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El Ejecutivo quiere asignar a la INDDHH la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de su situación

El Ejecutivo quiere asignar a la INDDHH la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de su situación

Presentación del plan de trabajo del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ante organizaciones de derechos humanos. (archivo, marzo de 2016) Foto: Pablo Vignali

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A 25 años de la Fundación del Nuevo Espacio: la Construcción de la Esperanza

A 25 años de la Fundación del Nuevo Espacio: la Construcción de la Esperanza

Cinco lustros es mucho tiempo. El Nuevo Espacio celebra este mes de agosto su 25° aniversario. Festejo que como siempre y no podía ser de otra manera, significa redoblar su accionar político y ciudadano: militando y defendiendo sus ideas, movilizando y convocando a participar activamente en construir día a día, la felicidad de su pueblo. 25 años basados en la fuerza de las ideas y de la acción decidida, para construir la esperanza.

La política como arte en búsqueda para transformar la realidad acercándola a un ideal, no está exenta de decisiones y opciones.  Muchas son difíciles, otras involucran los afectos, pero todas ellas han estado animadas en construir una sociedad mejor y no quedarse tan sólo en el lugar calmo del espectador crítico. Una sociedad más igualitaria, más democrática, más libre, más transparente, basada en el trabajo que asegure la mejor calidad de vida a todos los uruguayos y uruguayas, se logra en base a la acción política que la dirige. Nuestra lucha ha sido intensa a haciendo flamear bien alto las banderas del Nuevo Espacio. Se podrá coincidir o discrepar, con las ideas que levantamos, pero no se puede decir que estas no sean explicitas. Al contrario, las presentamos ante la opinión pública,poniéndolas a consideración de la ciudadanía. Siempre desde la perspectiva que la política tiene que estar al servicio de la gente y que más allá de ideologías, la rectitud ética es un principio de la que no hay excusas para apartarse. En el tránsito del camino, hay quienes entendieron que otros horizontes los representaban mejor, pero en cambio, nos hemos encontrado y reencontrado con muchos otros que no estuvieron en la fundación inicial, y se sumaron a construir un destino mejor para los uruguayos. En el éxito o en el fracaso de nuestra capacidad de convencimiento al conjunto del pueblo, hemos participado todos estos años siempre con fe y esperanza en la acción ciudadana, en su capacidad de transformar la sociedad y de erradicar discriminaciones, privilegios e impunidades. En definitiva, de hacer valer la justicia y la libertad. El Nuevo Espacio ha sabido, bajo la conducción y liderazgo de Rafael Michelini, identificar las mejores opciones ante los distintos cruces de caminos en estos 25 años. Del acto de rebeldía y no temerle a la intemperie en 1994 cuando se nos proponía una alianza con la derecha, al concepto que la izquierda vota izquierda en el primer balotaje entre Jorge Batlle y Tabaré Vázquez en 1999, pasando por la construcción de la Nueva Mayoría en 2004 como forma de salir de la crisis y que dio la oportunidad de un gobierno progresista, a la decidida acción frentista, defendiendo a los gobiernos del Frente Amplio desde entonces. Desde nuestra perspectiva de socialismo democrático, a lo largo de estos años siempre hemos promovido la protección de los más vulnerables, la lucha contra la cultura de la impunidad y la búsqueda de la plena vigencia de los derechos humanos, asumiendo cada uno los deberes que corresponden. La igualdad de oportunidades y la defensa de la educación pública, así como la apuesta a la cultura del trabajo y la producción nacional. Todo ello en defensa de la paz y la oposición radical al uso ilegítimode la fuerza como forma de resolver los conflictos en el relacionamiento de los pueblos y naciones. Estas han sido la seña de identidad dentro y fuera del país, pues nuestra inserción dentro del Frente Amplio como de la Internacional Socialista, nunca ha sido impedimento para mantener nuestra independencia de criterio y nuestra voz aún en la discrepancia. La acción y pensamiento de la 99000 es también un homenaje, sin sectarismos ni prejuicios, a la trayectoria, acción y pensamiento de Zelmar Michelini en su defensa de los más humildes, y al mismo tiempo una convocatoria a las nuevas generaciones para sumarse a construir una sociedad mejor. Nuestra sociedad ha cambiado y es diferente a la de 25 años atrás. La de hoy es más próspera, pero no necesariamente más integrada, a pesar de las políticas públicas que ha impulsado a través de todos estos años el Frente Amplio. Por ejemplo, la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido enormes impactos positivos en cómo vive la gente, pero al mismo tiempo ha generado fuertes cambios en el mundo laboral, en la educación y en la forma de relacionamiento.   En el mismo sentido, las expectativas de la población son más altas en todos los campos. Aspiraciones legítimas que es necesario atender, haciendo que los retos de la gestión sean más eficientes y más adecuados. En todas las materias, empleo vinculado a la matriz productiva, la seguridad, la educación, la vivienda y la salud, lo que se presentan son nuevos desafíos. Se ha hecho mucho, también se han cometidos errores,pero el rumbo ha sido el correcto y no ha dejado a nadie a la vera del camino. Nuestras banderas flamean y se mantienen en todos los compañeros y compañeras en todos los rincones del país y fuera de fronteras. Recordamos a aquellos que brindaron todo de sí por la causa y hoy lamentablemente no están entre nosotros. Nacimos hace 25 años en la disyuntiva de mantener un espacio político de izquierda, progresista y de cambio o sumarse al proyecto conservador de derecha y neoliberal. Esta es paradójicamente, la misma disyuntiva que se presenta en las próximas elecciones de noviembre al pueblo uruguayo. La diferencia es que ahora un triunfo de las opciones conservadoras traerá consigo retrocesos enormes; de un grado de gravedad, profundidad y amplitud que tendrá costos altísimos para las grandes mayorías. Ayer como hoy, el Nuevo Espacio levantará su palabra para defender a los más vulnerables. Así ha sido en estos cinco lustros y así serán los próximos años. En este nuevo aniversario, redoblar la tarea y la participación con alegría y entusiasmo, seguros de que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.  Un pasado de lucha, un presente de fe, un futuro de compromiso. Con la certeza que allí donde hay un compañero o compañera nuevoespacista, se defiende la justicia y la libertad: ¡Vale la pena seguir construyendo la esperanza!

https://www.uypress.net/auc.aspx?97776

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El caso Rabinovich ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El caso Rabinovich ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el caso Rabinovich trata sobre como remover obstáculos arbitrarios a la obtención de información para el ejercicio del periodismo y por ende para la información ciudadana.

El gobierno departamental de San José interpretó en el año 2006, erróneamente y contrario a derecho, que la Ley Orgánica Municipal permitía un secreto de las actuaciones administrativas sin justificación alguna.  Rabinovich llevó el asunto primero a los tribunales uruguayos y luego de la negativa de estos de obligar a dicho órgano público a informar, como correspondía, se presentó el asunto ante laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Petición 1224-07, alegando la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra la libertad de Pensamiento y de Expresión en particular la de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. El sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos es uno complejo que se basa desde el punto de vista normativo en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos en coordinación con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Desde el punto de vista orgánico coexisten con diversos cometidos la mencionada CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  Es generalmente conocido que, si existe una violación de derechos humanos en un país miembro de la OEA, es posible acudir a través del sistema de peticiones y quejas a la Comisión Interamericana, si fueron interpuestos y agotados los mecanismos internos para la protección del derecho vulnerado. Cumplidos los requisitos de admisibilidad, que son relativamente sencillos, la Comisión procede a través de un mecanismo de consulta con el Estado denunciado, a estudiar el fondo del asunto y posteriormente resolverde acuerdo a los fundamentos expresados entre el denunciante y el Estado y a las pruebas aportadas. Sin embargo, en el camino existe la posibilidad de que la CIDH promueva lo que se denomina una Solución Amistosa. Es decir, un acuerdo entre el denunciante y el Estado, que sin vulnerar las normas sustantivas del sistema puede llegar a finalizar la controversia. Tal situación es el caso de la en la que el denunciante, el periodista David Rabinovich y el Estado uruguayo acordaron en octubre de 2017, los términos para resolver el caso. Uruguay reconoció que se habían vulnerado los derechos del periodista y de la ciudadanía, pero que desde esa fecha había habido avances en el tema.  Asimismo, la Comisión Interamericana, el peticionante y el peticionado, acordaron difundir el acuerdo como parte de la solución. En este sentido la conferencia organizada por la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, en la sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. La presencia en nuestro país de la Presidenta y de una Comisionada de la CIDH, la panameña Dra. Esmeralda Arosemena de Troitiño y la chilena Dra. Antonia Urrejola respectivamente, resaltó el cumplimiento de esta parte del acuerdo. La sala Maggiolo de la UDELAR, fue un espacio singular para la presentación del acuerdo. El acuerdo amistoso, Rabinovich y Uruguay, tiene importantes consecuencias. Por una parte, corrige la actuación del Estado en el sentido que hace una adecuada interpretación de las normas legales que posibilitan el acceso de la información a la opinión pública. Por otro pone a nuestro país en la correcta dirección de orientar la acción del Estado al cumplimiento de sus obligaciones y no de obstaculizarlos y en tercer lugar muestra que es posible trabajar con el sistema internacional en este caso el regional para mejorar la vigencia de los derechos humanos. El cambio de actitud es necesario subrayarlo. Había una época, incluso en democracia, que nuestro país se negaba a que sus actos y políticas públicas fueran objeto de escrutinio de los organismos de supervisión intergubernamentales. Más de una vez se escuchaba que a las democracias no se le ponen condiciones en la materia, como si pudiese concebirse un régimen democrático sin una cabal y plena vigencia de los derechos humanos. La actitud principista y consecuente de un trabajador de la prensa, reflejada en este caso, fue de vital importancia al momento que se legisló sobre el acceso a la información pública devenida en la Ley ° 18 381 de octubre de 2008. Hoy, el espíritu de cooperación y colaboración es la regla y no la excepción. Se refleja en la invitación abierta a todos los mecanismos de supervisión existentes y sin condiciones, en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, la presentación en tres oportunidades del Examen Periódico Universal más una voluntaria de medio tiempo en ese ámbito. Compromiso que se muestra en la defensa del sistema internacional de protección tanto el universal como el regional y la voluntad de Uruguay de cooperar en todo para la plena vigencia de los derechos humanos. También en la difusión de la solución amistosa en el caso Rabinovich. Por lo que hay que seguir atentos y vigilantes para una sociedad donde haya derechos y cada uno cumpla con sus deberes. En tanto están vigentes, muchas veces, no los valoramos adecuadamente, y cuando faltan, hay que trabajar mucho para restablecerlos.

https://www.uypress.net/auc.aspx?97534

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Argentina – Uruguay: la integración fluvial una acción permanente

Argentina – Uruguay: la integración fluvial una acción permanente

El Canal Martín García es un canal natural que se extiende por 106 kilómetros desde el Km 37 al 145.5 del Río de la Plata y es fundamental para el acceso al puerto de Nueva Palmira. Al momento de su construcción, los gobiernos de Argentina y Uruguay decidieron darle un diseño de profundidad a 32 pies y una determinada solera, es decir el ancho del mismo, para garantizar la utilización de los buques adecuados para ello.

La construcción del Canal y su mantenimiento estuvo hasta el año 2013 otorgado en concesión a una empresa holandesa, bajo la administración de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).   No todos, salvo aquellos vinculados a la actividad fluvial y portuaria, saben de la importancia de pasar de una profundidad de 32 pies (9,75 mts) a 34 pies (10,36mts) en fondos blandos y a 38 pies con la remoción de fondos duros (11,58mts), como terminó de ocurrir este febrero pasado. La diferencia es simple: contar con un metro más de profundidad garantiza mayor carga y eliminar la roca significa más seguridad para los buques que utilizan el canal.   La idea original era que el Canal Martín García alcanzase la misma profundidad del Canal Mitre que está bajo la administración exclusiva de la Argentina. Lo cierto es que hace muchos años que el Mitre ya estaba a 34 pies, dos más que el Martín García.  Al haber igualado las profundidades de ambos canales, se cumplió un viejo anhelo de Uruguay de más de dos décadas que permite una mayor actividad en el Canal y en el Puerto de Nueva Palmira.    En el año 2013 Argentina y Uruguay, a través de la CARP asumieron la gestión y administración directa del Canal Martín García. Así la CARP se encarga del balizamiento, la sustentabilidad ambiental, el control del tráfico, del cobro del peaje y la coordinación con las autoridades marítimas de ambos países.  En el 2017 se optó por licitar a través de un llamado público internacional las obras de profundización y mantenimiento a 34 y 38 pies.   El proceso se hizo a través de un llamado competitivo y transparente. Al mismo se presentaron las más importantes empresas de dragado del mundo, y fue realizado por primera vez con recursos técnicos propios. Ello implicó para ambos países un significativo ahorro de dinero, así como que ha permitido el desarrollo y acumulación de capacidades nacionales y binacionales en la materia.   Así, las obras de profundización y mantenimiento del Canal, fueron adjudicadas bajo la premisa de mantener un equilibrio entre precio y calidad técnica, no habiendo sido objeto de impugnación alguna. Tras la firma del contrato en febrero de 2018, se dio inicio a las obras en abril del mismo año y la empresa adjudicataria, el Consorcio belga-holandés Boskalis International y Dredging International (CBDI), entregó un canal operativo el pasado mes de febrero de 2019. Finalizada la etapa I de profundización, se dio inicio a la etapa II de mantenimiento por cuatro años.   La obra fue de enorme envergadura. Las tareas de dragado resultaron en 11.000.000 m3 de suelos extraídos y 91.000 m2 de roca removida. Durante las obras de profundización se movieron para facilitar las tareas de dragado 61 boyas y agregaron tres nuevas boyas en la zona de cruce. También, se ha revisado y publicado el Reglamento de uso y navegación del Canal Martín García (REMAGA) e informado a las autoridades marítimas y a todos los operadores del sistema, sobre las nuevas condiciones del Canal y trabajado coordinadamente para asegurar el cruce y franqueo seguro mientras se realizaron las operaciones de dragado. La licitación fue acompañada de un Programa de Gestión Ambiental, donde la CARP exigió y fue inflexible con el cumplimiento de los más altos estándares ambientales, en especial durante la etapa de remoción de los fondos duros. Para ello se realizó el monitoreo de calidad de aguas y sedimentos, la gestión de residuos líquidos y sólidos de las embarcaciones y la observación y disuasión de fauna.   Más allá de aspectos técnicos, la obra de dragado constituye un pilar estratégico para la integración y el desarrollo local, admitiendo una reducción de costos de flete y un aumento significativo de la competitividad. Ello es de por sí una herramienta de gran importancia para el comercio, facilitando la salida de la producción regional en condiciones más ventajosas. En definitiva, es un shock logístico que genera empleo y desarrollo productivo.    El hecho no ha pasado desapercibido para las autoridades de gobierno de Argentina y Uruguay. El viernes 21 de junio pasado, se realizó en Buenos Aires una ceremoniaconmemorativa de la finalización del Canal Martín García, así como de las obras de dragado del Río Uruguay. Esta presentación se hizo en el Salón de Actos del Palacio San Martín con una concurrida presencia de altas autoridades, incluidos los Cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Jorge Faurie, equipos técnicos, actores y socios claves, vinculada a la obra y a la actividad fluvial de ambos países.   Celebraciones aparte, el haber podido concretar las obras fue producto de acuerdos, que construyeron y fortalecieron relaciones de confianza y de conocimiento mutuo, no solo entre los delegados, y las cancillerías, sino entre sus equipos técnicos, así como el concurso de los Ministerios con vínculos específicos con el Canal como Relaciones Exteriores, Transporte y Obras Públicas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Defensa. Ha sido un camino de aprendizajes, consolidando una institucionalidad que permitirá luego de estos cuatro años realizar una nueva licitación y una mayor profundización si es lo que los países acuerdan, o la renovación del actual contrato para el mantenimiento del Canal, por cinco años más.   A su vez, se han fortalecido las capacidades de gestión de la Comisión, en especial de la Subsede Coloniaque tiene a su cargo la recaudación del peaje y el control del tráfico de buques que navegan el Canal; así como las tareas de balizamiento y mantenimiento de la flota de embarcaciones para esta tarea, que garantizan la navegación segura.   En otro orden pero con un idéntico sentido de colaboración, la CARP cumplió con las instrucciones dictadas por ambos cancilleres en mayo del año pasado, para realizar los estudios técnicos que permitirán demarcar la frontera terrestre en las Islas Martín García y Timoteo Domínguez. Una vez realizada, se podrá darle valor a la isla Timoteo Domínguez y seguramente será posible desarrollar en forma combinada proyectos de carácter turístico.    Esto sin perjuicio de seguir optimizando el potencial de la sede de la CARP en la Isla Martín García, en la que se han desarrollado en este período reuniones de ministros, de parlamentarios de ambos países y visitas de estudio de la Armada Nacional, del Instituto Artigas del Servicio Exterior y de la Universidad del Trabajo del Uruguay.   Este largo proceso ha sido posible por el aprendizaje realizado tanto a nivel técnico, jurídico como político, que ha permitido la consolidación de capacidades de ambos países y el fortalecimiento de la Delegación del Uruguay ante la CARP y la CARP misma, para continuar la contribución al desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la soberanía sobre el Río de la Plata.   Falta aún mucho por avanzar. Sin prisa, pero sin pausa, sin aspavientos ni avisos presuntuosos, con la convicción que la integración fluvial con la Argentina es una acción permanente. 

https://www.uypress.net/auc.aspx?97233

« La lutte contre l’impunité et en faveur de la protection des victimes n’est possible qu’au sein d’un monde multilatéral »

« La lutte contre l’impunité et en faveur de la protection des victimes n’est possible qu’au sein d’un monde multilatéral »

Felipe Michelini, président du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, dénonce, dans une tribune au « Monde », l’actuelle hostilité des Etats-Unis envers cette juridiction créée en 1998…..

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/30/la-lutte-contre-l-impunite-et-en-faveur-de-la-protection-des-victimes-n-est-possible-qu-au-sein-d-un-monde-multilateral_5469535_3232.html

Diario “Le Monde”, 30 de mayo 2019

El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente

El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente

EL SISTEMA DE JUSTICIA: UNA REFORMA ESTRUCTURAL PENDIENTE

Felipe Michelini

16.11.2018

La elección nacional será dentro de un año. A pesar que la opinión pública y los medios de comunicación concentran su atención en quienes serán los precandidatos en cada partido político, en las elecciones internas a realizarse en los primeros meses del año próximo, la instancia más importante es la elección nacional y no las internas. Todos los partidos están definiendo sus programas para la presentación de sus propuestas a la ciudadanía.

En perspectiva, en lo que a mí respecta, no tengo dudas: mi deseo es ser partícipe del triunfo en octubre que permita un cuarto gobierno del Frente Amplio. Más allá de quienes integren la fórmula presidencial.

No quiere decir que se haya hecho todo bien, ni que todo este perfecto. Falta mucho aún para continuar avanzando  hacia una sociedad que brinde más y mejores posibilidades y calidad de vida a todos los uruguayos. En el camino recorrido, seguro se han cometido errores.

El Frente Amplio en el gobierno ha corregido los problemas de gestión allí donde los identifico, sin duda habrá que trabajar más aún en como identificar problemas y resolverlos en tiempo y forma, pero no se ha sido insensible a los hechos y la crítica.

Hechas estas aclaraciones, el balance es más que positivo y justifica ampliamente que el Frente Amplio asuma la responsabilidad de un nuevo gobierno.

Hagamos un poco de memoria. La construcción de la nueva mayoría en el 2004 que una vez en el gobierno, logró sacar al país del estancamiento social, económico y anímico en el cual se encontraba luego de la crisis más importante de nuestra historia. Toda comparación sincera en cuanto a como estábamos en el 2004 y como estamos ahora en el 2018, no puede dejar de reconocer que todos los índices sociales y económicos han mejorado sustancialmente. Por lo que me siento como miles de frenteamplistas profundamente orgullosos de lo construido hasta ahora en el cumplimiento de las promesas realizadas.

Reconocer que es necesario trabajar mucho para darle solución a situaciones complejas donde se identifican problemas como la educación, la seguridad, la vivienda, la salud, la matriz productiva, el trabajo de calidad y el medio ambiente entre otros. Algunos de los problemas es producto de los aciertos de las políticas públicas desarrolladas, como por ejemplo en educación que hay familias que tienen por primera vez miembros de sus familias en educación secundaria o universitaria.

Este balance de corregir errores y lo que se ha hecho mal, hacerlo bien y comprender que los desafíos de hoy no son los del 2015, no puede llevarnos a renunciar al compromiso que se tiene frente al pueblo uruguayo: el de construir y consolidar una sociedad basada en el trabajo productivo nacional, con el pleno respeto de las libertades y derechos de todos, asumiendo en su caso, los deberes de cada uno hacia la sociedad en la que vivimos.

Aclaraciones realizadas, vayamos al programa del Frente Amplio. Este lo definirá en su próximo Congreso dentro de pocos días, el primer fin de semana de diciembre. El debate interno se ha sintetizado en un documento borrador “Propuesta Bases Programáticas 2020/2025” como base de discusión que contemplan cinco desafíos esenciales: Desarrollo; Igualdad y Diversidad; Integración e Inclusión; Democracia y como último Inserción Regional, Internacional y Soberanía.

Una vez aprobados por el Congreso, estos serán los compromisos que como frenteamplistas cumpliremos los próximos cinco años en caso que el voto popular nos otorgue la honrosa distinción de ser una vez más el partido político más votado y por ende asumir con la responsabilidad ineludible e irrenunciable, de conducir los destinos del país.

Se trata de hacer política desde los sentimientos y el corazón, pero también desde las ideas y la razón, para hacer del Uruguay, una sociedad más justa, no solo en lo material sino también en la forma de relacionarnos como individuos integrantes de una sociedad civilizada.

El respeto al sistema jurídico y a sus normas, al Estado de Derecho, así como los derechos de las personas, la previsibilidad en el cumplimiento de los contratos, la transparencia y probidad en la gestión del estado y en particular del Poder Judicial, la seguridad jurídica, son todos intangibles valiosísimos para el desarrollo de un país, más aún para uno pequeño como el nuestro.  Por lo tanto, en clave de desarrollo es fundamental comprender la importancia que el sistema de justicia tiene en este tema y no sólo como un garante de los derechos humanos.

A su vez, el sistema de justicia es parte esencial en el concepto de democracia. El papel en el que ubicamos la justicia, habla de que tipo de sociedad queremos. Asumir como un desafío programático que todos los ciudadanos sin distinción ni discriminación, puedan ejercer sus derechos, así como cumplir con los deberes, en un marco de respeto a las personas y a las instituciones es central para la vida de la República.

Todos iguales ante la ley: ni privilegios ni tampoco impunidades, provengan de las normas o de los hechos. Un sistema jurídico que promueva, respete y garantice que toda persona será tratada en igualdad de condiciones. Si ocurre un caso de un conflicto con otras personas o con el Estado, este se resolverá bajo las normas jurídicas prestablecidas y ante una administración de justicia independiente, imparcial y en un tiempo razonable.

Este objetivo, sencillo en su formulación, es por cierto de compleja resolución.  La realidad nos indica que pecaríamos de ingenuos, si se cree que la solución sería de un día para otro. Sin embargo, si queremos realizarlo, entendiéndola como una reforma estructural, debe asumirse en algún momento, comenzarla.

El progresismo expresado en el Frente, ha entendido correctamente que la independencia del Poder Judicial como Poder del Estado y a la interna de la corporación, la de sus magistrados, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Pero si ello es fundamental, no es suficiente y el Estado a fin de garantizar el derecho a la justicia, tiene que hacer mucho más que proclamar retóricamente, tal independencia.

En ese sentido, es necesario y fundamental comprender que los factores culturales son esenciales para poder avanzar en la idea de todos iguales y el pleno ejercicio de derechos como cumplimiento de deberes. El Poder Judicial y sus magistrados, así como los integrantes del Ministerio Público tan relevantes con el nuevo Código Penal, no son inmunes a las contradicciones y complejidades de la sociedad en la que vivimos y están insertos.

Proclamar la independencia del Poder Judicial, sin una acción decidida para que una justicia de calidad sea accesible a todos por igual y que por ende la defensa de derechos no dependa del dinero o las relaciones sociales, es en definitiva aceptar las inequidades existentes. En nuestra sociedad muy a nuestro pesar y de las políticas públicas para cambiarlo, el poder económico y social permea también al sistema de justicia y generalmente beneficia a los más poderosos.  Por lo tanto, es fundamental incorporar en el programa del Frente Amplio una definición programática que integre, desde esta perspectiva, el cambio que el sistema de justicia necesita.

En esa transformación, obviamente es necesario integrar y promover un adecuado intercambio y respetando la autonomía y libertad de cátedra, con las facultades de Derecho, en particular la de la Universidad de la República, donde se enseña a los operadores del derecho del futuro, como se interpreta y aplica el sistema jurídico. Si ello no se hace, probablemente se seguirá autorreproduciendo una concepción tradicional del derecho como garantizador exclusivo del statu quo.

Por otra parte es necesario, generar condiciones para comprender los fenómenos sociales tan complejos en los que el derecho actúa, así poder tener un conjunto de datos fundamentales para la construcción de una política pública en materia de justicia que responda a los desafíos que un gobierno para las grandes mayorías se plantea. Esa información probablemente se encuentre ya disponible, y en otros casos habrá que construirla, pero es evidente que ninguna política pública se puede diseñar, ejecutar y posteriormente evaluar si no hay una información específica sobre la realidad en la que se quiera aplicar.

Asimismo, se debería repensar el diseño institucional en el que se definen los objetivos de la política de la justicia en el país. Tenemos, lamentablemente el peor Ministerio de Justicia imaginable: invisibilizado, oculto y disperso en diversos organismos del Estado, por lo que imposibilita cualquier proceso de liderazgo posible, así como su control y a su vez promueve y consolida el status quo.

La creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podría ser una iniciativa que permita en el marco de las competencias del Poder Ejecutivo, generar un interlocutor que lleve adelante una política pública de justicia y Derechos Humanos, identificando necesidades, optimizando y mejorando los recursos humanos y materiales para que la justicia sea efectiva y realizable en plazos razonables, con todas las garantías de un Estado de Derecho.

No se trata de producir más burocracias, aumentar gastos o controlar al Poder Judicial. Este debe mantenerse en el ejercicio del cumplimiento de sus cometidos asignados constitucionalmente, que es de dictar justicia, no generar la política de la justicia. Dejar las cosas como están en el diseño institucional que heredamos de los gobiernos de los partidos  tradicionales post dictadura, es seguir pensando que puede haber política económica o política de salud sin ministerios especializados en dichas áreas. A nadie se le ocurría tremendo disparate, pero si se acepta que la política de la justicia, sea llevada adelante en forma oculta. La única razón es que este diseño institucional, beneficia a los sectores que promueven el statu quo.

Si a esta propuesta repasamos, reafirmamos y fortalecemos las competencias y formas de acción de la Institución Nacional de Derechos Humanos – Defensoría del Pueblo, tendremos una institucionalidad más adecuada a los desafíos para concretar la plena vigencia de los derechos humanos en el marco de una sociedad democrática

Muchas veces se piensa que una situación no puede empeorar, pero lamentablemente esa no es necesariamente la regla. La sociedad global del Siglo XXI con los fenómenos de profundización de la globalización, tanto en sus efectos positivos como negativos, ubica al derecho en un cruce de caminos de difícil resolución. En ese sentido debería agregarse al análisis, de cómo nos preparamos para la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia.

No solo son los fenómenos transnacionales como el crimen organizado, la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas y drogas, las que debilitan los estados nacionales y el concepto de soberanía.

Los casos contra Uruguay, como el de Philip Morris más allá que nos felicitamos por su resolución, como el acontecido a Luis Suarez en el 2014 en la copa del Mundo, por mencionar tan solo dos, deberían ser un gran llamado de atención a los ataques de un Estado soberano por las grandes compañías transnacionales. Estas no dudan en ejercer su particular criterio de justicia y cuestionar los poderes de los estados con tal de aumentar sus niveles de ganancia o disciplinar a los díscolos, sea a expensas de la salud de un pueblo entero o la de intereses oscuros.

No hay dudas que el Frente Amplio necesita proponerle a la ciudadanía un programa que permita gobernar y seguir transformando en beneficio de las grandes mayorías nacionales como hasta ahora, sin que nadie quede a la vera del camino. Es necesario apelar sin duda, a todos los logros realizados que han sido enormes y decisivos para que el Uruguay sea considerado una de las sociedades más igualitarias en el continente americano y que los frenteamplistas nos sentimos tan orgullosos.

Es esencial ganar un próximo gobierno para profundizar los cambios y apostar una vez más que el Uruguay sea un buen lugar para vivir hoy nosotros y los sea para las futuras generaciones. Pero para ello necesitamos un programa cuyo objetivo sea establecer un salto de calidad en temas centrales como la educación, la vivienda, la matriz productiva, el trabajo, la seguridad ciudadana y el medio ambiente. En esa lista debería también estar incluida la justicia, sin impunidades ni privilegios.

 

https://www.uypress.net/auc.aspx?91594

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