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Categoría: Entrevista

Si aplicáramos la jurispruedencia de la Suprema Corte uruguaya, a los criminales nazis los dejamos en la casa

Si aplicáramos la jurispruedencia de la Suprema Corte uruguaya, a los criminales nazis los dejamos en la casa


Si aplicáramos la jurisprudencia” de la Suprema Corte uruguaya, a los nazis los “dejamos en la casa”, dice Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, a quien le da “gusto a poco” el resultado de su trabajo

La Justicia “no se esfuerza” en resolver crímenes de la dictadura y el trato que da a los “asesinos de uniforme” es un “escándalo”

Semanario Búsqueda: 17 AL 24 DE JULIO DE 2019

Entrevista de Juan Pablo Mosteiro y Juan Pittaluga

A comienzos del segundo gobierno, Tabaré Vázquez designó a un grupo de personalidades para dirigir la búsqueda de los desaparecidos entre 1967 y 1985 y otra serie de cometidos detallados por decreto. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia quedó integrado por Ignacio Errandonea como representante de la organización de familiares de desaparecidos, la diputada oficialista Macarena Gelman, el exdiputado y exsubsecretario de Educación oficialista Felipe Michelini, y Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota en representación de diferentes expresiones religiosas presentes en la sociedad. Hoy solo quedan dos de los siete integrantes, Michelini y Sclofsky, y el primero, actual coordinador del grupo, dice haber quedado “con gusto a poco” con su labor, porque no pudo esclarecer ninguno de los 196 casos que investiga desde 2015.

Abogado especializado en derechos humanos y derecho internacional, Michelini echa las culpas a un “pacto mafioso de silencio” que involucra a militares y civiles, pero concentra las críticas en el Poder Judicial, al que acusa de ser demasiado “piedeletrista” y de “no esforzarse” en la búsqueda de desaparecidos, aceptando “todas las chicanas” de los militares acusados por crímenes de lesa humanidad.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Michelini con Búsqueda.

—¿Qué balance hace de la labor del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en estos cinco años?

—La iniciativa del presidente Tabaré Vázquez fue hacer un relanzamiento de una deuda que es de toda la sociedad uruguaya y es un compromiso que tiene que saldar el Estado uruguayo. Las novedades fueron la creación del grupo y de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En ese sentido, se ha podido avanzar mucho en el tema de acceso, digitalización y análisis de archivos, entre otras cosas el del Fusna (Fusileros Navales) que permitió ser significativo en la apelación del juicio del Plan Cóndor en Roma. Pero el balance es con gusto a poco, sin duda.

—¿Por qué “gusto a poco”?

—Porque no pudimos esclarecer la situación de los 196 casos de detenidos desaparecidos, aunque hemos tenido algunos puntos parciales pero importantes, como ubicar la detención y entrega ilegal de los ciudadanos argentinos Rafaela Filipazzi y José Potenza. Pero, ¿encontraste algún cuerpo? No. Me hubiera gustado entonces dar una respuesta a los 196 familiares de la lista de detenidos desaparecidos, de qué pasó y de poder entregarles un cuerpo. Gusto a poco porque me hubiera dado satisfacción dar más respuestas, pero no fue por falta de voluntad ni tampoco por falta de medios. Seguiremos buscando.

—De las siete personas que designó el presidente en 2015, solo quedan dos. ¿Hubo problemas de funcionamiento del grupo?

—Han habido defecciones por diversas razones, que no las ocultamos, pero es parte de una fragilidad que se suma a la fragilidad institucional. El profesor Mario Cayota fue designado embajador en Roma y contribuyó en Roma con los archivos del Vaticano. Ademar Olivera por razones de salud no podía continuar. El representante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos fue retirado por críticas de esa organización en relación al accionar del Poder Ejecutivo respecto a las Fuerzas Armadas. La situación de Susana Andrade se dio por las mismas razones. Y la de Macarena Gelman se dio en términos muy amigables.

—Pero también hubo críticas respecto a la politización interna, las diferentes estrategias, la inoperancia o la falta de agilidad del grupo.

—Las razones para las salidas de sus integrantes han sido varias y esas críticas no las escuché de quienes se fueron. El representante de Madres y Familiares se va, pero no por lo que el grupo hacía o dejaba de hacer, y Andrade se fue por esas mismas razones. La falta de agilidad con respecto a los crímenes es del país, con 20 años de impunidad.

—¿A qué se refiere?

—A que la reacción del Estado uruguayo en 1986, cuando el Poder Judicial finalmente podía actuar, fue de decir “espere un momento, no actúe”. Cuando tenía que actuar la Justicia, vino la impunidad. El mensaje durante 20 años fue que el tema no era trascendente, entonces cuando evalúo la gestión de este último tramo no me puedo olvidar de todo lo que viene atrás. El Estado no debió haber barrido bajo la alfombra y dejarse coaccionar por una patota asociada para delinquir que lo que ha hecho es cubrir sus espaldas bajo un pacto mafioso de silencio.

El Poder Judicial en estos procesos nunca dictaminó un allanamiento de las personas sometidas a juicio, ni siquiera las cita. Hay un Poder Judicial que no calibra adecuadamente la gravedad de estos hechos. Y yo lo entiendo porque esto es como la violencia familiar: a nadie le gusta saber que tu papá o tu hermano o tu mamá es una persona violenta. Denunciar eso, poder sobreponerse a eso es decir que las Fuerzas Armadas con la complicidad de los civiles actuaron como un ejército de ocupación. Cuando hay una denuncia de decenas de violaciones de hombres y mujeres, lo lógico es cerrar los ojos y mirar para el costado.

—¿Usted realmente cree que la mayor responsabilidad para la falta de aclaración de los casos es del Poder Judicial?

—El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia hizo todo lo posible, pero si el Poder Judicial acepta todas las chicanas de los abogados de los acusados… y paran los juicios y aceptan que hayan inconstitucionalidades en causas con varios acusados. La última fue que cuestionaron la existencia de una Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad porque eso prejuzgaba. Fíjense si eso lo aplicaran para el acusado de una rapiña que cuestionara el nuevo Código del Proceso Penal, a la Fiscalía; que le dijeran: “Usted se queda en su casa mientras resolvemos el caso”. ¡Sería un escándalo! Con los asesinos de uniforme ha habido esa atención. Allanamientos solo hubo el de José Gavazzo hace unos meses y el de un militar que había fallecido.

—Lo curioso es que desde el bando militar también se cuestiona a la Justicia.

—Porque las sentencias judiciales son objeto de controversia y discusión. Pero yo tengo muchos argumentos para sostener que lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia con su jurisprudencia ha sido minimizar estos hechos: minimizarlos, no proceder. No hay directivas claras para actuar y resolver el tema. Entonces realmente es un Poder Judicial piedeletrista y que ha puesto como lo más importante algunos elementos del derecho penal garantista que acá no se aplican.

La jurisprudencia internacional, la experiencia internacional, debería ser aplicada. Si encontráramos aquí a un acusado de crímenes nazis lo procesaríamos y lo extraditaríamos, pero si aplicáramos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este tema lo dejamos en la casa. Lo que digo es elemental. Para los criminales comunes no hubo leyes de caducidad, no les siguen pagando los sueldos, las jubilaciones, las pensiones, no los siguen atendiendo en el hospital Militar.

—¿Qué piensa de la actuación de Presidencia en el trámite de los fallos del Tribunal de Honor militar que juzgó a Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente?

—Yo no tengo que hacer ningún juicio de eso, ya tuvo discusión parlamentaria. No me corresponde hablar de ese asunto. Lo que yo digo es que a la justicia se avanza por distintos caminos. Uno es a través del Poder Legislativo, que con dificultades removió escollos legales que había. Otro es el Poder Ejecutivo, que hizo su parte y ha intentado cumplir dando información a las víctimas y colaborando con los juzgados. Pero al Poder Judicial no lo veo que esté actuando.

Las herramientas que tiene el Estado para actuar no las ha usado. Si usted depende de los criminales para esclarecer cualquier delito, no va a esclarecer nunca un delito, más con estos criminales que se han aprovechado de la estructura del Estado. Me parece que no se ha esforzado el Estado uruguayo.

—¿Cuáles son esas “herramientas” que el Estado no ha usado?

—Lo que yo digo es que el Estado tiene mecanismos para actuar. Si nosotros consideramos que no es justo que el Estado se haya arrogado el derecho de secuestrar a 196 personas y eliminar sus rastros y además amparar a los perpetradores, deberían hacer algo. Si en vez de 196 personas fuesen 196 inmuebles estoy seguro de que habría una reacción, habría investigaciones administrativas… Yo identifico que hoy hay un Poder Judicial que no se esfuerza en el asunto.

—Usted habla de impunidad, de pactos de silencio, de carencias del Estado y de inacciones de la Justicia. Sin embargo, no dirige ninguna crítica a los gobiernos del Frente Amplio…

—La izquierda tiene sus contradicciones, un partido que representa al 50% de la sociedad tiene el 100% de las contradicciones en todos los temas. Pero desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo de intentar resolver el tema. Se siguió una lógica de decretos y se interpretó la normativa vigente de forma de permitir los juicios y las condenas, ya con algunos elementos adversos: el paso del tiempo y el pacto mafioso de silencio en los perpetradores, que fueron tratados como personas honorables, que no fueron tratados como delincuentes. Desde esa perspectiva es que se pudo recuperar la pretensión punitiva y se despejó el camino judicial con la aparición de cuatro cuerpos, entre ellos el de Julio Castro que era una figura reconocida en la sociedad uruguaya, y de alguna manera se abría la senda de la identificación de los cuerpos de detenidos desaparecidos.

Pero en definitiva nos encontramos que, una vez resuelto por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no ha actuado con la severidad que estos crímenes ameritan y los trata como delitos comunes y no como lo que todo el mundo sabe en el Uruguay, que fueron crímenes del Estado amparados hasta el día de hoy en el aparato estatal.

—Menciona que desde 2005 en adelante ha habido un cambio político cualitativo en la búsqueda de detenidos desaparecidos, pero un primer paso se dio en el gobierno de Jorge Batlle. ¿Para usted esa apertura no significó un quiebre en la búsqueda de justicia?

—No. La presencia en el gobierno de Jorge Batlle para mí es el acto simbólico de recibir a familiares de detenidos desaparecidos y de crear la Comisión para la Paz. A partir del lenguaje, demuestra claramente que la voluntad política era importante pero prudente, muy tímida, es un eufemismo para identificar a los detenidos desaparecidos. Fue una impronta importante, pero no un quiebre cualitativo. Lo cierto es que la llegada del Frente Amplio significó un cambio radical en materia de abordar el pasado reciente.

—Con el aval del Poder Ejecutivo usted impulsa ahora que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia tenga una nueva institucionalidad. ¿Qué se pretende?

—Lo que estamos planteando ahora es que la búsqueda de detenidos desaparecidos esté situada en una institución que tenga niveles de independencia con relación al Poder Ejecutivo. Estar bajo el paraguas del Poder Ejecutivo tiene beneficios, pero también inconvenientes, y nosotros creemos que hay que dar un paso cualitativo, salir de la lógica del decreto y pasar a asumir este cometido de búsqueda de detenidos desaparecidos desde otro lugar. Se necesita una ley para crear una entidad estatal por fuera del Poder Ejecutivo que permita, entre otras cosas, convocar a personas que tienen información relevante para que brinden testimonio y si no quieren venir lo tengan que hacer igual. Tendríamos un cometido explícito. Si se legisla habrá un mandato legal explícito y determinado en cómo continuar esto. Cuanto antes mejor.

—La idea es aprobar esa ley antes del 1º de marzo. ¿Le preocupa que un futuro gobierno no frenteamplista ponga freno a este trabajo?

—Ahora todo el mundo dice que la causa de los desaparecidos es sagrada, así que supongo que no es una mentira y nadie se opondrá a este claro mensaje político a través de una ley.

—¿Qué podría lograr esa nueva institución que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia no pudo?

—Lo que se puede hacer es una investigación a fondo de los 196 casos y poder encontrar documentación como en el caso de Filipazzi y Potenza, que demostraba el involucramiento de militares uruguayos en el Plan Cóndor. Este tipo de delitos salen a flor mucho después. Los sobrevivientes del nazismo no querían contar y hablaron 20, 25 años después. Estas son personas que piensan que estuvo muy bien lo que hicieron, que no deberían tener ninguna punición legal o ética, que lo volverían a hacer y que deberían ser reconocidos como patriotas. Esa es su versión de los valores. Y ese pacto mafioso del silencio ha sido alentado: a muchos de los militares se los defendió en el Senado, se los ascendió, no hubo una depuración de las Fuerzas Armadas, se los valoró.

—¿Cree que esta institución podrá superar ese pacto mafioso? ¿No teme que pase el tiempo y se mueran quienes saben los secretos y se los lleven a la tumba?

—Sí, claro, por supuesto… Es una lucha contrarreloj, por eso hemos luchado tanto para que esto se pueda avanzar. Por eso creo que este impulso va en la buena dirección.

https://donde-estan.com/busqueda-un-reportaje-a-felipe-michelini/

Impulsan ley para la búsqueda de detenidos desaparecidos

Impulsan ley para la búsqueda de detenidos desaparecidos

El Poder Ejecutivo pretende consensos en el oficialismo para lograr en este período de gobierno la aprobación de una ley que brinde mayor seguridad e independencia al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado para la búsqueda de información sobre detenidos desparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985)…… Búsqueda N°2028 – 11 al 16 de julio 2019

https://www.busqueda.com.uy/nota/impulsan-ley-para-la-busqueda-de-detenidos-desaparecidos

Grupo por Verdad y Justicia impulsa nueva institucionalidad para la búsqueda de desaparecidos

Grupo por Verdad y Justicia impulsa nueva institucionalidad para la búsqueda de desaparecidos

Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Foto: Pablo Vignali (archivo, diciembre de 2016)

“Empieza a haber un consenso sostenido de la necesidad de legislar” al respecto, dijo Felipe Michelini.

Felipe Michelini y Pedro Sclofsky, integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), se reunieron ayer con el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, y con la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) para contar cómo han sido los casi cinco años de trabajo del grupo.

Ayer, Michelini había comentado a la diaria que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que no sea el Poder Ejecutivo y que tenga “otro nivel de autonomía”. Tras el encuentro, contó que hubo una excelente recepción por parte de los legisladores y “un entendimiento …

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/7/grupo-por-verdad-y-justicia-impulsa-nueva-institucionalidad-para-la-busqueda-de-desaparecidos/

Grupo por Verda y Justicia plantea búsqueda de desaparecidos este a cargo de una institución independiente del poder ejecutivo

Grupo por Verda y Justicia plantea búsqueda de desaparecidos este a cargo de una institución independiente del poder ejecutivo

Desde el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia plantean que la búsqueda de detenidos desaparecidos debe hacerse en el marco de una institución que no sea el Poder Ejecutivo y por lo tanto que tenga otro nivel de autonomía.

Así lo plantearon en la víspera en un encuentro con el Prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo y la bancada de diputados del Frente Amplio en el marco de los casi cinco años de funcionamiento del grupo de trabajo.

En comunicación con INFO24 Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia dijo que de esta forma se podría cumplir mejor la tarea de la búsqueda de desaparecidos.

Michelini aseguró que hubo buena recepción por parte de los legisladores quienes reconocieron que el tema debería estar en agenda y adelantó que la próxima semana se reunirán con la bancada de senadores del Frente Amplio para plantearles el asunto.


http://m24.com.uy/grupo-de-trabajo-por-verdad-y-justicia-plantea-que-busqueda-de-desaparecidos-este-a-cargo-de-una-institucion-independiente-del-poder-ejecutivo/

Derechos humanos: cumplir sin retroceder

Derechos humanos: cumplir sin retroceder


Se llevó a cabo el seminario “Impactos del Procedimiento de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el desarrollo normativo nacional de Uruguay”, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO en la UdelaR

Las representantes de ese organismo destacaron el valor de estos casos para avanzar en el cumplimiento de derechos en la región.

La actividad contó con la presencia de Felipe Michelini, coordinador de la Cátedra; Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República; Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Uruguay; Martín Sbrocca, representante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y peticionario en el caso 1224/07 David Rabinovich-Uruguay; Juan Faroppa, representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDH); y Dianela Pi, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Michelini indicó que este seminario concluye el ciclo «Relatores» realizado por la Cátedra para cumplir con los cometidos de su Plan Estratégico y desarrollar temas de interés que afectan la libertad, la igualdad, la educación en derechos humanos, y el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos. Además, agradeció especialmente la presencia de Belela Herrera que «tantas veces ha sido un faro en el camino de la lucha por la dignidad humana».

Al comenzar la moderación de la mesa, Villarreal destacó el posicionamiento de Uruguay en relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reconoció la importancia que tiene la Comisión para poder efectivizar los derechos humanos pero también para interpelarnos, «porque Uruguay a pesar de ser una democracia plena tiene zonas opacas, entre ellas los delitos de lesa humanidad y la impunidad».

Arosomena de Troitiño explicó que la solución amistosa es un mecanismo que se utiliza para alcanzar arreglos pacíficos, consensuados y no conflictivos o contenciosos. Se trata de un proceso que es facilitado por la Comisión porque constituye un medio eficaz para alcanzar una reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que está ajustada a sus intereses y a sus necesidades. Destacó la figura del relator de país que, respetando la voluntad de las partes y particularmente la posición de la víctima, promueve el uso de este mecanismo.

Entre los desafíos principales de su implementación está cómo poner en práctica o hacer efectivo lo acordado por las partes al finalizar el proceso. También siempre existe una «posibilidad real de desconfianza». Sin embargo, la Comisión procura actuar como facilitadora de este mecanismo como un espacio de diálogo, realiza una evaluación del daño causado y las posibles formas de reparación. Pero la comisionada indicó que «el proceso comienza, se desarrolla y finaliza estrictamente sobre la base de la voluntad de las partes».

Más que un trámite

Asimismo, la Comisión tiene la responsabilidad de hacer una valoración de los logros que efectivamente se alcanzan luego de establecido un acuerdo. Cuando se llega al cumplimiento total de las medidas acordadas, entonces concluye su papel de supervisar y finaliza el trámite ingresado en el sistema de peticiones y casos individuales.

A través de la solución amistosa puede llegarse a medidas de compensación económica y medidas de reparación o restitución del derecho afectado, por ejemplo, la libertad de la víctima, la derogación de determinadas leyes que son contrarias al estándar de protección establecido por la Comisión, la devolución de tierras, restitución de un empleo, entre otros. También pueden incluirse medidas de rehabilitación, cuyo objetivo es asistir a las víctimas en la recuperación de las afectaciones físicas, psicológicas, o condiciones de vida que fueron ocasionadas a raíz de los hechos violatorios.

La comisionada Urrejola expresó que con este mecanismo la CIDH «ha logrado generar un impacto en medidas de satisfacción en verdad, memoria y justicia». Estas medidas «están ligadas a la relación de la verdad como primer requisito para alcanzar la justicia y tienen un significado trascendental en la recuperación de la dignidad y la reputación de las víctimas».

Repasó varios casos significativos de procesos de solución amistosa, que llevaron a acciones de reparación, pero además sirvieron «para reforzar el compromiso estatal de no repetición de violaciones similares en el futuro». Como ejemplo mencionó el reconocimiento de responsabilidad, aceptación y disculpa pública por parte de los Estados, la búsqueda y entrega de restos de las víctimas de violación de derechos humanos, indemnizaciones, declaraciones oficiales que restablecen la honra y reputación de la víctima, apelación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables, u homenajes en honor a las víctimas. Medidas de este tipo se cumplieron en México, Ecuador, Perú, Colombia, entre otros países.

Nunca más

En procura de dar «garantías de no repetición» de violaciones similares, los Estados deben adoptar medidas a nivel jurídico, político, administrativo y cultural. Por eso estos casos pueden tener «consecuencias estructurales importantes», explicó. Como ejemplos destacó el caso Juan Carlos de la Torre de Argentina, tras el cual «el Estado argentino reformó completamente la Ley de Migraciones». Otro ejemplo notorio refiere a la omisión estatal en la protección a los menores en Maranhão, Brasil, ante la tortura, mutilación y asesinato sufridos por un grupo de niños. Además de asumir su responsabilidad y adoptar medidas de reparación, el Estado comenzó a capacitar a los policías en la atención a niños y adolescentes. Medidas similares a estas se tomaron en Chile: luego de la solución amistosa en un caso de violencia de género, esta temática se incorporó a la formación de los carabineros.

Con respecto a la Petición 1224/07 David Rabinovich-Uruguay, presentada ante la CIDH, Urrejola explicó que el peticionario reclamó su derecho a la información y libertad de expresión, afectados por la existencia en Uruguay de una ley incompatible con los estándares internacionales. La relatora afirmó que la Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha indicado que el derecho a la información no solamente es «fundamental para la preservación de los sistemas democráticos», sino también «para la realización de otros derechos humanos, especialmente en los grupos más vulnerados».

La CIDH sostiene que la gestión estatal de la información pública «debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe», de manera que la transparencia sea la regla general, salvo mínimas excepciones necesarias para el funcionamiento de los sistemas democráticos. La solución del caso uruguayo culminó con la firma de un acuerdo entre el Estado y Rabinovich, que además del reconocimiento de la responsabilidad estatal, obligó a una reparación y a la difusión amplia del caso «como medida de no repetición de los hechos». La realización del seminario cumple con ese mandato, apuntó Urrejola. A raíz de este caso, el Estado uruguayo promovió reformas legislativas tendientes a garantizar y hacer efectivo el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información pública.

Por su parte, Sbrocca se refirió brevemente al caso del periodista Carlos Dogliani, denunciado en 2004 por difamación a raíz de unas manifestaciones que realizó sobre el entonces intendente de Paysandú Álvaro Lamas. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Asociación de Prensa del Uruguay denunciaron el caso ante la CIDH y en 2009 se arribó a una solución amistosa. Según Sbrocca, esto «marcó un antes y un después» porque el Estado uruguayo reconoció los derechos del periodista que habían sido violados y aceptó abonar una indemnización económica, pero además se comprometió a modificar la Ley de Prensa y el Código Penal.

Jerarquías

Sobre el caso de David Rabinovich, explicó que en 2006 el periodista solicitó a la Junta Departamental de San José acceso a información relacionada a temas presupuestarios, pero ésta se lo negó. Presentó una acción de amparo ante la Justicia uruguaya que fue rechazada, y consecuentemente ingresó la petición ante la CIDH por la violación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a investigar y acceder a información.

Sbrocca hizo hincapié en el papel proactivo de la Comisión que «fue clave para que esto no naufragara, porque en varios momentos instó a continuar la negociación y trató que limáramos asperezas que todavía nos distanciaban». «Esto demuestra que es una vía muy útil y un mecanismo muy saludable que nos permite evitar tener que llegar a situaciones contenciosas que puedan derivar en la Corte Interamericana o en una condena», concluyó.

En su intervención Faroppa explicó que hace más de 25 años la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los llamados Principios de París, mandatando la creación de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos. Se concibieron como instituciones autónomas, independientes y pluralistas, encargadas de promover y defender los derechos humanos a nivel nacional. En Uruguay su instalación fue discutida y resistida durante muchos años, señaló, hasta que fue creada en 2008 y comenzó a funcionar efectivamente en 2012. Para ello fue fundamental el apoyo de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de algunos sectores de la academia.

Faroppa destacó que para el INDH resulta fundamental la vigencia de un Sistema Interamericano de Derechos Humanos «sólido y operativo» con amplia aceptación de los países. En la región «se presentan desafíos concretos que ponen en riesgo el principio de no regresividad de los derechos humanos», puntualizó. Como ejemplo señaló que en Uruguay se está promoviendo la derogación de la llamada Ley Trans, que ha significado «un paso importantísimo para consagrar el derecho a la igualdad y a la no discriminación». Hay sectores de la academia con posiciones distintas acerca de las normas internacionales, lamentó: para Faroppa «no se puede poner en duda» que su jerarquía es al menos constitucional. Es necesario entender que «lo peor que puede pasar con los derechos humanos es que se naturalicen, pensar que siempre estuvieron ahí, que desde siempre los Estados los reconocieron», concluyó.

Se presentaron más de 60 compromisos en educación en derechos humanos

El 28 de mayo se presentaron los Compromisos en Educación y Derechos Humanos para el período junio de 2019 a junio de 2020. Todos los ciudadanos pueden conocerlos y seguir su evolución a través de la plataforma en línea denominada Mirador. Los compromisos forman parte del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PNEDH) aprobado por el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP).

La presentación estuvo a a cargo de integrantes de la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos (CNEDH) y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). El PNEDH fue creado para ser implementado por las instituciones que integran el SNEP: el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (UdelaR) y la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), así como por otros organismos vinculados a la educación.

En representación de la UdelaR, el prorrector de Enseñanza Juan Cristina señaló que el tema de los derechos humanos es muy sentido para la institución y resaltó la importancia de la educación por ser la única condición capaz de «hacer la diferencia» porque «la educación es el único sistema que tenemos de que haya una apropiación social de los derechos humanos y su significado, sin educación los derechos humanos son simplemente una declaración formal».

El prorrector manifestó que por la importancia del tema la UdelaR no podía estar ausente del equipo que se formó con representantes de los distintos subsistemas de la educación pública. Añadió que la Universidad ha estado presente a lo largo de los años «en las grandes causas nacionales de la historia» y esta no ha sido la excepción. Para finalizar, agradeció la oportunidad de que las instituciones educativas públicas puedan «manifestar su compromiso legal con los derechos humanos» y resaltó este tema es «capital para el desarrollo de una ciudadanía plena que pueda hacer frente a los grandes desafíos que presenta el siglo XXI».

Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, resaltó la importancia del PNEDH: «la construcción del bienestar, de los procesos democráticos, tienen que ver con la construcción de los derechos» desde distintos lugares, «como un proceso efectivo y cotidiano».

Catalogó el momento actual como «dilemático» en lo que respecta a derechos humanos, ya que existe controversia acerca de porqué valen o no, y por qué todos los seres humanos del planeta debemos ser reconocidos como sujetos de estos derechos. En ese contexto señaló el valor de las acciones del PNEDH esperando que «se transformen en compromisos que busquen garantizar la construcción de la dignidad de las personas».

El secretario explicó que el proceso se planteó cuatro ejes fundamentales: uno es el compromiso operativo voluntario de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Otro de los ejes refiere a un mecanismo de monitoreo y seguimiento de las metas y acciones definidas por el compromiso de las instituciones para cuidar su efectivización. El tercero refiere a un mirador para garantizar el acceso público a una información veraz y el cuarto eje corresponde a las mesas de diálogo para desarrollar un proceso de participación de los ciudadanos en el proceso de construcción de Derechos.

Por su parte, la consejera de Utec Graciela Domato expresó que para definir su compromiso educativo y de derechos humanos, parte de la unión entre la postura de Uruguay en derechos humanos y los objetivos de desarrollo sustentable en los que se encuentra trabajando la Utec.

La preocupación central de esa institución en lo que refiere a la concreción de compromisos educativos es «priorizar la mejora continua de la calidad de la educación para posibilitar una mayor igualdad de oportunidades para un mayor desarrollo social y económico sustentable a nivel local, regional y nacional», señaló. Agregó que la Utec tiene por objetivo potenciar su rol descentralizador que permite, junto con la UdelaR, facilitar el acceso de los estudiantes del interior a una educación terciaria de calidad y extender este papel a todo el país. Otro de los objetivos de la Utec es realizar procesos que garanticen la descentralización como la acreditación de saberes, apoyo pedagógico estudiantil y trabajo en proyectos reales.

Domato remarcó que la Utec también está comprometida con la promoción de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, como uno de los medios más importantes para alcanzar mayores niveles de equidad y de reducción de las desigualdades de género.

En tanto, la directora de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Verónica Mazza, resaltó la importancia y el éxito del PNEDH «por el trabajo colectivo de largo tiempo que continúa en el presente en la forma de concretar los acuerdos alcanzados en el plan». Informó que ANEP junto con todos los subsistemas viene trabajando en propuestas específicas en la CNEDH, con el fin de que «los derechos sean hechos y que el plan atraviese a toda la trayectoria educativa de los estudiantes a través del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas». Añadió que este año el Sistema ha dado un paso más incluyendo en la protección de trayectorias a estudiantes de las poblaciones afro y trans.

La Ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz valoró la importancia del PNEDH y resaltó la necesidad de garantizar su concreción en las instituciones y en el pensamiento, valores y hábitos de sus actores.

Muñoz manifestó que «se ha avanzado muchísimo» en el tema derechos humanos. Señaló que si bien se han atendido los derechos de las personas en situación de discapacidad y sus posibilidades de acceso a lugares públicos y desplazamiento por la ciudad, «aún hay edificios de educación pública que hoy no cuentan con accesibilidad completa porque fueron pensados en un momento en el que no estaba reconocido este derecho y por eso es necesario seguir avanzando».

La ministra indicó la necesidad de que el PNEDH sea presentado por todas las instituciones que tienen la responsabilidad de educar. Asimismo, es necesario que estas instituciones «construyan en conjunto la responsabilidad de monitorear y hacer un seguimiento de lo que se entiende la mejor práctica educativa, para que los objetivos del plan sean puestos en práctica». Para la ministra si no hay monitoreo los planes muchas veces quedan en «buenas intenciones».

Representantes de la CNEDH y la SDH presentaron los compromisos. Fernando Willat, integrante del equipo técnico de la SDH explicó que el plan fue implementado porque «necesitamos una política pública para construir cultura en derechos humanos».

En este sentido, recordó una frase del sacerdote y activista por los derechos humanos Luis Perico Pérez Aguirre: «Todos hemos sido y seguimos siendo mal educados en derechos humanos». En referencia a esa expresión, Williat señaló que «de alguna manera hemos recibido una educación que no es la que nos construye una subjetividad del sujeto comprometido con la dignidad de todas las personas, para construirla es necesario abrirse a un encuentro con el otro desde las diferencias y a una construcción común, asumiendo la mirada y el sentimiento de aquellos que están en las situaciones más vulnerables».

Enfatizó que por eso el desafío que se tiene por delante «es enorme para construir una política pública y hacer un Estado garantista de los derechos humanos y en particular un Estado para educar en derechos humanos». Williat explicó que con el PNEDH se pretende construir estrategia nacional para educar en derechos humanos que defina planes de acción, y que tenga incorporado mecanismos de participación y acceso público a la información. Para poder concretar el plan, que se presentó en 2016, «se desarrolló un proceso participativo en todo el país y allí recogimos las opiniones de los actores de la educación sobre la educación que tenemos y que queremos tener».

En ese marco se comenzaron a pensar acciones conjuntas entre la comisión y la SDH «pasar de un documento de mirada estratégica a traducirlas en acciones», indicó. Hubo varios avances, pero desde la comisión consideraron que no eran suficientes y decidieron presentar un compromiso en el marco del Plan Nacional de Gobierno Abierto impulsado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC). Este compromiso consistía en «crear una convocatoria a la presentación de compromisos voluntarios de planes de acción de educación en derechos humanos que las instituciones ya estuvieran haciendo o se propusieran hacer».

Williat explicó que la articulación entre las instituciones «ha permitido potenciar las fortalezas y capacidades y evitar superponernos, así estamos concretando distintos proyectos interinstitucionales».

Macarena Gómez, representante del MEC en la comisión, presentó la sistematización de los 62 compromisos que se presentaron: 16 de organismos estatales, seis de la sociedad civil organizada, dos en articulación entre sociedad civil y el Estado y uno de un organismo intergubernamental. Señaló que esto es importante ya que «no solamente se presentaron instituciones cuyo fin es la educación, sino también otras con sectores o áreas que trabajan en educación en derechos humanos o que pretenden realizar acciones».

Gómez señaló que el 34,7% de los compromisos se enmarcaron en el objetivo 1 de plan que consiste en promover la cultura en derechos humanos, el 23,5% en el objetivo 2, que pretende una convivencia en clave de derechos humanos, mientras que el 24,7% en el objetivo 3 que involucra a los actores estratégicos y el 17,1% en el objetivo 4 que impulsa crear una institucionalidad en educación en derechos humanos. Muchos compromisos se enmarcaron en más de un objetivo.

Desde la CNEDH realizaron una interpretación de las categorías donde los compromisos quedaron comprendidos según temas específicos de derechos humanos: diversidad cultural y étnico-racial; género y diversidad sexual; perspectivas generacionales; memoria, verdad y justicia; ambiente y territorio; información y comunicación; discapacidad; contexto de encierro; salud mental y otros. En la categoría «otros» según explicó Goméz «quedaron comprendidos 15 compromisos que abarcan temas como políticas públicas con enfoque de derechos, transversalización del enfoque de derechos en prácticas y formación en educación en derechos humanos, por tanto tendremos que repensar esa categoría».

Estos compromisos quedaron registrados en una plataforma en la que se puede ver el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los planes de acción. Esta plataforma se llama Mirador y fue presentada por Darwin Barrios, representante de AGESIC, quien explicó que «es una herramienta de transparencia a través de la cual se busca aumentar la visibilidad en el proceso de cumplimiento de los planes de acción y le permite a la ciudadanía realizar un control social de los avances en los compromisos asumidos y cada una de las metas».

En el Mirador los 62 compromisos están sistematizados y disponibles para toda la ciudadanía, «esto permite que todo ciudadano pueda acceder en cualquier momento desde cualquier dispositivo y conocer el estado del compromiso con el cual se siente identificado» señaló Barrios. Agregó que «se podrán ver los avances y establecer un vínculo entre los organismos del Estado con la sociedad, acceder a mayor información y realizar consultas».

Para finalizar la presentación, Luján Criado, representante de la UdelaR, remarcó que con estas acciones se busca «darle continuidad al Plan hacia la institucionalidad y poder generar un cambio cultural». Señaló la importancia de la plataforma Mirador ya que «es un ejemplo de transparencia pública porque se le está mostrando a la ciudadanía lo que están haciendo, no sólo las instituciones educativas sino también el resto del Estado y la sociedad civil». Concluyó que «esto no termina acá, recién empieza», e invitó a las organizaciones e instituciones a seguir participando del PNEDH porque «vamos seguir recibiendo compromisos».

https://www.republica.com.uy/derechos-humanos-cumplir-sin-retroceder-id712543/

Diez años de mantenimiento del canal Martín García contribuirá a proyección económica de navieras, sostuvo Felipe Michelini

Diez años de mantenimiento del canal Martín García contribuirá a proyección económica de navieras, sostuvo Felipe Michelini

El titular de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Felipe Michelini, destacó que el proyecto de dragado y mantenimiento del canal Martín García aportó acumulación de conocimientos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros. El funcionario sostuvo, en una conferencia referida al canal Martín García, que su mantenimiento, asegurado por diez años, facilitará la proyección económica de los operadores.

Conferencia “Desafíos del puerto de Nueva Palmira con el canal Martín García a 34 pies de profundidad”

“Hoy podemos afirmar que está culminada la primera etapa de dragado del canal Martín García (que realizó el consorcio belga-holandés Boskalis-Dredging International), que comprendió la profundización a 34 pies (10,36 metros) en fondos blandos y 38 pies (11,58 metros) en fondos duros”, afirmó Michelini este viernes 3, en Montevideo, en el marco de la conferencia “Desafíos del puerto de Nueva Palmira con el canal Martín García a 34 pies de profundidad”.

Además de Michelini, expusieron el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Jorge Setelich, el director general de Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Amorín, el presidente de la delegación argentina de la CARP, Jorge Herrera Vegas, el gerente general de la Administración Nacional de Puertos, Alejandro Antonelli, y la integrante de la Secretaría General, Liliana Peirano.    

El contrato entre la CARP y el consorcio adjudicatario fue suscripto el 1.º de febrero de 2018, tras el llamado a licitación pública internacional para la profundización y mantenimiento del canal, por cinco años, prorrogables por un lapso similar. El canal tiene una extensión de 106 kilómetros, se localiza en aguas de uso común del Río de la Plata y se extiende desde la desembocadura del río Uruguay hasta su encuentro con el canal de acceso al puerto de Buenos Aires.  La obra demandó una inversión de 129 millones de dólares aportados con recursos propios de la CARP.

“Un plazo de diez años, nos parece un período importante para la proyección económica de los operadores del sector”, puntualizó. “Nos queda la opción de que si la relación con la empresa no va en buena dirección, podemos llamar a otra licitación internacional con las mismas características, transparente y competitiva”, añadió.        

La remoción de sedimentos y fondos duros permitirá que cada buque de los que navegan el canal pueda transportar 5.000 toneladas adicionales, lo que representa un ahorro de costos sustantivo para las compañías navieras.

Requisitos ambientales al máximo de las exigencias

Michelini sostuvo que el organismo binacional informó a todos los operadores de ambas márgenes la concreción de la obra, entre otras formalidades. “Ahora nuestro desafío es mantenerla en los próximos cuatro años”, aseveró.

El funcionario dijo que la delegación uruguaya propició cuatro presencias en el Parlamento nacional para informar a los legisladores de los partidos políticos allí representados sobre el proyecto, además de las jerarquías de la Cancillería y otros organismos estatales.

La segunda responsabilidad es que “el mantenimiento se tiene que realizar en el marco estricto del contrato suscripto con la empresa concesionaria, que ha cumplido muy bien con el contrato y que aporta un sentido cooperación entre las partes y de control, en el sentido de que ellos tienen que cumplir con que el canal se mantenga a esas profundidades”, señaló Michelini.

Un tercer aspecto, es que “el mantenimiento se desarrollará en el marco de las condiciones ambientales que garanticen la sustentabilidad del recurso hídrico y, en esta línea, esta licitación fue clave, porque establecimos requisitos ambientales al límite de las exigencias. Entendimos que no debíamos flexibilizar las condiciones”, observó.

El jerarca destacó que “el proyecto aportó una importante acumulación de conocimientos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros, que nos permite realizar convocatorias tan importantes, con solvencia y transparencia”.

“El marco jurídico que diseñamos permitiría que si las autoridades (nacionales de ambos países) entendieran que es necesario profundizar el canal (Martín García) a 36 pies (10,97 metros), se pueda realizar, aunque hoy no está en nuestro horizonte”, sostuvo Michelini.

https://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/conferencia-canal-martin-garcia-felipe-michelini-carp

Servicios hidrográficos y geográficos de Uruguay y Argentina trabajan en futura demarcación de islas Martín García y Timoteo Domínguez

Servicios hidrográficos y geográficos de Uruguay y Argentina trabajan en futura demarcación de islas Martín García y Timoteo Domínguez

La isla Martín García fue sede del segundo encuentro entre legisladores uruguayos y argentinos organizado por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). El titular del organismo binacional, Felipe Michelini, destacó que la iniciativa contribuye al fortalecimiento de vínculos políticos, jurídicos y diplomáticos y se refirió a los avances técnicos para la delimitación limítrofe entre esta ínsula y Timoteo Domínguez.

https://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/videos/uruguay_y_argentina_trabajan_en_demarcacion_islas_martin_garcia_y_timoteo_dominguez

Felipe Michelini: El grupo de trabajo por Verdad y Justicia «ya tiene un diseño que está agotado»

Felipe Michelini: El grupo de trabajo por Verdad y Justicia «ya tiene un diseño que está agotado»

Al asumir el gobierno en 2015, el presidente Tabaré Vázquez creó la llamada comisión Verdad y Justicia, a la que le encomendó la tarea de investigar y recolectar información respecto a los desaparecidos durante la dictadura militar.

La trascendencia pública del contenido de las actas del Tribunal de Honor Militar, que desató una crisis política y militar en las últimas semanas, lleva a preguntarse cómo continuará el trabajo de ahora en más en el marco de este grupo conformado durante este período de gobierno más allá de lo que la Justicia desde la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad está investigando.

Felipe Michelini, integrante de la comisión Verdad y Justicia, dijo a Así nos va que «hay una continuidad, con avances y retrocesos, del esclarecimiento de verdad, memoria y justicia».

El exdiputado del Frente Amplio consideró que el grupo de trabajo por Verdad y Justicia «ya tiene un diseño que está agotado» y señaló que de siete representantes que integraban la comisión en su origen actualmente se mantienen tres. «El nuevo gobierno – sea el que sea – va a tener que asumir el tema del pasado reciente, que es muy doloroso y los uruguayos no lo hemos podido resolver», sostuvo.

«No nos informaron, [sobre la documentación del Tribunal de Honor] la mantuvieron en el ámbito reservado del Ministerio de Defensa y eventualmente Presidencia de la República», dijo Michelini y acotó: «Cuando entendemos que hay necesidad de una documentación la solicitamos y generalmente tenemos acceso».

«Mi preocupación no es estar determinando las complicidades, mi preocupación es el esclarecimiento de los hechos», sostuvo el integrante de la comisión y agregó: «La búsqueda de responsables no los va a decidir el grupo de trabajo por Verdad y Justicia, lo va a decidir un juez».

Escuche la entrevista completa:

Africa: Making Sure ICC Victims Get Reparations, Assistance

Africa: Making Sure ICC Victims Get Reparations, Assistance

Guest column By Dr. Felipe Michelini, Chairman of the Board of Directors Trust Fund for Victims of the ICC

March started with for two important events for the Trust Fund for Victims (TFV) of the International Criminal court (ICC). This is good news for the victims of the most heinous crimes worldwide, such as genocide, against humanity, of war and aggression.

In 2018 the TFV received contributions from states, political parties and private donors of over €4 million. This means an increase of 37% from the previous year. It seems governments have understood the vital role of the TFV within the Rome Statute system to provide the opportunity for victims, survivors and relatives to recover their dignity.

As the press release from the TFV establishes, the contributions included installments of multi-annual unrestricted funding arrangements (the Netherlands, and Sweden), as well as multi-annual earmarked sexual and gender-based violence (SGBV) programmes (Finland), contributions designed for the Trust Fund’s reparations and/or assistance reserve (Ireland, Germany), as well as for specific awards (the Netherlands, Norway, and the United Kingdom).

The Trust Fund also received contributions from new or returning donors, including Austria, Denmark, Mali, New Zealand, Philippines, Slovakia, Slovenia, Spain, and Uruguay.  No doubt it was a good year due to the work of the Board of Directors and the Secretariat. However, It will be necessary to strengthen the capabilities of the TFV to reach private funding.

On the other hand, the recent ruling from the ICC Trial Chamber VIII on the reparations on the Al Mahdi case renews the hope of reparative justice. Al Mahdi was found guilty of war crimes after intentionally directing attacks against religious and historic buildings in Timbuktu, Mali, between June and July 2012. A jail sentence of nine years was ordered.

This latest ICC decision means more efficient proceedings to make the reparation aim of the system a reality. The ruling accepts the Updated Implementation Plan (UIP) submitted by the TFV on a broad number of issues, including collective compensations, protection of buildings, economic harm and symbolic reparations.

The TFV has to report periodically to the Trial Chamber VIII, but it has the flexibility to make sure to accomplish them within a three-year period.  This means that the TFV has to face the challenge to be strong, super active and pragmatic to fulfill the tasks it has committed to perform before the Trial Chamber and the victims.

Many non-Governmental Organizations (NGOs) have requested that the ICC have a more victim-centred approach. This decision moves the Hague court in that direction, and happily the TFV has played a relevant role. It has to be emphasised how the Draft Implementation Plan (DIP) and the UIP were handled, including close consultations with the Legal Representation of Victims.

Additionally, the TFV currently implements reparations awards in the cases of Lubanga and Katanga, and within the assistance mandate in Uganda and the Democratic Republic of the Congo. New assistance projects and activities are in development in Cote d’Ivoire, Central African Republic, Georgia, and Kenya.

In conclusion, these two events are positive steps to make the system work, but it will be necessary to try harder to show that the system really aims to punish the criminals and to protect the victims and survivors.