En el caso Rabinovich trata
sobre como remover obstáculos arbitrarios a la obtención de información
para el ejercicio del periodismo y por ende para la información
ciudadana.
El gobierno departamental de San José interpretó en el año 2006, erróneamente y contrario a derecho, que la Ley Orgánica Municipal permitía un secreto de las actuaciones administrativas sin justificación alguna. Rabinovich llevó el asunto primero a los tribunales uruguayos y luego de la negativa de estos de obligar a dicho órgano público a informar, como correspondía, se presentó el asunto ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Petición 1224-07, alegando la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra la libertad de Pensamiento y de Expresión en particular la de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. El sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos es uno complejo que se basa desde el punto de vista normativo en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos en coordinación con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde el punto de vista orgánico coexisten con diversos cometidos la mencionada CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es generalmente conocido que, si existe una violación de derechos humanos en un país miembro de la OEA, es posible acudir a través del sistema de peticiones y quejas a la Comisión Interamericana, si fueron interpuestos y agotados los mecanismos internos para la protección del derecho vulnerado. Cumplidos los requisitos de admisibilidad, que son relativamente sencillos, la Comisión procede a través de un mecanismo de consulta con el Estado denunciado, a estudiar el fondo del asunto y posteriormente resolverde acuerdo a los fundamentos expresados entre el denunciante y el Estado y a las pruebas aportadas. Sin embargo, en el camino existe la posibilidad de que la CIDH promueva lo que se denomina una Solución Amistosa. Es decir, un acuerdo entre el denunciante y el Estado, que sin vulnerar las normas sustantivas del sistema puede llegar a finalizar la controversia. Tal situación es el caso de la en la que el denunciante, el periodista David Rabinovich y el Estado uruguayo acordaron en octubre de 2017, los términos para resolver el caso. Uruguay reconoció que se habían vulnerado los derechos del periodista y de la ciudadanía, pero que desde esa fecha había habido avances en el tema. Asimismo, la Comisión Interamericana, el peticionante y el peticionado, acordaron difundir el acuerdo como parte de la solución. En este sentido la conferencia organizada por la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, en la sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. La presencia en nuestro país de la Presidenta y de una Comisionada de la CIDH, la panameña Dra. Esmeralda Arosemena de Troitiño y la chilena Dra. Antonia Urrejola respectivamente, resaltó el cumplimiento de esta parte del acuerdo. La sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. El acuerdo amistoso, Rabinovich y Uruguay, tiene importantes consecuencias. Por una parte, corrige la actuación del Estado en el sentido que hace una adecuada interpretación de las normas legales que posibilitan el acceso de la información a la opinión pública. Por otro pone a nuestro país en la correcta dirección de orientar la acción del Estado al cumplimiento de sus obligaciones y no de obstaculizarlos y en tercer lugar muestra que es posible trabajar con el sistema internacional en este caso el regional para mejorar la vigencia de los derechos humanos. El cambio de actitud es necesario subrayarlo. Había una época, incluso en democracia, que nuestro país se negaba a que sus actos y políticas públicas fueran objeto de escrutinio de los organismos de supervisión intergubernamentales. Más de una vez se escuchaba que a las democracias no se le ponen condiciones en la materia, como si pudiese concebirse un régimen democrático sin una cabal y plena vigencia de los derechos humanos. La actitud principista y consecuente de un trabajador de la prensa, reflejada en este caso, fue de vital importancia al momento que se legisló sobre el acceso a la información pública devenida en la Ley ° 18 381 de octubre de 2008. Hoy, el espíritu de cooperación y colaboración es la regla y no la excepción. Se refleja en la invitación abierta a todos los mecanismos de supervisión existentes y sin condiciones, en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, la presentación en tres oportunidades del Examen Periódico Universal más una voluntaria de medio tiempo en ese ámbito. Compromiso que se muestra en la defensa del sistema internacional de protección tanto el universal como el regional y la voluntad de Uruguay de cooperar en todo para la plena vigencia de los derechos humanos. También en la difusión de la solución amistosa en el caso Rabinovich. Por lo que hay que seguir atentos y vigilantes para una sociedad donde haya derechos y cada uno cumpla con sus deberes. En tanto están vigentes, muchas veces, no los valoramos adecuadamente, y cuando faltan, hay que trabajar mucho para restablecerlos.
El coordinador del grupo de trabajo por
Verdad y Justicia dijo que una vez finalizado el estudio en esa zona, se
analizará, “con toda la información disponible”, ampliar la búsqueda en
otros sectores del predio.
Si aplicáramos la jurispruedencia de la Suprema Corte uruguaya, a los criminales nazis los dejamos en la casa
Si aplicáramos la jurisprudencia” de la Suprema Corte uruguaya, a los nazis los “dejamos en la casa”, dice Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, a quien le da “gusto a poco” el resultado de su trabajo
La Justicia “no se esfuerza” en resolver crímenes de la dictadura y el trato que da a los “asesinos de uniforme” es un “escándalo”
Semanario Búsqueda: 17 AL 24 DE JULIO DE 2019
Entrevista de Juan Pablo Mosteiro y Juan Pittaluga
A comienzos del segundo gobierno,
Tabaré Vázquez designó a un grupo de personalidades para dirigir la
búsqueda de los desaparecidos entre 1967 y 1985 y otra serie de
cometidos detallados por decreto. El Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia quedó integrado por Ignacio Errandonea como representante de la
organización de familiares de desaparecidos, la diputada oficialista
Macarena Gelman, el exdiputado y exsubsecretario de Educación
oficialista Felipe Michelini, y Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar
Olivera y Mario Cayota en representación de diferentes expresiones
religiosas presentes en la sociedad. Hoy solo quedan dos de los siete
integrantes, Michelini y Sclofsky, y el primero, actual coordinador del
grupo, dice haber quedado “con gusto a poco” con su labor, porque no
pudo esclarecer ninguno de los 196 casos que investiga desde 2015.
Abogado especializado en derechos
humanos y derecho internacional, Michelini echa las culpas a un “pacto
mafioso de silencio” que involucra a militares y civiles, pero concentra
las críticas en el Poder Judicial, al que acusa de ser demasiado
“piedeletrista” y de “no esforzarse” en la búsqueda de desaparecidos,
aceptando “todas las chicanas” de los militares acusados por crímenes de
lesa humanidad.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Michelini con Búsqueda.
—¿Qué balance hace de la labor del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en estos cinco años?
—La iniciativa del presidente Tabaré Vázquez fue hacer un
relanzamiento de una deuda que es de toda la sociedad uruguaya y es un
compromiso que tiene que saldar el Estado uruguayo. Las novedades fueron
la creación del grupo y de una Fiscalía Especializada en Delitos de
Lesa Humanidad. En ese sentido, se ha podido avanzar mucho en el tema de
acceso, digitalización y análisis de archivos, entre otras cosas el del
Fusna (Fusileros Navales) que permitió ser significativo en la
apelación del juicio del Plan Cóndor en Roma. Pero el balance es con
gusto a poco, sin duda.
—¿Por qué “gusto a poco”?
—Porque no pudimos esclarecer la situación de los 196 casos de
detenidos desaparecidos, aunque hemos tenido algunos puntos parciales
pero importantes, como ubicar la detención y entrega ilegal de los
ciudadanos argentinos Rafaela Filipazzi y José Potenza. Pero,
¿encontraste algún cuerpo? No. Me hubiera gustado entonces dar una
respuesta a los 196 familiares de la lista de detenidos desaparecidos,
de qué pasó y de poder entregarles un cuerpo. Gusto a poco porque me
hubiera dado satisfacción dar más respuestas, pero no fue por falta de
voluntad ni tampoco por falta de medios. Seguiremos buscando.
—De las siete personas que designó el presidente en 2015, solo quedan dos. ¿Hubo problemasde funcionamiento del grupo?
—Han habido defecciones por diversas razones, que no las ocultamos,
pero es parte de una fragilidad que se suma a la fragilidad
institucional. El profesor Mario Cayota fue designado embajador en Roma y
contribuyó en Roma con los archivos del Vaticano. Ademar Olivera por
razones de salud no podía continuar. El representante de Madres y
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos fue retirado por
críticas de esa organización en relación al accionar del Poder Ejecutivo
respecto a las Fuerzas Armadas. La situación de Susana Andrade se dio
por las mismas razones. Y la de Macarena Gelman se dio en términos muy
amigables.
—Pero también hubo
críticas respecto a la politización interna, las diferentes
estrategias, la inoperancia o la falta de agilidad del grupo.
—Las razones para las salidas de sus integrantes han sido varias y
esas críticas no las escuché de quienes se fueron. El representante de
Madres y Familiares se va, pero no por lo que el grupo hacía o dejaba de
hacer, y Andrade se fue por esas mismas razones. La falta de agilidad
con respecto a los crímenes es del país, con 20 años de impunidad.
—¿A qué se refiere?
—A que la reacción del Estado uruguayo en 1986, cuando el Poder
Judicial finalmente podía actuar, fue de decir “espere un momento, no
actúe”. Cuando tenía que actuar la Justicia, vino la impunidad. El
mensaje durante 20 años fue que el tema no era trascendente, entonces
cuando evalúo la gestión de este último tramo no me puedo olvidar de
todo lo que viene atrás. El Estado no debió haber barrido bajo la
alfombra y dejarse coaccionar por una patota asociada para delinquir que
lo que ha hecho es cubrir sus espaldas bajo un pacto mafioso de
silencio.
El Poder Judicial en estos procesos nunca dictaminó un allanamiento
de las personas sometidas a juicio, ni siquiera las cita. Hay un Poder
Judicial que no calibra adecuadamente la gravedad de estos hechos. Y yo
lo entiendo porque esto es como la violencia familiar: a nadie le gusta
saber que tu papá o tu hermano o tu mamá es una persona violenta.
Denunciar eso, poder sobreponerse a eso es decir que las Fuerzas Armadas
con la complicidad de los civiles actuaron como un ejército de
ocupación. Cuando hay una denuncia de decenas de violaciones de hombres y
mujeres, lo lógico es cerrar los ojos y mirar para el costado.
—¿Usted realmente cree que la mayor responsabilidad para la falta de aclaración de los casos es del Poder Judicial?
—El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia hizo todo lo posible, pero
si el Poder Judicial acepta todas las chicanas de los abogados de los
acusados… y paran los juicios y aceptan que hayan inconstitucionalidades
en causas con varios acusados. La última fue que cuestionaron la
existencia de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad
porque eso prejuzgaba. Fíjense si eso lo aplicaran para el acusado de
una rapiña que cuestionara el nuevo Código del Proceso Penal, a la
Fiscalía; que le dijeran: “Usted se queda en su casa mientras resolvemos
el caso”. ¡Sería un escándalo! Con los asesinos de uniforme ha habido
esa atención. Allanamientos solo hubo el de José Gavazzo hace unos meses
y el de un militar que había fallecido.
—Lo curioso es que desde el bando militar también se cuestiona a la Justicia.
—Porque las sentencias judiciales son objeto de controversia y
discusión. Pero yo tengo muchos argumentos para sostener que lo que ha
hecho la Suprema Corte de Justicia con su jurisprudencia ha sido
minimizar estos hechos: minimizarlos, no proceder. No hay directivas
claras para actuar y resolver el tema. Entonces realmente es un Poder
Judicial piedeletrista y que ha puesto como lo más importante algunos
elementos del derecho penal garantista que acá no se aplican.
La jurisprudencia internacional, la experiencia internacional, debería ser aplicada. Si encontráramos aquí a un acusado de crímenes nazis lo procesaríamos y lo extraditaríamos, pero si aplicáramos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este tema lo dejamos en la casa. Lo que digo es elemental. Para los criminales comunes no hubo leyes de caducidad, no les siguen pagando los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, no los siguen atendiendo en el hospital Militar.
—¿Qué
piensa de la actuación de Presidencia en el trámite de los fallos del
Tribunal de Honor militar que juzgó a Gavazzo, Jorge Silveira y Luis
Maurente?
—Yo no tengo que hacer ningún juicio de eso, ya tuvo discusión
parlamentaria. No me corresponde hablar de ese asunto. Lo que yo digo es
que a la justicia se avanza por distintos caminos. Uno es a través del
Poder Legislativo, que con dificultades removió escollos legales que
había. Otro es el Poder Ejecutivo, que hizo su parte y ha intentado
cumplir dando información a las víctimas y colaborando con los juzgados.
Pero al Poder Judicial no lo veo que esté actuando.
Las herramientas que tiene el Estado para actuar no las ha usado. Si
usted depende de los criminales para esclarecer cualquier delito, no va a
esclarecer nunca un delito, más con estos criminales que se han
aprovechado de la estructura del Estado. Me parece que no se ha
esforzado el Estado uruguayo.
—¿Cuáles son esas “herramientas” que el Estado no ha usado?
—Lo que yo digo es que el Estado tiene mecanismos para actuar. Si
nosotros consideramos que no es justo que el Estado se haya arrogado el
derecho de secuestrar a 196 personas y eliminar sus rastros y además
amparar a los perpetradores, deberían hacer algo. Si en vez de 196
personas fuesen 196 inmuebles estoy seguro de que habría una reacción,
habría investigaciones administrativas… Yo identifico que hoy hay un
Poder Judicial que no se esfuerza en el asunto.
—Usted
habla de impunidad, de pactos de silencio, de carencias del Estado y de
inacciones de la Justicia. Sin embargo, no dirige ninguna crítica a los
gobiernos del Frente Amplio…
—La izquierda tiene sus contradicciones, un partido que representa al
50% de la sociedad tiene el 100% de las contradicciones en todos los
temas. Pero desde 2005 en adelante ha habido un cambio político
cualitativo de intentar resolver el tema. Se siguió una lógica de
decretos y se interpretó la normativa vigente de forma de permitir los
juicios y las condenas, ya con algunos elementos adversos: el paso del
tiempo y el pacto mafioso de silencio en los perpetradores, que fueron
tratados como personas honorables, que no fueron tratados como
delincuentes. Desde esa perspectiva es que se pudo recuperar la
pretensión punitiva y se despejó el camino judicial con la aparición de
cuatro cuerpos, entre ellos el de Julio Castro que era una figura
reconocida en la sociedad uruguaya, y de alguna manera se abría la senda
de la identificación de los cuerpos de detenidos desaparecidos.
Pero en definitiva nos encontramos que, una vez resuelto por el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no ha actuado con
la severidad que estos crímenes ameritan y los trata como delitos
comunes y no como lo que todo el mundo sabe en el Uruguay, que fueron
crímenes del Estado amparados hasta el día de hoy en el aparato estatal.
—Menciona
que desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo en
la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero un primer paso se dio en el
gobierno de Jorge Batlle. ¿Para usted esa apertura no significó un
quiebre en la búsqueda de justicia?
—No. La presencia en el gobierno de Jorge Batlle para mí es el acto
simbólico de recibir a familiares de detenidos desaparecidos y de crear
la Comisión para la Paz. A partir del lenguaje, demuestra claramente que
la voluntad política era importante pero prudente, muy tímida, es un
eufemismo para identificar a los detenidos desaparecidos. Fue una
impronta importante, pero no un quiebre cualitativo. Lo cierto es que la
llegada del Frente Amplio significó un cambio radical en materia de
abordar el pasado reciente.
—Con
el aval del Poder Ejecutivo usted impulsa ahora que el Grupo de Trabajo
por Verdad y Justicia tenga una nueva institucionalidad. ¿Qué se
pretende?
—Lo que estamos planteando ahora es que la búsqueda de detenidos
desaparecidos esté situada en una institución que tenga niveles de
independencia con relación al Poder Ejecutivo. Estar bajo el paraguas
del Poder Ejecutivo tiene beneficios, pero también inconvenientes, y
nosotros creemos que hay que dar un paso cualitativo, salir de la lógica
del decreto y pasar a asumir este cometido de búsqueda de detenidos
desaparecidos desde otro lugar. Se necesita una ley para crear una
entidad estatal por fuera del Poder Ejecutivo que permita, entre otras
cosas, convocar a personas que tienen información relevante para que
brinden testimonio y si no quieren venir lo tengan que hacer igual.
Tendríamos un cometido explícito. Si se legisla habrá un mandato legal
explícito y determinado en cómo continuar esto. Cuanto antes mejor.
—La
idea es aprobar esa ley antes del 1º de marzo. ¿Le preocupa que un
futuro gobierno no frenteamplista ponga freno a este trabajo?
—Ahora todo el mundo dice que la causa de los desaparecidos es
sagrada, así que supongo que no es una mentira y nadie se opondrá a este
claro mensaje político a través de una ley.
—¿Qué podría lograr esa nueva institución que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no pudo?
—Lo que se puede hacer es una investigación a fondo de los 196 casos y
poder encontrar documentación como en el caso de Filipazzi y Potenza,
que demostraba el involucramiento de militares uruguayos en el Plan
Cóndor. Este tipo de delitos salen a flor mucho después. Los
sobrevivientes del nazismo no querían contar y hablaron 20, 25 años
después. Estas son personas que piensan que estuvo muy bien lo que
hicieron, que no deberían tener ninguna punición legal o ética, que lo
volverían a hacer y que deberían ser reconocidos como patriotas. Esa es
su versión de los valores. Y ese pacto mafioso del silencio ha sido
alentado: a muchos de los militares se los defendió en el Senado, se los
ascendió, no hubo una depuración de las Fuerzas Armadas, se los valoró.
—¿Cree
que esta institución podrá superar ese pacto mafioso? ¿No teme que pase
el tiempo y se mueran quienes saben los secretos y se los lleven a la
tumba?
—Sí, claro, por supuesto… Es una lucha contrarreloj, por eso hemos luchado tanto para que esto se pueda avanzar. Por eso creo que este impulso va en la buena dirección.
El Canal Martín García es
un canal natural que se extiende por 106 kilómetros desde el Km 37 al
145.5 del Río de la Plata y es fundamental para el acceso al puerto de
Nueva Palmira. Al momento de su construcción, los gobiernos de
Argentina y Uruguay decidieron darle un diseño de profundidad a 32 pies
y una determinada solera, es decir el ancho del mismo, para garantizar
la utilización de los buques adecuados para ello.
La construcción del Canal y su mantenimiento estuvo hasta el año 2013 otorgado en concesión a una empresa holandesa, bajo la administración de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). No todos, salvo aquellos vinculados a la actividad fluvial y portuaria, saben de la importancia de pasar de una profundidad de 32 pies (9,75 mts) a 34 pies (10,36mts) en fondos blandos y a 38 pies con la remoción de fondos duros (11,58mts), como terminó de ocurrir este febrero pasado. La diferencia es simple: contar con un metro más de profundidad garantiza mayor carga y eliminar la roca significa más seguridad para los buques que utilizan el canal. La idea original era que el Canal Martín García alcanzase la misma profundidad del Canal Mitre que está bajo la administración exclusiva de la Argentina. Lo cierto es que hace muchos años que el Mitre ya estaba a 34 pies, dos más que el Martín García. Al haber igualado las profundidades de ambos canales, se cumplió un viejo anhelo de Uruguay de más de dos décadas que permite una mayor actividad en el Canal y en el Puerto de Nueva Palmira. En el año 2013 Argentina y Uruguay, a través de la CARP asumieron la gestión y administración directa del Canal Martín García. Así la CARP se encarga del balizamiento, la sustentabilidad ambiental, el control del tráfico, del cobro del peaje y la coordinación con las autoridades marítimas de ambos países. En el 2017 se optó por licitar a través de un llamado público internacional las obras de profundización y mantenimiento a 34 y 38 pies. El proceso se hizo a través de un llamado competitivo y transparente. Al mismo se presentaron las más importantes empresas de dragado del mundo, y fue realizado por primera vez con recursos técnicos propios. Ello implicó para ambos países un significativo ahorro de dinero, así como que ha permitido el desarrollo y acumulación de capacidades nacionales y binacionales en la materia. Así, las obras de profundización y mantenimiento del Canal, fueron adjudicadas bajo la premisa de mantener un equilibrio entre precio y calidad técnica, no habiendo sido objeto de impugnación alguna. Tras la firma del contrato en febrero de 2018, se dio inicio a las obras en abril del mismo año y la empresa adjudicataria, el Consorcio belga-holandés Boskalis International y Dredging International (CBDI), entregó un canal operativo el pasado mes de febrero de 2019. Finalizada la etapa I de profundización, se dio inicio a la etapa II de mantenimiento por cuatro años. La obra fue de enorme envergadura. Las tareas de dragado resultaron en 11.000.000 m3 de suelos extraídos y 91.000 m2 de roca removida. Durante las obras de profundización se movieron para facilitar las tareas de dragado 61 boyas y agregaron tres nuevas boyas en la zona de cruce. También, se ha revisado y publicado el Reglamento de uso y navegación del Canal Martín García (REMAGA) e informado a las autoridades marítimas y a todos los operadores del sistema, sobre las nuevas condiciones del Canal y trabajado coordinadamente para asegurar el cruce y franqueo seguro mientras se realizaron las operaciones de dragado. La licitación fue acompañada de un Programa de Gestión Ambiental, donde la CARP exigió y fue inflexible con el cumplimiento de los más altos estándares ambientales, en especial durante la etapa de remoción de los fondos duros. Para ello se realizó el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos, la gestión de residuos líquidos y sólidos de las embarcaciones y la observación y disuasión de fauna. Más allá de aspectos técnicos, la obra de dragado constituye un pilar estratégico para la integración y el desarrollo local, admitiendo una reducción de costos de flete y un aumento significativo de la competitividad. Ello es de por sí una herramienta de gran importancia para el comercio, facilitando la salida de la producción regional en condiciones más ventajosas. En definitiva, es un shock logístico que genera empleo y desarrollo productivo. El hecho no ha pasado desapercibido para las autoridades de gobierno de Argentina y Uruguay. El viernes 21 de junio pasado, se realizó en Buenos Aires una ceremoniaconmemorativa de la finalización del Canal Martín García, así como de las obras de dragado del Río Uruguay. Esta presentación se hizo en el Salón de Actos del Palacio San Martín con una concurrida presencia de altas autoridades, incluidos los Cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Jorge Faurie, equipos técnicos, actores y socios claves, vinculada a la obra y a la actividad fluvial de ambos países. Celebraciones aparte, el haber podido concretar las obras fue producto de acuerdos, que construyeron y fortalecieron relaciones de confianza y de conocimiento mutuo, no solo entre los delegados, y las cancillerías, sino entre sus equipos técnicos, así como el concurso de los Ministerios con vínculos específicos con el Canal como Relaciones Exteriores, Transporte y Obras Públicas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Defensa. Ha sido un camino de aprendizajes, consolidando una institucionalidad que permitirá luego de estos cuatro años realizar una nueva licitación y una mayor profundización si es lo que los países acuerdan, o la renovación del actual contrato para el mantenimiento del Canal, por cinco años más. A su vez, se han fortalecido las capacidades de gestión de la Comisión, en especial de la Subsede Coloniaque tiene a su cargo la recaudación del peaje y el control del tráfico de buques que navegan el Canal; así como las tareas de balizamiento y mantenimiento de la flota de embarcaciones para esta tarea, que garantizan la navegación segura. En otro orden pero con un idéntico sentido de colaboración, la CARP cumplió con las instrucciones dictadas por ambos cancilleres en mayo del año pasado, para realizar los estudios técnicos que permitirán demarcar la frontera terrestre en las Islas Martín García y Timoteo Domínguez. Una vez realizada, se podrá darle valor a la isla Timoteo Domínguez y seguramente será posible desarrollar en forma combinada proyectos de carácter turístico. Esto sin perjuicio de seguir optimizando el potencial de la sede de la CARP en la Isla Martín García, en la que se han desarrollado en este período reuniones de ministros, de parlamentarios de ambos países y visitas de estudio de la Armada Nacional, del Instituto Artigas del Servicio Exterior y de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Este largo proceso ha sido posible por el aprendizaje realizado tanto a nivel técnico, jurídico como político, que ha permitido la consolidación de capacidades de ambos países y el fortalecimiento de la Delegación del Uruguay ante la CARP y la CARP misma, para continuar la contribución al desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la soberanía sobre el Río de la Plata. Falta aún mucho por avanzar. Sin prisa, pero sin pausa, sin aspavientos ni avisos presuntuosos, con la convicción que la integración fluvial con la Argentina es una acción permanente.
El Poder Ejecutivo pretende consensos en el oficialismo para lograr en este período de gobierno la aprobación de una ley que brinde mayor seguridad e independencia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado para la búsqueda de información sobre detenidos desparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985)…… Búsqueda N°2028 – 11 al 16 de julio 2019
Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Foto: Pablo Vignali (archivo, diciembre de 2016)
“Empieza a haber un consenso sostenido de la necesidad de legislar” al respecto, dijo Felipe Michelini.
Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de
Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), se reunieron ayer con el
prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y con la bancada de
diputados del Frente Amplio (FA) para contar cómo han sido los casi
cinco años de trabajo del grupo.
Ayer, Michelini había comentado a la diaria que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que no sea el Poder Ejecutivo y que tenga “otro nivel de autonomía”. Tras el encuentro, contó que hubo una excelente recepción por parte de los legisladores y “un entendimiento …
Desde
el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia plantean que la búsqueda de
detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que
no sea el Poder Ejecutivo y por lo tanto que tenga otro nivel de
autonomía.
Así lo plantearon en la víspera en un
encuentro con el Prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo y la
bancada de diputados del Frente Amplio en el marco de los casi cinco
años de funcionamiento del grupo de trabajo.
En comunicación con
INFO24 Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia dijo que de esta forma se podría cumplir mejor la tarea de la
búsqueda de desaparecidos.
Michelini aseguró que hubo buena
recepción por parte de los legisladores quienes reconocieron que el tema
debería estar en agenda y adelantó que la próxima semana se reunirán
con la bancada de senadores del Frente Amplio para plantearles el
asunto.
