vaticano. Ademar Olivera por razones de salud no podía continuar. El representante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos fue retirado por críticas de esa organización en relación al accionar del Poder Ejecutivo respecto a las Fuerzas Armadas. La situación de Susana Andrade se dio por las mismas razones. Y la de Macarena Gelman se dio en términos muy amigables.
—Pero también hubo críticas respecto a la politización interna, las diferentes estrategias, la inoperancia o la falta de agilidad del grupo.
—Las razones para las salidas de sus integrantes han sido varias y esas críticas no las escuché de quienes se fueron. El representante de Madres y Familiares se va, pero no por lo que el grupo hacía o dejaba de hacer, y Andrade se fue por esas mismas razones. La falta de agilidad con respecto a los crímenes es del país, con 20 años de impunidad.
—¿A qué se refiere?
—A que la reacción del Estado uruguayo en 1986, cuando el Poder Judicial finalmente podía actuar, fue de decir “espere un momento, no actúe”. Cuando tenía que actuar la Justicia, vino la impunidad. El mensaje durante 20 años fue que el tema no era trascendente, entonces cuando evalúo la gestión de este último tramo no me puedo olvidar de todo lo que viene atrás. El Estado no debió haber barrido bajo la alfombra y dejarse coaccionar por una patota asociada para delinquir que lo que ha hecho es cubrir sus espaldas bajo un pacto mafioso de silencio.
El Poder Judicial en estos procesos nunca dictaminó un allanamiento de las personas sometidas a juicio, ni siquiera las cita. Hay un Poder Judicial que no calibra adecuadamente la gravedad de estos hechos. Y yo lo entiendo porque esto es como la violencia familiar: a nadie le gusta saber que tu papá o tu hermano o tu mamá es una persona violenta. Denunciar eso, poder sobreponerse a eso es decir que las Fuerzas Armadas con la complicidad de los civiles actuaron como un ejército de ocupación. Cuando hay una denuncia de decenas de violaciones de hombres y mujeres, lo lógico es cerrar los ojos y mirar para el costado.
—¿Usted realmente cree que la mayor responsabilidad para la falta de aclaración de los casos es del Poder Judicial?
—El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia hizo todo lo posible, pero si el Poder Judicial acepta todas las chicanas de los abogados de los acusados… y paran los juicios y aceptan que hayan inconstitucionalidades en causas con varios acusados. La última fue que cuestionaron la existencia de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad porque eso prejuzgaba. Fíjense si eso lo aplicaran para el acusado de una rapiña que cuestionara el nuevo Código del Proceso Penal, a la Fiscalía; que le dijeran: “Usted se queda en su casa mientras resolvemos el caso”. ¡Sería un escándalo! Con los asesinos de uniforme ha habido esa atención. Allanamientos solo hubo el de José Gavazzo hace unos meses y el de un militar que había fallecido.
—Lo curioso es que desde el bando militar también se cuestiona a la Justicia.
—Porque las sentencias judiciales son objeto de controversia y discusión. Pero yo tengo muchos argumentos para sostener que lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia con su jurisprudencia ha sido minimizar estos hechos: minimizarlos, no proceder. No hay directivas claras para actuar y resolver el tema. Entonces realmente es un Poder Judicial piedeletrista y que ha puesto como lo más importante algunos elementos del derecho penal garantista que acá no se aplican.
La jurisprudencia internacional, la experiencia internacional, debería ser aplicada. Si encontráramos aquí a un acusado de crímenes nazis lo procesaríamos y lo extraditaríamos, pero si aplicáramos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este tema lo dejamos en la casa. Lo que digo es elemental. Para los criminales comunes no hubo leyes de caducidad, no les siguen pagando los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, no los siguen atendiendo en el hospital Militar.
—¿Qué piensa de la actuación de Presidencia en el trámite de los fallos del Tribunal de Honor militar que juzgó a Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente?
—Yo no tengo que hacer ningún juicio de eso, ya tuvo discusión parlamentaria. No me corresponde hablar de ese asunto. Lo que yo digo es que a la justicia se avanza por distintos caminos. Uno es a través del Poder Legislativo, que con dificultades removió escollos legales que había. Otro es el Poder Ejecutivo, que hizo su parte y ha intentado cumplir dando información a las víctimas y colaborando con los juzgados. Pero al Poder Judicial no lo veo que esté actuando.
Las herramientas que tiene el Estado para actuar no las ha usado. Si usted depende de los criminales para esclarecer cualquier delito, no va a esclarecer nunca un delito, más con estos criminales que se han aprovechado de la estructura del Estado. Me parece que no se ha esforzado el Estado uruguayo.
—¿Cuáles son esas “herramientas” que el Estado no ha usado?
—Lo que yo digo es que el Estado tiene mecanismos para actuar. Si nosotros consideramos que no es justo que el Estado se haya arrogado el derecho de secuestrar a 196 personas y eliminar sus rastros y además amparar a los perpetradores, deberían hacer algo. Si en vez de 196 personas fuesen 196 inmuebles estoy seguro de que habría una reacción, habría investigaciones administrativas… Yo identifico que hoy hay un Poder Judicial que no se esfuerza en el asunto.
—Usted habla de impunidad, de pactos de silencio, de carencias del Estado y de inacciones de la Justicia. Sin embargo, no dirige ninguna crítica a los gobiernos del Frente Amplio…
—La izquierda tiene sus contradicciones, un partido que representa al 50% de la sociedad tiene el 100% de las contradicciones en todos los temas. Pero desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo de intentar resolver el tema. Se siguió una lógica de decretos y se interpretó la normativa vigente de forma de permitir los juicios y las condenas, ya con algunos elementos adversos: el paso del tiempo y el pacto mafioso de silencio en los perpetradores, que fueron tratados como personas honorables, que no fueron tratados como delincuentes. Desde esa perspectiva es que se pudo recuperar la pretensión punitiva y se despejó el camino judicial con la aparición de cuatro cuerpos, entre ellos el de Julio Castro que era una figura reconocida en la sociedad uruguaya, y de alguna manera se abría la senda de la identificación de los cuerpos de detenidos desaparecidos.
Pero en definitiva nos encontramos que, una vez resuelto por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no ha actuado con la severidad que estos crímenes ameritan y los trata como delitos comunes y no como lo que todo el mundo sabe en el Uruguay, que fueron crímenes del Estado amparados hasta el día de hoy en el aparato estatal.
—Menciona que desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo en la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero un primer paso se dio en el gobierno de Jorge Batlle. ¿Para usted esa apertura no significó un quiebre en la búsqueda de justicia?
—No. La presencia en el gobierno de Jorge Batlle para mí es el acto simbólico de recibir a familiares de detenidos desaparecidos y de crear la Comisión para la Paz. A partir del lenguaje, demuestra claramente que la voluntad política era importante pero prudente, muy tímida, es un eufemismo para identificar a los detenidos desaparecidos. Fue una impronta importante, pero no un quiebre cualitativo. Lo cierto es que la llegada del Frente Amplio significó un cambio radical en materia de abordar el pasado reciente.
—Con el aval del Poder Ejecutivo usted impulsa ahora que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia tenga una nueva institucionalidad. ¿Qué se pretende?
—Lo que estamos planteando ahora es que la búsqueda de detenidos desaparecidos esté situada en una institución que tenga niveles de independencia con relación al Poder Ejecutivo. Estar bajo el paraguas del Poder Ejecutivo tiene beneficios, pero también inconvenientes, y nosotros creemos que hay que dar un paso cualitativo, salir de la lógica del decreto y pasar a asumir este cometido de búsqueda de detenidos desaparecidos desde otro lugar. Se necesita una ley para crear una entidad estatal por fuera del Poder Ejecutivo que permita, entre otras cosas, convocar a personas que tienen información relevante para que brinden testimonio y si no quieren venir lo tengan que hacer igual. Tendríamos un cometido explícito. Si se legisla habrá un mandato legal explícito y determinado en cómo continuar esto. Cuanto antes mejor.
—La idea es aprobar esa ley antes del 1º de marzo. ¿Le preocupa que un futuro gobierno no frenteamplista ponga freno a este trabajo?
—Ahora todo el mundo dice que la causa de los desaparecidos es sagrada, así que supongo que no es una mentira y nadie se opondrá a este claro mensaje político a través de una ley.
—¿Qué podría lograr esa nueva institución que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no pudo?
—Lo que se puede hacer es una investigación a fondo de los 196 casos y poder encontrar documentación como en el caso de Filipazzi y Potenza, que demostraba el involucramiento de militares uruguayos en el Plan Cóndor. Este tipo de delitos salen a flor mucho después. Los sobrevivientes del nazismo no querían contar y hablaron 20, 25 años después. Estas son personas que piensan que estuvo muy bien lo que hicieron, que no deberían tener ninguna punición legal o ética, que lo volverían a hacer y que deberían ser reconocidos como patriotas. Esa es su versión de los valores. Y ese pacto mafioso del silencio ha sido alentado: a muchos de los militares se los defendió en el Senado, se los ascendió, no hubo una depuración de las Fuerzas Armadas, se los valoró.
—¿Cree que esta institución podrá superar ese pacto mafioso? ¿No teme que pase el tiempo y se mueran quienes saben los secretos y se los lleven a la tumba?
—Sí, claro, por supuesto… Es una lucha contrarreloj, por eso hemos luchado tanto para que esto se pueda avanzar. Por eso creo que este impulso va en la buena dirección.
https://donde-estan.com/busqueda-un-reportaje-a-felipe-michelini/
El Poder Ejecutivo pretende consensos en el oficialismo para lograr en este período de gobierno la aprobación de una ley que brinde mayor seguridad e independencia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado para la búsqueda de información sobre detenidos desparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985)…… Búsqueda N°2028 – 11 al 16 de julio 2019
https://www.busqueda.com.uy/nota/impulsan-ley-para-la-busqueda-de-detenidos-desaparecidos
Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), se reunieron ayer con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y con la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) para contar cómo han sido los casi cinco años de trabajo del grupo.
Ayer, Michelini había comentado a la diaria que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que no sea el Poder Ejecutivo y que tenga “otro nivel de autonomía”. Tras el encuentro, contó que hubo una excelente recepción por parte de los legisladores y “un entendimiento …
Desde el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia plantean que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que no sea el Poder Ejecutivo y por lo tanto que tenga otro nivel de autonomía.
Así lo plantearon en la víspera en un encuentro con el Prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo y la bancada de diputados del Frente Amplio en el marco de los casi cinco años de funcionamiento del grupo de trabajo.
En comunicación con INFO24 Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia dijo que de esta forma se podría cumplir mejor la tarea de la búsqueda de desaparecidos.
Michelini aseguró que hubo buena recepción por parte de los legisladores quienes reconocieron que el tema debería estar en agenda y adelantó que la próxima semana se reunirán con la bancada de senadores del Frente Amplio para plantearles el asunto.