Entrevistado en Rompkzas, Felipe Michelini habló sobre los obstáculos que ha enfrentado el Grupo de Trabajo sobre Verdad y Justicia, del que es coordinador, que ha sufrido varias deserciones en los últimos tiempos.
De los siete integrantes que, a principios de este gobierno, fueron nombrados para integrar el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, solo quedan tres.
Así lo informaba este viernes una nota del semanario Brecha sobre el ámbito creado por decreto por Tabaré Vázquez, que se ha ido desmembrando al aumentar los obstáculos que ya venía enfrentando para cumplir con su labor.
Ante este panorama y la posibilidad de que, a partir de 2020 pueda ser eliminado por el nuevo gobierno de turno, se apuesta a la creación de un marco legal en el que puedan basarse las tareas que tiene el grupo como cometido.
“No hay que perder la referencia para lo cual este grupo fue creado”, dijo en Rompkbzas su coordinador, Felipe Michelini, en relación al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1968 y 1985, donde “pasaron cosas que nunca debieron pasar”, dijo.
Michelini remarcó que el grupo apuntaba a esclarecer las torturas, asesinatos, abusos y encarcelamientos luego de 20 años de impunidad que, ya recuperada la democracia, fue instaurada por la sanción de la ley de Caducidad.
“Los 200 desaparecidos siguen estando allí, las miles de víctimas de la tortura siguen estando allí”, afirmó. “La idea de que esto se resolverá cuando mueran todos no funciona”, dijo.
Michelini ratificó que el grupo tiene todo el apoyo del presidente y el gobierno para reencausar su trabajo, aunque señaló la existencia de dos obstáculos.
Uno, dijo, es el propio paso del tiempo. El otro, el pacto mafioso de silencio de los que “investidos del poder del Estado, se confabularon para cometer las más grandes atrocidades”.
Según sostuvo, uno de elementos que provocaron la salida de Madres y Familiares fue, si se quiere, una cuestión de eficiencia. La información, originada en el comadante en Jefe del Ejército, de que en una chacra de la fuerza había enterramientos. Lamentablemente, recordó, los trabajos no encontraron nada.
“Si se lee atentamente, la carta de Familiares no es una crítica al grupo, es una crítica a la línea discursiva del comandante en Jefe”, afirmó.
Michelini también se refirió a la visión “retrógrada” de la Suprema Corte de Justicia, que “ha legalizado la tortura y los crímenes de lesa humanidad a través de la interpretación del sistema normativo vigente”.
Es por eso que llamó a la elaboración de un nuevo marco legal para el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que establezca claramente sus cometidos y una ubicación institucional explícita para lograr así una política duradera.
El Ocaso
El grupo estaba conformado por siete personas de diversos organismos que, en el momento de su creación, fueron Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota. El decreto también indicaba que la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia, sería el soporte funcional y administrativo del grupo, que pasaría a definir sus planes de trabajo.
Brecha apuntaba que hoy solo quedan tres: Gelman, Sclofsky y Michelini, su coordinador. En 2017 Cayota, que era el representante de la Iglesia Católica, fue designado por el presidente Vázquez como embajador en el Vaticano. Si bien en el Gtvj consideran relevante que Cayota esté investigando los archivos que allí se encuentran, a los que no es nada sencillo acceder, no deja de ser un integrante menos en el trabajo diario. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se retiró del grupo en febrero, “por la falta de decisión política respecto de las Fuerzas Armadas”.
El detonante fue la falsa ubicación de un enterramiento que entregó el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Familiares desconocía la fuente del comandante y no tuvo la posibilidad de chequear esa información antes de comenzar las excavaciones, que no arrojaron nada revelador. Antes de que comenzase el trabajo de campo, Familiares solicitó a Vázquez una reunión, pero nunca lograron ser recibidos directamente por él. En diálogo con Brecha, Michelini también hizo referencia a la ausencia de hallazgos tras la excavación en La Montañesa y en una chacra en la zona de Pajas Blancas: “Excavar se puede excavar, es caro pero se puede hacer. Ahora, si no se tiene la investigación previa necesaria, se excavará todo el país pero no se va a encontrar nada”.
A estas bajas se le sumó hace dos meses la de la diputada por la lista 711 Susana Andrade. Estaba en el grupo en representación de Mundo Afro, pero se retiró con el apoyo de su sector político, también por las declaraciones de Manini Ríos, “que no contribuyen a cuidar y a consolidar la democracia alcanzada con el sacrificio de tantos compatriotas”. En su carta de renuncia también mencionó el rol de la cancillería en el juicio por el Plan Cóndor en Roma, en el cual, asegura, “hemos hecho todo para perder, se trabajó tarde, a destiempo, se cambió la estrategia jurídica, acompañado de otras negligencias”. La carta concluía que la responsabilidad es del gobierno: “debe ser contundente”, y no puede “ser tibio frente al terrorismo de Estado”. Por una situación personal, también Olivera, que integraba el grupo en representación de la Iglesia Metodista, debió alejarse.