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Categoría: Prensa

La última frontera: Martín García y Timoteo Domínguez

La última frontera: Martín García y Timoteo Domínguez

Este artículo trata de dos islas bien diferentes pero hermanadas entre sí: Martín García y Timoteo Domínguez. Entre ellas se encuentrala única frontera terrestre entre Argentina y Uruguay. Límite que es una muestra simbólica del sentimiento de hermandad, entre argentinos y uruguayos.

El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo celebrado en 1973, tuvo como propósito esencial dar una solución definitiva a la jurisdicción del Río y aceptar que el mismo era, es y será parte esencial de ambos pueblos. En una de sus cláusulas principalesse definió la jurisdicción de las islas del río. Estas estarían en una u otra según se hallaren al este (Uruguay) o al oeste (Argentina) de la línea trazada entre distintos puntos geográficos establecida en el propio tratado. Sin embargo, a la Isla Martín García se le otorga en el acuerdo binacional, un tratamiento diferenciado. No fue casualidad ya que la isla tenía una histórica ubicación estratégica que permitía el control del Río de la Plata, y por ende los ríos afluentes del Paraná, Paraguay y el Uruguay. Desde el inicio de la exploración, conquista y colonización del Río de la Plata, la isla estuvo en el epicentro de la lucha por la dominación del medio marítimo. La isla fue denominada por el explorador Solís porhaber sido enterrado allí, su despensero. Alcanza una extensión aproximada de unas 200 hectáreas y una conformación rocosa que la distingue en el entorno. Es evidente que su ubicación geográfica es más cercana a la costa oriental, a pocos metros de la proa de Martín Chico en el Departamento de Colonia. La Martín García fue disputada por todas las fuerzas que ocuparon la política y la guerra en la región: realistas, independentistas, brasileños, franceses argentinos y orientales, unitarios bajo el mando de Giussepe Garibaldi y fuerzas federales.  Finalmente, las fuerzas argentinas consolidan una presencia fáctica desde la mitad del siglo XIX. La actitud de Uruguay siempre fue de contestar y resistir la ocupación de hecho por parte de las fuerzas argentinas desde su ocupación efectiva en 1853. La posición argentina contrariamente, sostenía que la continuidad en la ocupación efectiva y títulos del Virreinato, le daba derechos sobre el territorio. Más allá de la cuestión jurídica, Argentina le fue dando diferentes usos: prisión, leprosario, espacio de cuarentena, base militar. A la fecha del tratado en 1973, se había convertido en una parte importante de la logística de la Armada argentina y disponía allí de un fuerte contingente. Fue sin duda la resolución sobre qué hacer con la isla Martín García, el aspecto más polémico del Tratado. La solución fue dejar la jurisdicción argentina sobre la isla, pero con restricciones establecidas por el propio tratado: reserva natural para la conservación de la fauna y flora autóctona, sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), incluido el Parque de homenaje a los héroes comunes. Asimismo, se previó en el texto del tratado dos posibles situaciones futuras: se protege el límite de la Martín García si esta se uniera a otra y se prevé que, si por aumento de la Isla por vía aluvional se afectara el acceso natural a los canales del Martín García y del llamado del Infierno, estos se mantengan. Era obvio que, en el primer caso, se trataba de la lógica previsión del crecimiento de la Isla Timoteo Domínguez. Esta fue denominada por el último representante del estado oriental en ejercer soberanía en la Isla Martín García. A él se le atribuye la frase que “la bandera oriental ni se arría ni se entrega”, al talar en 1853el mástil para llevárselo en la goleta que lo transportaría a Carmelo. Al principio un pequeño islote casi invisible en la década del sesenta del siglo pasado, pero que con el paso del tiempo fue creciendo de tal forma que hoy tiene una superficie aproximada de unas 200 hectáreas de origen aluvional, pero con arenas blancas en su extremo noroeste. La naturaleza ha tenido un significativo papel nada despreciable al hacerla crecer, sino que además ha abrazado a la isla Martín García. Todo un símbolo de quien fuera el último oriental en ejercer poder en la Martín García, regresara reencarnado en isla a su lugar de partida. Dejando de lado evocaciones, Martín García y Timoteo Domínguez conforman la única frontera terrestre entre Argentina y Uruguay y la última a ser demarcada. A casi 50 años del tratado mucha agua ha pasado por las costas de ambos márgenes. Nuestros países atravesaron una larga noche autoritaria, recuperación democrática, momentos de prosperidad, crisis económicas, sociales y políticas y gobiernos de todos los colores. A su vez, la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, con sus drones y satélites, ha determinado que la importancia de la Martín García como elemento estratégico haya perdido valor. A su vez, no es menor que haya concluido la histórica rivalidad militar entre Argentina y Brasil a partir del año 1985. Ello ha tenido como consecuencia positiva que el Río de la Plata no es más un objetivo militar y por ende ha dejado al costado el valor estratégico de la Isla Martín García. Por otra parte, en la actualidad la peculiar historia de la Isla Martín García es apreciada de manera diferente.  En su destino se fueron construyendo diferentes edificios, que en conjunto tienen un valor patrimonial y un valor simbólico porque allí estuvieron recluidos cuatro presidentes constitucionales de la República Argentina Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi.  Asimismo, fue reclusión de prisioneros de los pueblos originarios de la Argentina luego de la “conquista del desierto”.  Siempre se tiene presente la presencia de Rubén Darío y Jorge Luis Borges en la isla.  Todo ello hace que sus edificios e instalaciones hayan sido revalorizadas desde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural. Existe un consenso que la frontera terrestre entre Uruguay y Argentina, de poca extensión, es necesaria demarcarla. Ante tal constatación, los cancilleres de Argentina Jorge Faurie y de Uruguay Rodolfo Nin Novoa dictaron instrucciones a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en mayo del año pasado, para realizar los estudios técnicos que permitirán demarcarla. Ello se cumplió satisfactoriamente en el mes de junio de este año. Falta muy poco para terminar de demarcar y se está trabajando intensamente. Una vez realizada la demarcación, se podrá darle valor a la isla Timoteo Domínguez y seguramente será posible desarrollar en forma combinada con la Martín García proyectos de carácter turístico, siempre respetando el Tratado y preservando el medio ambiente.  Esto sin perjuicio de seguir optimizando el potencial de la sede de la CARP en la Isla Martín García, en la que se han desarrollado en este período reuniones de ministros, de parlamentarios de ambos países y visitas de estudio por parte de Uruguay de su Armada Nacional, del Instituto Artigas del Servicio Exterior y de la Universidad del Trabajo. Ayer parecía imposible estar siquiera cerca de concretar la demarcación y pensar en proyectos entre ambos países aprovechando esta única frontera terrestre y la última por demarcar. Más temprano que tarde, sin prisa, pero con determinación llegará el momento de concretar la demarcación. Seremos protagonistas de un acto de unión y de hermandad entre nuestros pueblos. Es también una oportunidad, para que los uruguayos nos tomemos el tiempo para plantearnos qué hacer con las otras 255 islas de Uruguay tanto en el Río Uruguay, el Río de la Plata, las lagunas, los ríos interiores y el océano Atlántico. Pero ello será motivo de otra reflexión.  

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/8/la-ultima-frontera-martin-garcia-y-timoteo-dominguez/

https://www.uypress.net/auc.aspx?97928

Buscando nueva institución

Buscando nueva institución

Felipe Michelini considera que la INDDHH podrá investigar de manera “muy consistente” sobre detenidos desaparecidos

Sala de Redacción habló con Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, sobre el proyecto de ley que busca pasar sus funciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).

El proyecto entró en el Parlamento el 12 de agosto y estipula que la búsqueda de aquellas personas que hayan desaparecido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 será responsabilidad de la INDDHH. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo en conferencia de prensa ese mismo día que se consultó a actores sociales y se evaluó “la necesidad de generar una institucionalidad sólida, permanente, con independencia y autonomía”. En esta misma línea, Michelini dijo que se consultó con familiares de detenidos desaparecidos y con organizaciones sociales como Crysol (asociación de ex pres@s políticos del Uruguay), y que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “no sólo fue consultado sino que fue impulsor de esta iniciativa”.

Además, Michelini explicó que a la INDDHH “se le van a dar poderes para citar, intervenir, actuar, de una manera que nosotros no podemos hacer; eso me parece permitirá hacer una investigación muy consistente en los 196 casos de detenidos desaparecidos”. El proyecto de ley permitirá a la INDDHH realizar inspecciones con o sin previo aviso, entrevistar a autoridades, pedir informes, examinar documentos y copiar archivos de inteligencia, entre otras facultades. Al funcionario que impida el acceso o se niegue a entregar documentación, se le podrá aplicar el delito de desacato. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia fue creado en 2015 para investigar el paradero de los detenidos desaparecidos. Actualmente, está compuesto por Michelini y Pedro Sclofsky. El grupo “dejará de existir una vez que se dicte y se reglamente la ley”, dijo Michelini a Sala de Redacción, y agregó: “el grupo como tal tenía como fecha de vencimiento el 1º de marzo de 2020”. Sin embargo, Michelini afirmó: “sin duda nosotros vamos a seguir colaborando en todo lo que necesite la Institución Nacional o eventualmente quien venga después de nosotros ”.

El Ejecutivo quiere asignar a la INDDHH la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de su situación

El Ejecutivo quiere asignar a la INDDHH la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de su situación

Presentación del plan de trabajo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ante organizaciones de derechos humanos. (archivo, marzo de 2016) Foto: Pablo Vignali

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Avanza delimitación de la Isla Timoteo Domínguez

Avanza delimitación de la Isla Timoteo Domínguez

El integrante de la CARP Felipe Michelini dijo a Cierre 850 que se las cancillerías recibieron el informe sobre los trabajos los técnicos realizados para la demarcación del límite entre las islas Timoteo Domínguez y Martín García.

Los cancilleres de Uruguay y Argentina avanzan en la elaboración de planes para la demarcación de los límites entre la isla Timoteo Domínguez y la Martín García.

El integrante de la CARP, Comisión Administradora del Río de la Plata indicó que la isla, que se formara en el transcurso de las últimas décadas, tiene potencial turístico que se puede complementar a la Martin García.

La isla Martín García pertenece a Argentina, y es usada principalmente como reserva de fauna y flora. Pegada a ella se encuentra Timoteo Domínguez, que hasta hace 40 años era un pequeño islote, pero por efectos naturales del Río de la Plata, comenzó a crecer y ya se transformó en una isla.

La isla, que pertenece a Uruguay, creció tanto que se pegó a Martín García, por lo que las cancillerías de ambos países solicitaron estudios técnicos para delimitarlas. Esta semana, tras una reunión bilateral, ambos países anunciaron que se acordaron las bases para marcar esos límites territoriales.

A 25 años de la Fundación del Nuevo Espacio: la Construcción de la Esperanza

A 25 años de la Fundación del Nuevo Espacio: la Construcción de la Esperanza

Cinco lustros es mucho tiempo. El Nuevo Espacio celebra este mes de agosto su 25° aniversario. Festejo que como siempre y no podía ser de otra manera, significa redoblar su accionar político y ciudadano: militando y defendiendo sus ideas, movilizando y convocando a participar activamente en construir día a día, la felicidad de su pueblo. 25 años basados en la fuerza de las ideas y de la acción decidida, para construir la esperanza.

La política como arte en búsqueda para transformar la realidad acercándola a un ideal, no está exenta de decisiones y opciones.  Muchas son difíciles, otras involucran los afectos, pero todas ellas han estado animadas en construir una sociedad mejor y no quedarse tan sólo en el lugar calmo del espectador crítico. Una sociedad más igualitaria, más democrática, más libre, más transparente, basada en el trabajo que asegure la mejor calidad de vida a todos los uruguayos y uruguayas, se logra en base a la acción política que la dirige. Nuestra lucha ha sido intensa a haciendo flamear bien alto las banderas del Nuevo Espacio. Se podrá coincidir o discrepar, con las ideas que levantamos, pero no se puede decir que estas no sean explicitas. Al contrario, las presentamos ante la opinión pública,poniéndolas a consideración de la ciudadanía. Siempre desde la perspectiva que la política tiene que estar al servicio de la gente y que más allá de ideologías, la rectitud ética es un principio de la que no hay excusas para apartarse. En el tránsito del camino, hay quienes entendieron que otros horizontes los representaban mejor, pero en cambio, nos hemos encontrado y reencontrado con muchos otros que no estuvieron en la fundación inicial, y se sumaron a construir un destino mejor para los uruguayos. En el éxito o en el fracaso de nuestra capacidad de convencimiento al conjunto del pueblo, hemos participado todos estos años siempre con fe y esperanza en la acción ciudadana, en su capacidad de transformar la sociedad y de erradicar discriminaciones, privilegios e impunidades. En definitiva, de hacer valer la justicia y la libertad. El Nuevo Espacio ha sabido, bajo la conducción y liderazgo de Rafael Michelini, identificar las mejores opciones ante los distintos cruces de caminos en estos 25 años. Del acto de rebeldía y no temerle a la intemperie en 1994 cuando se nos proponía una alianza con la derecha, al concepto que la izquierda vota izquierda en el primer balotaje entre Jorge Batlle y Tabaré Vázquez en 1999, pasando por la construcción de la Nueva Mayoría en 2004 como forma de salir de la crisis y que dio la oportunidad de un gobierno progresista, a la decidida acción frentista, defendiendo a los gobiernos del Frente Amplio desde entonces. Desde nuestra perspectiva de socialismo democrático, a lo largo de estos años siempre hemos promovido la protección de los más vulnerables, la lucha contra la cultura de la impunidad y la búsqueda de la plena vigencia de los derechos humanos, asumiendo cada uno los deberes que corresponden. La igualdad de oportunidades y la defensa de la educación pública, así como la apuesta a la cultura del trabajo y la producción nacional. Todo ello en defensa de la paz y la oposición radical al uso ilegítimode la fuerza como forma de resolver los conflictos en el relacionamiento de los pueblos y naciones. Estas han sido la seña de identidad dentro y fuera del país, pues nuestra inserción dentro del Frente Amplio como de la Internacional Socialista, nunca ha sido impedimento para mantener nuestra independencia de criterio y nuestra voz aún en la discrepancia. La acción y pensamiento de la 99000 es también un homenaje, sin sectarismos ni prejuicios, a la trayectoria, acción y pensamiento de Zelmar Michelini en su defensa de los más humildes, y al mismo tiempo una convocatoria a las nuevas generaciones para sumarse a construir una sociedad mejor. Nuestra sociedad ha cambiado y es diferente a la de 25 años atrás. La de hoy es más próspera, pero no necesariamente más integrada, a pesar de las políticas públicas que ha impulsado a través de todos estos años el Frente Amplio. Por ejemplo, la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido enormes impactos positivos en cómo vive la gente, pero al mismo tiempo ha generado fuertes cambios en el mundo laboral, en la educación y en la forma de relacionamiento.   En el mismo sentido, las expectativas de la población son más altas en todos los campos. Aspiraciones legítimas que es necesario atender, haciendo que los retos de la gestión sean más eficientes y más adecuados. En todas las materias, empleo vinculado a la matriz productiva, la seguridad, la educación, la vivienda y la salud, lo que se presentan son nuevos desafíos. Se ha hecho mucho, también se han cometidos errores,pero el rumbo ha sido el correcto y no ha dejado a nadie a la vera del camino. Nuestras banderas flamean y se mantienen en todos los compañeros y compañeras en todos los rincones del país y fuera de fronteras. Recordamos a aquellos que brindaron todo de sí por la causa y hoy lamentablemente no están entre nosotros. Nacimos hace 25 años en la disyuntiva de mantener un espacio político de izquierda, progresista y de cambio o sumarse al proyecto conservador de derecha y neoliberal. Esta es paradójicamente, la misma disyuntiva que se presenta en las próximas elecciones de noviembre al pueblo uruguayo. La diferencia es que ahora un triunfo de las opciones conservadoras traerá consigo retrocesos enormes; de un grado de gravedad, profundidad y amplitud que tendrá costos altísimos para las grandes mayorías. Ayer como hoy, el Nuevo Espacio levantará su palabra para defender a los más vulnerables. Así ha sido en estos cinco lustros y así serán los próximos años. En este nuevo aniversario, redoblar la tarea y la participación con alegría y entusiasmo, seguros de que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.  Un pasado de lucha, un presente de fe, un futuro de compromiso. Con la certeza que allí donde hay un compañero o compañera nuevoespacista, se defiende la justicia y la libertad: ¡Vale la pena seguir construyendo la esperanza!

https://www.uypress.net/auc.aspx?97776

https://www.republica.com.uy/a-25-anos-de-la-fundacion-del-nuevo-espacio-la-construccion-de-la-esperanza-id723197/

El caso Rabinovich ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El caso Rabinovich ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el caso Rabinovich trata sobre como remover obstáculos arbitrarios a la obtención de información para el ejercicio del periodismo y por ende para la información ciudadana.

El gobierno departamental de San José interpretó en el año 2006, erróneamente y contrario a derecho, que la Ley Orgánica Municipal permitía un secreto de las actuaciones administrativas sin justificación alguna.  Rabinovich llevó el asunto primero a los tribunales uruguayos y luego de la negativa de estos de obligar a dicho órgano público a informar, como correspondía, se presentó el asunto ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Petición 1224-07, alegando la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra la libertad de Pensamiento y de Expresión en particular la de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. El sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos es uno complejo que se basa desde el punto de vista normativo en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos en coordinación con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde el punto de vista orgánico coexisten con diversos cometidos la mencionada CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  Es generalmente conocido que, si existe una violación de derechos humanos en un país miembro de la OEA, es posible acudir a través del sistema de peticiones y quejas a la Comisión Interamericana, si fueron interpuestos y agotados los mecanismos internos para la protección del derecho vulnerado. Cumplidos los requisitos de admisibilidad, que son relativamente sencillos, la Comisión procede a través de un mecanismo de consulta con el Estado denunciado, a estudiar el fondo del asunto y posteriormente resolverde acuerdo a los fundamentos expresados entre el denunciante y el Estado y a las pruebas aportadas. Sin embargo, en el camino existe la posibilidad de que la CIDH promueva lo que se denomina una Solución Amistosa. Es decir, un acuerdo entre el denunciante y el Estado, que sin vulnerar las normas sustantivas del sistema puede llegar a finalizar la controversia. Tal situación es el caso de la en la que el denunciante, el periodista David Rabinovich y el Estado uruguayo acordaron en octubre de 2017, los términos para resolver el caso. Uruguay reconoció que se habían vulnerado los derechos del periodista y de la ciudadanía, pero que desde esa fecha había habido avances en el tema.  Asimismo, la Comisión Interamericana, el peticionante y el peticionado, acordaron difundir el acuerdo como parte de la solución. En este sentido la conferencia organizada por la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, en la sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. La presencia en nuestro país de la Presidenta y de una Comisionada de la CIDH, la panameña Dra. Esmeralda Arosemena de Troitiño y la chilena Dra. Antonia Urrejola respectivamente, resaltó el cumplimiento de esta parte del acuerdo. La sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. El acuerdo amistoso, Rabinovich y Uruguay, tiene importantes consecuencias. Por una parte, corrige la actuación del Estado en el sentido que hace una adecuada interpretación de las normas legales que posibilitan el acceso de la información a la opinión pública. Por otro pone a nuestro país en la correcta dirección de orientar la acción del Estado al cumplimiento de sus obligaciones y no de obstaculizarlos y en tercer lugar muestra que es posible trabajar con el sistema internacional en este caso el regional para mejorar la vigencia de los derechos humanos. El cambio de actitud es necesario subrayarlo. Había una época, incluso en democracia, que nuestro país se negaba a que sus actos y políticas públicas fueran objeto de escrutinio de los organismos de supervisión intergubernamentales. Más de una vez se escuchaba que a las democracias no se le ponen condiciones en la materia, como si pudiese concebirse un régimen democrático sin una cabal y plena vigencia de los derechos humanos. La actitud principista y consecuente de un trabajador de la prensa, reflejada en este caso, fue de vital importancia al momento que se legisló sobre el acceso a la información pública devenida en la Ley ° 18 381 de octubre de 2008. Hoy, el espíritu de cooperación y colaboración es la regla y no la excepción. Se refleja en la invitación abierta a todos los mecanismos de supervisión existentes y sin condiciones, en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, la presentación en tres oportunidades del Examen Periódico Universal más una voluntaria de medio tiempo en ese ámbito. Compromiso que se muestra en la defensa del sistema internacional de protección tanto el universal como el regional y la voluntad de Uruguay de cooperar en todo para la plena vigencia de los derechos humanos. También en la difusión de la solución amistosa en el caso Rabinovich. Por lo que hay que seguir atentos y vigilantes para una sociedad donde haya derechos y cada uno cumpla con sus deberes. En tanto están vigentes, muchas veces, no los valoramos adecuadamente, y cuando faltan, hay que trabajar mucho para restablecerlos.

https://www.uypress.net/auc.aspx?97534

https://www.republica.com.uy/el-caso-rabinovich-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-id721529/

El balance del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia

El balance del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia

https://espectador.com/aldia810/entrevistas/felipe-michelini-excavamos-el-85-del-area-cautelada-en-el-batallon-13

Foto: Pablo Vignali

Felipe Michelini: “Excavamos el 85% del área cautelada en el Batallón 13”

El coordinador del grupo de trabajo por Verdad y Justicia dijo que una vez finalizado el estudio en esa zona, se analizará, “con toda la información disponible”, ampliar la búsqueda en otros sectores del predio.

Si aplicáramos la jurispruedencia de la Suprema Corte uruguaya, a los criminales nazis los dejamos en la casa

Si aplicáramos la jurispruedencia de la Suprema Corte uruguaya, a los criminales nazis los dejamos en la casa


Si aplicáramos la jurisprudencia” de la Suprema Corte uruguaya, a los nazis los “dejamos en la casa”, dice Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, a quien le da “gusto a poco” el resultado de su trabajo

La Justicia “no se esfuerza” en resolver crímenes de la dictadura y el trato que da a los “asesinos de uniforme” es un “escándalo”

Semanario Búsqueda: 17 AL 24 DE JULIO DE 2019

Entrevista de Juan Pablo Mosteiro y Juan Pittaluga

A comienzos del segundo gobierno, Tabaré Vázquez designó a un grupo de personalidades para dirigir la búsqueda de los desaparecidos entre 1967 y 1985 y otra serie de cometidos detallados por decreto. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia quedó integrado por Ignacio Errandonea como representante de la organización de familiares de desaparecidos, la diputada oficialista Macarena Gelman, el exdiputado y exsubsecretario de Educación oficialista Felipe Michelini, y Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota en representación de diferentes expresiones religiosas presentes en la sociedad. Hoy solo quedan dos de los siete integrantes, Michelini y Sclofsky, y el primero, actual coordinador del grupo, dice haber quedado “con gusto a poco” con su labor, porque no pudo esclarecer ninguno de los 196 casos que investiga desde 2015.

Abogado especializado en derechos humanos y derecho internacional, Michelini echa las culpas a un “pacto mafioso de silencio” que involucra a militares y civiles, pero concentra las críticas en el Poder Judicial, al que acusa de ser demasiado “piedeletrista” y de “no esforzarse” en la búsqueda de desaparecidos, aceptando “todas las chicanas” de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Michelini con Búsqueda.

—¿Qué balance hace de la labor del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en estos cinco años?

—La iniciativa del presidente Tabaré Vázquez fue hacer un relanzamiento de una deuda que es de toda la sociedad uruguaya y es un compromiso que tiene que saldar el Estado uruguayo. Las novedades fueron la creación del grupo y de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En ese sentido, se ha podido avanzar mucho en el tema de acceso, digitalización y análisis de archivos, entre otras cosas el del Fusna (Fusileros Navales) que permitió ser significativo en la apelación del juicio del Plan Cóndor en Roma. Pero el balance es con gusto a poco, sin duda.

—¿Por qué “gusto a poco”?

—Porque no pudimos esclarecer la situación de los 196 casos de detenidos desaparecidos, aunque hemos tenido algunos puntos parciales pero importantes, como ubicar la detención y entrega ilegal de los ciudadanos argentinos Rafaela Filipazzi y José Potenza. Pero, ¿encontraste algún cuerpo? No. Me hubiera gustado entonces dar una respuesta a los 196 familiares de la lista de detenidos desaparecidos, de qué pasó y de poder entregarles un cuerpo. Gusto a poco porque me hubiera dado satisfacción dar más respuestas, pero no fue por falta de voluntad ni tampoco por falta de medios. Seguiremos buscando.

—De las siete personas que designó el presidente en 2015, solo quedan dos. ¿Hubo problemas de funcionamiento del grupo?

—Han habido defecciones por diversas razones, que no las ocultamos, pero es parte de una fragilidad que se suma a la fragilidad institucional. El profesor Mario Cayota fue designado embajador en Roma y contribuyó en Roma con los archivos del Vaticano. Ademar Olivera por razones de salud no podía continuar. El representante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos fue retirado por críticas de esa organización en relación al accionar del Poder Ejecutivo respecto a las Fuerzas Armadas. La situación de Susana Andrade se dio por las mismas razones. Y la de Macarena Gelman se dio en términos muy amigables.

—Pero también hubo críticas respecto a la politización interna, las diferentes estrategias, la inoperancia o la falta de agilidad del grupo.

—Las razones para las salidas de sus integrantes han sido varias y esas críticas no las escuché de quienes se fueron. El representante de Madres y Familiares se va, pero no por lo que el grupo hacía o dejaba de hacer, y Andrade se fue por esas mismas razones. La falta de agilidad con respecto a los crímenes es del país, con 20 años de impunidad.

—¿A qué se refiere?

—A que la reacción del Estado uruguayo en 1986, cuando el Poder Judicial finalmente podía actuar, fue de decir “espere un momento, no actúe”. Cuando tenía que actuar la Justicia, vino la impunidad. El mensaje durante 20 años fue que el tema no era trascendente, entonces cuando evalúo la gestión de este último tramo no me puedo olvidar de todo lo que viene atrás. El Estado no debió haber barrido bajo la alfombra y dejarse coaccionar por una patota asociada para delinquir que lo que ha hecho es cubrir sus espaldas bajo un pacto mafioso de silencio.

El Poder Judicial en estos procesos nunca dictaminó un allanamiento de las personas sometidas a juicio, ni siquiera las cita. Hay un Poder Judicial que no calibra adecuadamente la gravedad de estos hechos. Y yo lo entiendo porque esto es como la violencia familiar: a nadie le gusta saber que tu papá o tu hermano o tu mamá es una persona violenta. Denunciar eso, poder sobreponerse a eso es decir que las Fuerzas Armadas con la complicidad de los civiles actuaron como un ejército de ocupación. Cuando hay una denuncia de decenas de violaciones de hombres y mujeres, lo lógico es cerrar los ojos y mirar para el costado.

—¿Usted realmente cree que la mayor responsabilidad para la falta de aclaración de los casos es del Poder Judicial?

—El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia hizo todo lo posible, pero si el Poder Judicial acepta todas las chicanas de los abogados de los acusados… y paran los juicios y aceptan que hayan inconstitucionalidades en causas con varios acusados. La última fue que cuestionaron la existencia de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad porque eso prejuzgaba. Fíjense si eso lo aplicaran para el acusado de una rapiña que cuestionara el nuevo Código del Proceso Penal, a la Fiscalía; que le dijeran: “Usted se queda en su casa mientras resolvemos el caso”. ¡Sería un escándalo! Con los asesinos de uniforme ha habido esa atención. Allanamientos solo hubo el de José Gavazzo hace unos meses y el de un militar que había fallecido.

—Lo curioso es que desde el bando militar también se cuestiona a la Justicia.

—Porque las sentencias judiciales son objeto de controversia y discusión. Pero yo tengo muchos argumentos para sostener que lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia con su jurisprudencia ha sido minimizar estos hechos: minimizarlos, no proceder. No hay directivas claras para actuar y resolver el tema. Entonces realmente es un Poder Judicial piedeletrista y que ha puesto como lo más importante algunos elementos del derecho penal garantista que acá no se aplican.

La jurisprudencia internacional, la experiencia internacional, debería ser aplicada. Si encontráramos aquí a un acusado de crímenes nazis lo procesaríamos y lo extraditaríamos, pero si aplicáramos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este tema lo dejamos en la casa. Lo que digo es elemental. Para los criminales comunes no hubo leyes de caducidad, no les siguen pagando los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, no los siguen atendiendo en el hospital Militar.

—¿Qué piensa de la actuación de Presidencia en el trámite de los fallos del Tribunal de Honor militar que juzgó a Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente?

—Yo no tengo que hacer ningún juicio de eso, ya tuvo discusión parlamentaria. No me corresponde hablar de ese asunto. Lo que yo digo es que a la justicia se avanza por distintos caminos. Uno es a través del Poder Legislativo, que con dificultades removió escollos legales que había. Otro es el Poder Ejecutivo, que hizo su parte y ha intentado cumplir dando información a las víctimas y colaborando con los juzgados. Pero al Poder Judicial no lo veo que esté actuando.

Las herramientas que tiene el Estado para actuar no las ha usado. Si usted depende de los criminales para esclarecer cualquier delito, no va a esclarecer nunca un delito, más con estos criminales que se han aprovechado de la estructura del Estado. Me parece que no se ha esforzado el Estado uruguayo.

—¿Cuáles son esas “herramientas” que el Estado no ha usado?

—Lo que yo digo es que el Estado tiene mecanismos para actuar. Si nosotros consideramos que no es justo que el Estado se haya arrogado el derecho de secuestrar a 196 personas y eliminar sus rastros y además amparar a los perpetradores, deberían hacer algo. Si en vez de 196 personas fuesen 196 inmuebles estoy seguro de que habría una reacción, habría investigaciones administrativas… Yo identifico que hoy hay un Poder Judicial que no se esfuerza en el asunto.

—Usted habla de impunidad, de pactos de silencio, de carencias del Estado y de inacciones de la Justicia. Sin embargo, no dirige ninguna crítica a los gobiernos del Frente Amplio…

—La izquierda tiene sus contradicciones, un partido que representa al 50% de la sociedad tiene el 100% de las contradicciones en todos los temas. Pero desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo de intentar resolver el tema. Se siguió una lógica de decretos y se interpretó la normativa vigente de forma de permitir los juicios y las condenas, ya con algunos elementos adversos: el paso del tiempo y el pacto mafioso de silencio en los perpetradores, que fueron tratados como personas honorables, que no fueron tratados como delincuentes. Desde esa perspectiva es que se pudo recuperar la pretensión punitiva y se despejó el camino judicial con la aparición de cuatro cuerpos, entre ellos el de Julio Castro que era una figura reconocida en la sociedad uruguaya, y de alguna manera se abría la senda de la identificación de los cuerpos de detenidos desaparecidos.

Pero en definitiva nos encontramos que, una vez resuelto por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no ha actuado con la severidad que estos crímenes ameritan y los trata como delitos comunes y no como lo que todo el mundo sabe en el Uruguay, que fueron crímenes del Estado amparados hasta el día de hoy en el aparato estatal.

—Menciona que desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo en la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero un primer paso se dio en el gobierno de Jorge Batlle. ¿Para usted esa apertura no significó un quiebre en la búsqueda de justicia?

—No. La presencia en el gobierno de Jorge Batlle para mí es el acto simbólico de recibir a familiares de detenidos desaparecidos y de crear la Comisión para la Paz. A partir del lenguaje, demuestra claramente que la voluntad política era importante pero prudente, muy tímida, es un eufemismo para identificar a los detenidos desaparecidos. Fue una impronta importante, pero no un quiebre cualitativo. Lo cierto es que la llegada del Frente Amplio significó un cambio radical en materia de abordar el pasado reciente.

—Con el aval del Poder Ejecutivo usted impulsa ahora que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia tenga una nueva institucionalidad. ¿Qué se pretende?

—Lo que estamos planteando ahora es que la búsqueda de detenidos desaparecidos esté situada en una institución que tenga niveles de independencia con relación al Poder Ejecutivo. Estar bajo el paraguas del Poder Ejecutivo tiene beneficios, pero también inconvenientes, y nosotros creemos que hay que dar un paso cualitativo, salir de la lógica del decreto y pasar a asumir este cometido de búsqueda de detenidos desaparecidos desde otro lugar. Se necesita una ley para crear una entidad estatal por fuera del Poder Ejecutivo que permita, entre otras cosas, convocar a personas que tienen información relevante para que brinden testimonio y si no quieren venir lo tengan que hacer igual. Tendríamos un cometido explícito. Si se legisla habrá un mandato legal explícito y determinado en cómo continuar esto. Cuanto antes mejor.

—La idea es aprobar esa ley antes del 1º de marzo. ¿Le preocupa que un futuro gobierno no frenteamplista ponga freno a este trabajo?

—Ahora todo el mundo dice que la causa de los desaparecidos es sagrada, así que supongo que no es una mentira y nadie se opondrá a este claro mensaje político a través de una ley.

—¿Qué podría lograr esa nueva institución que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no pudo?

—Lo que se puede hacer es una investigación a fondo de los 196 casos y poder encontrar documentación como en el caso de Filipazzi y Potenza, que demostraba el involucramiento de militares uruguayos en el Plan Cóndor. Este tipo de delitos salen a flor mucho después. Los sobrevivientes del nazismo no querían contar y hablaron 20, 25 años después. Estas son personas que piensan que estuvo muy bien lo que hicieron, que no deberían tener ninguna punición legal o ética, que lo volverían a hacer y que deberían ser reconocidos como patriotas. Esa es su versión de los valores. Y ese pacto mafioso del silencio ha sido alentado: a muchos de los militares se los defendió en el Senado, se los ascendió, no hubo una depuración de las Fuerzas Armadas, se los valoró.

—¿Cree que esta institución podrá superar ese pacto mafioso? ¿No teme que pase el tiempo y se mueran quienes saben los secretos y se los lleven a la tumba?

—Sí, claro, por supuesto… Es una lucha contrarreloj, por eso hemos luchado tanto para que esto se pueda avanzar. Por eso creo que este impulso va en la buena dirección.

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